El costo total de asignación y derechos anuales del espectro en México supera ampliamente los estándares internacionales. Según el extinto IFT (2023), el espectro asignado para prestar servicios móviles (ponderado por población y por proporciones de la Ley Federal de Derechos) presentan una sobrevaluación de 76%, siendo el costo de los derechos la principal razón, pues superan 90% del costo total de las bandas. Esta carga significativa para los operadores, especialmente para aquellos que no son preponderantes, limita su capacidad de inversión y expansión de infraestructura. De acuerdo con una estimación del IFT (2023), tan sólo el costo de los derechos representa 5% de los ingresos del Agente Económico Preponderante contra 11% de los ingresos de AT&T. La GSMA (2022) destaca que, de haberse registrado, entre 2010 y 2022, un escenario de precios del espectro similares a los globales habría 5 millones de mexicanos adicionales con cobertura 4G y los usuarios contarían con descargas de datos un 30% más rápidas. La industria, la academia, y organizaciones civiles han promovido propuestas para reducir, eximir o eliminar cargas fiscales que encarecen la adopción y uso de la conectividad, entre ellas las cuotas de espectro. Esta línea de acción de política pública podría dar mayor viabilidad al mandato constitucional de acceso universal a internet. Esta situación ha tenido repercusiones en el mercado: algunas empresas han decidido devolver bloques de espectro y ha habido licitaciones con segmentos desiertos. Más allá de la pérdida recaudatoria para el Estado, lo relevante es que se han limitado las oportunidades para que más jugadores desplieguen infraestructura y compitan en igualdad de condiciones. La gestión eficiente del espectro, combinada con precios justos, es clave para acelerar la adopción tecnológica y promover mercados competitivos. El diagnóstico es claro: mantener un régimen de altos costos frena la adopción de servicios 4G y 5G. La posibilidad de otorgar descuentos a operadores que cumplan con compromisos de cobertura, como lo maraca la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones, es un paso en la dirección correcta, pero insuficiente. Sería muy positivo que la recién creada Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), presidida por Norma Solano, impulse de manera clara una reducción en el costo del espectro de la mano de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Se tiene la oportunidad de enviar una señal contundente que motive mayor inversión en infraestructura, fomente la competencia y permita que el espectro se traduzca en mejores servicios para los usuarios. |
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