Hora de la Verdad para la Competencia en Telecomunicaciones

 

by Gonzalo Rojon

Desde hace años, la conversación sobre competencia en telecomunicaciones en México gira en torno a un diagnóstico conocido: alta concentración de mercado, pocos jugadores con peso real y una regulación que, aunque bien intencionada, no ha logrado nivelar la cancha.

Hoy, con la iniciativa de Ley Federal Antimonopolio y de Competencia Económica, presentada a mediados de febrero en la Cámara de Diputados, tenemos la oportunidad de romper ese ciclo y avanzar hacia un mercado más justo, dinámico y, sobre todo, competitivo.

No solo se plantean medidas correctivas más severas, sino que propone cambiar la arquitectura institucional que regula la competencia.

La creación de la Agencia Nacional para la Competencia y el Bienestar Económico es el eje central de este esfuerzo. Concentrará facultades hoy dispersas, reduciendo trámites, evitando duplicidades y, sobre todo, garantizando que haya una autoridad con dientes para vigilar y sancionar de manera efectiva.

Dentro de ella , la Fiscalía Antimonopolio, con autonomía técnica y capacidades ampliadas para acompañar denuncias ciudadanas (no sólo de las empresas o el gobierno), promete agilizar las investigaciones y cerrar espacios a las tácticas dilatorias que históricamente han frenado el combate contra los monopolios y las prácticas monopólicas. Bajar los plazos máximos en las investigaciones de 600 a 480 días puede parecer un detalle menor, pero en un entorno donde cada día de ventaja cuenta, se traduce en decisiones más oportunas y mercados menos cautivos.

Pero quizás el punto más relevante de la iniciativa es que, por fin, da certeza sobre el órgano que determinaría la preponderancia y la regulación asimétrica asociada a dicho concepto. Recordemos que este instrumento ha sido el que ha permitido, por su relativa simpleza (a diferencia de la determinación de poder sustancial mercado), generar medidas para combatir el poder de mercado en telecomunicaciones y radiodifusión.

A su vez, con esto, se abre una oportunidad para redefinir los parámetros actuales de preponderancia, pues estos ya no bastan. Medir el poder de mercado solo por número de usuarios o tráfico de red dejó de ser suficiente hace años. Hoy, los márgenes de ganancia y los ingresos acumulados de los jugadores dominantes son un reflejo mucho más preciso del desequilibrio que persiste. La iniciativa acierta al abrir la puerta para actualizar esos criterios y adaptarlos a la realidad del mercado.

Adicionalmente, también se refuerza el régimen sancionatorio con multas realmente significativas y la posibilidad de sancionar no solo a los infractores directos, sino a agentes que coadyuven en el ejercicio de las prácticas anticompetitivas. Este enfoque integral es clave para cerrar los vacíos que, hasta ahora, han permitido que las reglas se sorteen sin consecuencias de fondo.

Claro que ningún cambio está garantizado solo con una buena ley. Todo dependerá de su aplicación, de la independencia real de las nuevas autoridades y de su capacidad para resistir presiones (gubernamentales o de los agentes económicos) y ejercer su mandato sin titubeos. Pero, al menos en el papel, la propuesta va en la dirección correcta y representa la oportunidad más seria en años para darle un giro al mercado.

Nuevamente, México tiene la posibilidad de dejar atrás los parches y apostar por una competencia efectiva de verdad. Y si lo logra, los beneficiados seremos todos: consumidores, empresas y, en última instancia, el desarrollo digital del país.