jueves, 18 de julio de 2024

Respalda la Permanente acciones del Estado mexicano ante casos en la Corte Internacional de Justicia

 

  • Además, manifestó su confianza irrestricta en la vigencia efectiva de las normas de Derecho Internacional
 
En la sesión de este miércoles, la Comisión Permanente expresó su respaldo inequívoco a los esfuerzos que lleva a cabo el Estado Mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, respecto de los dos casos judiciales que involucran a México en el seno de la Corte Internacional de Justicia.
 
Además, manifestó su confianza irrestricta en la vigencia efectiva de las normas de Derecho Internacional para regir la convivencia armónica entre Estados soberanos, y a las instituciones que se han creado para la solución de las diferencias y los conflictos sin recurrir al uso de la fuerza.
 
Al presentar el dictamen, la diputada del PAN, Martha Estela Romo Cuéllar, recordó que, el pasado 5 de abril, cuerpos de la policía de Ecuador ingresaron sin autorización a la embajada de México en Quito, con el objetivo de aprehender al exvicepresidente de aquel país, Jorge Glas.
 
“Consideramos que esa acción contravino la obligación de proteger y no violentar los locales diplomáticos ni a su personal, establecida en el artículo 22 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, misma a la que Ecuador se encuentra sujeto desde 1964”, expresó.
 
La diputada señaló que, posterior a esos actos, México recibió apoyo y destacó pronunciamientos de 29 países, de la Unión Europea y de siete organismos internacionales.
 
De acuerdo con el dictamen, el 11 de abril, México llevó el caso ante la Corte Internacional de Justicia; en dicha acción, nuestro país solicitó al órgano judicial, entre otras cosas, declarar que Ecuador tiene responsabilidad internacional por la violación de sus obligaciones respecto del derecho diplomático y tiene que reparar el daño causado a la nación.
 
Se detalla que, el 29 de abril de 2024, Ecuador presentó una demanda contra nuestro país ante el mismo órgano judicial, por presuntas violaciones del derecho de asilo diplomático, regido en su mayoría por la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, también conocida como la Convención de Caracas.
 
Además, el 30 de abril y el 1 de mayo se realizaron las audiencias para que ambos países expusieran sus argumentos orales en lo relativo a las medidas provisionales solicitadas por México.
 
Durante los próximos meses, se expone en el documento, el Estado mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y particularmente de su Consejería Jurídica, desarrollará la defensa de los intereses nacionales y hará valer el derecho internacional general.

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