A fin de cumplir con la responsabilidad que los legisladores tienen de velar por el respeto y cumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores, el senador Noé Castañón Ramírez solicitó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a la Procuraduría Federal de Defensa del Trabajo que refuercen la vigilancia para garantizar el pago de las utilidades anuales a los empleados de la iniciativa privada.
Mencionó que en los últimos días se han registrado múltiples denuncias ciudadanas, que dan cuenta de la omisión o tergiversación de esta obligación por parte de algunas empresas o empleadores, que van desde negar las utilidades de la compañía, hasta pedir que las utilidades entregadas a los empleados les sean devueltas en efectivo.
Recordó que el reparto de utilidades es un derecho constitucional que tienen los trabajadores, para recibir una parte de las ganancias que obtiene una empresa o un patrón, por la actividad productiva o los servicios que ofrece en el mercado, el cual se debe recibir a más tardar el 30 de mayo, en el caso de los que laboran para una persona moral, mientras que quienes lo hacen para una persona física deberán recibir este pago a más tardar el 29 de junio.
“El monto de éstas asciende a las participaciones fijadas en conformidad con lo decidido por la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas, el cual a la fecha asciende al 10 por ciento de las utilidades netas; las ganancias repartibles se dividirán en dos partes iguales”.
En este sentido, el senador de Movimiento Ciudadano explicó que la primera parte se tiene que otorgar por igual a todo el personal y tomar en consideración el número de días trabajados en el año, independientemente del monto de los salarios.
La segunda parte de las utilidades, agregó, se debe repartir en proporción al monto de los salarios devengados por el trabajo prestado durante el año.
Mencionó que en los últimos días se han registrado múltiples denuncias ciudadanas, que dan cuenta de la omisión o tergiversación de esta obligación por parte de algunas empresas o empleadores, que van desde negar las utilidades de la compañía, hasta pedir que las utilidades entregadas a los empleados les sean devueltas en efectivo.Recordó que el reparto de utilidades es un derecho constitucional que tienen los trabajadores, para recibir una parte de las ganancias que obtiene una empresa o un patrón, por la actividad productiva o los servicios que ofrece en el mercado, el cual se debe recibir a más tardar el 30 de mayo, en el caso de los que laboran para una persona moral, mientras que quienes lo hacen para una persona física deberán recibir este pago a más tardar el 29 de junio.“El monto de éstas asciende a las participaciones fijadas en conformidad con lo decidido por la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas, el cual a la fecha asciende al 10 por ciento de las utilidades netas; las ganancias repartibles se dividirán en dos partes iguales”.En este sentido, el senador de Movimiento Ciudadano explicó que la primera parte se tiene que otorgar por igual a todo el personal y tomar en consideración el número de días trabajados en el año, independientemente del monto de los salarios.La segunda parte de las utilidades, agregó, se debe repartir en proporción al monto de los salarios devengados por el trabajo prestado durante el año.
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