Ampliar deducción de pagos en materia educativa, objetivo de reforma que impulsan en el Senado.

•  Proponen senadores del PRI eliminar impuesto del tres por ciento establecido a servicios de Internet.
  
  

El Grupo Parlamentario del PRI en el Senado impulsa una reforma a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para que se puedan deducir los pagos de colegiaturas en escuelas privadas en todos los niveles educativos: básico, medio superior y superior, así como los bienes y servicios indispensables para el aprendizaje, como útiles escolares y computadoras.  

 

Además, propuso modificar la Ley del IEPS para eliminar el impuesto del tres por ciento establecido a los servicios de Internet, con el objeto de apoyar a quienes, por el contexto actual, estudian y trabajan desde casa.  

 

Las y los senadores destacaron que en nuestro país la educación privada ha ganado terreno, porque los servicios de educación pública que imparte el Estado no son suficientes para cubrir la demanda y calidad de la enseñanza, por lo que una gran cantidad de las familias mexicanas ha optado por este esquema para sus hijos, lo que les representa un gasto que, muchas veces, es insostenible. 

 

De esta manera, la educación es uno de los sectores más afectados por la crisis económica derivada de la pandemia de Covid-19, por la dificultad para pagar los gastos que genera asistir a una escuela privada, como inscripciones y colegiaturas.  

 

En nuestro país estos costos representan un alto porcentaje del ingreso familiar, a los que se añaden útiles, comidas, transporte, entre otros bienes y servicios, que impactan la economía familiar.  

 

En la actualidad, la posibilidad de deducir un límite de colegiaturas hasta el bachillerato sólo constituye un estímulo otorgado por el Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación, el15 de febrero de 2011.  

Por lo que, incorporar este estímulo en la Ley del Impuesto sobre la Renta permitirá que los contribuyentes, en sus deducciones personales, puedan aplicar este apoyo con mayor amplitud, pero, sobre todo, con mayor certeza jurídica.  

 

“Todas y todos los niños, adolescentes y jóvenes deben de tener plenamente garantizado su derecho para acceder a la educación, pues ésta es la base del desarrollo individual y social, así como la vía para alcanzar el bienestar y progreso del país”. 

 

La falta de recursos económicos, asentaron los legisladores en la iniciativa que se remitió a la Cámara de Diputados, no debe de ser una causa que impida su acceso a la escuela, ya que ello implica limitar su progreso y genera en la sociedad una espiral de exclusión, pobreza y marginación.