domingo, 20 de febrero de 2022

EN OPINIÓN DE ICC MÉXICO, LA COFECE ACTUÓ DENTRO DE SU ÁMBITO DE COMPETENCIA EN EL CASO DE LA CONCENTRACIÓN MINERA QUE INVOLUCRA LA EXPLOTACIÓN DEL LITIO.

* Los beneficios para la sociedad mexicana por la intervención de la Comisión Federal de Competencia Económica suman más de 22 mil 760 millones de pesos de 2014 a 2020.

La International Chamber of Commerce México (ICC México) coincide plenamente con la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) en el sentido que la Secretaría de Economía es la encargada de aplicar la Ley Minera e, inclusive, la Ley de Inversión Extranjera. En este marco, a la COFECE sólo le correspondía analizar la transacción entre las empresas extranjeras Ganfeng International Trading y Bacanora Lithium desde sus facultades otorgadas por la Ley Federal de Competencia Económica, con el objeto de proteger y garantizar la libre concurrencia y la libre competencia en ese mercado.

El pasado 15 de febrero el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al órgano de competencia de otorgar permisos a la empresa china para explotar el litio en México, acusación que fue reforzada ayer con el anuncio de la denuncia penal interpuesta por el senador Alejandro Armenta Mier, a nombre de la bancada del partido político Morena, por traición a la patria en contra de los comisionados de la COFECE, al presuntamente haber autorizado la venta de la concesión de una mina de litio de la empresa Bacanora Lithium a la compañía china-canadiense Gangfeng Lithium.

ICC México expresa que la COFECE, en el marco de sus facultades conferidas en ley, sólo estudió si la transacción notificada podía disminuir, dañar o impedir la libre competencia en el mercado, sin reparar en los términos de la concesión ya otorgada por el gobierno de México y que, en todo caso, sus términos y condiciones le corresponde analizar y resolver a la Secretaría de Economía.

La International Chamber of Commerce México, organismo empresarial con un serio compromiso con el cumplimiento del Estado de Derecho y la certidumbre jurídica para impulsar el crecimiento económico, la apertura comercial, así como alentar la inversión en nuestro país, considera que los órganos constitucionales autónomos, como la COFECE, son fundamentales para el buen funcionamiento de nuestra economía y deben ser fortalecidos, especialmente en momentos críticos como los provocados por la pandemia de Covid-19.


Desde que se le otorgó el carácter de órgano constitucional autónomo, la COFECE ha generado importantes beneficios económicos a la sociedad mexicana pues, a través de sus investigaciones, sanciones, análisis de concentraciones, así como la eliminación de obstáculos a la competencia en los sectores de mayor impacto para la economía de las familias mexicanas, ha generado beneficios que suman más de 22 mil 760 millones de pesos durante el periodo 2014-2020.

Por esta razón, ICC México conmina nuevamente al Ejecutivo Federal a enviar los nombres de los candidatos a ocupar los tres cargos de comisionado de la COFECE actualmente vacantes, y exhorta al Senado de la República a realizar su selección y nombrarlos como lo mandata la Constitución.

La ausencia de estos nombramientos ha empezado a limitar el correcto funcionamiento de esta importante institución. Por ejemplo, la Ley Federal de Competencia Económica establece que, para resolver procedimientos relacionados con la existencia de barreras a la competencia, se necesita el voto afirmativo de, al menos, 5 comisionados y, en este momento, sólo se cuenta con cuatro. Asimismo, el Senado de la República ha sido omiso en continuar con el proceso para nombrar a la persona que asumirá la presidencia de la COFECE.

Es preocupante que la integración del Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones probablemente se encuentre en las mismas circunstancias en los próximos días, dado que el presidente interino actual termina sus funciones el 28 de febrero próximo, dejando su Pleno con solo cuatro Comisionados.

ICC México conmina al Ejecutivo Federal y al Senado de la República a cumplir cabalmente con sus obligaciones constitucionales a la brevedad.

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