(CODICS).- La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas encabezados por su dirigente Álvaro López Ríos, denunció terrorismo social de la Unidad de Inteligencia Financiera, del Gobierno Federal en contra de los integrantes de la UNTA quienes se en encuentran en plantón durante 15 días de plantón frente a la CONAGUA en demanda de solución en conflicto en el Distrito de Riego número 1 en Aguascalientes y quye afecta a dos mil agricultores de la zona.
Asimismo, informó el dirigente nacional de la UNTA, acerca de la detención arbitraria de mujeres indígenas por parte de la cadena comercial Wallmart por el presunto delito de robo de una caja de cubrebocas, no obstante que se presentó el ticket de compra, por lo que esta organización anunció el bloqueo de todas las tiendas a nivel nacional por parte de la organización hasta tener liberadas a sus agremiadas de origen de la Huasteca potosina.
Una de las mujeres indígenas detenidas es de nombre Bernardina Hernández Floriberta, quien ingresó a la tienda para ir al sanitario y a su salida fue detenida por personal de seguridad bajo el argumento de haber sustraído una caja de cubrebocas, producto que compró un día anterior por lo que procedió a presentar el ticket de compra, sin embargo la mujer indígena fue traslada al Ministerio Público de la Alcaldía Coayoacán a pesar de que los directivo de la Tienda Wallmart confirmaron la veracidad del ticket de compra pero se niegan a otorgar el perdón para su liberación.
Ante tal arbitrariedad, Álvaro López Ríos, informó que se inició la toma de instalaciones de esta tienda de súper mercado en todo el país para ser cerrado su acceso.
En tanto, el conflicto que originó el plantón en CONAGUA es que los dos mil agricultores de Aguascalientes del Distrito de Riego número 1 serán afectados por un megaproyecto hídrico del gobierno del estado que les suspenderá el suministro del vital líquido para riego de sus cultivos y, a cambio, les entregarán agua tratada lo que afectará su producción pues son de exportación sus cosechas y las reglas que les aplican para su venta al exterior son de extrema rigurosas.
Como consecuencia del proyecto hídrico impuesto por el Gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, el cual contará con un presupuesto de 4 mil millones de pesos, se dejará sin agua limpia, de la presa “Plutarco Elías Calles”, a 2,100 agricultores de 4 municipios de la entidad a quienes se les dotará agua tratada y contaminada para sus 12 cultivos diversos que tienen en 5,100 hectáreas, denunció Álvaro López Ríos, Secretario General de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas.
La superficie sembrada se localiza en los municipios San Francisco, Rincón de Romo, Tepezala y Pabellón de Arteaga, donde se ubica el Distrito de Riego número 01, en Aguascalientes, y el cual surte del vital líquido a estas localidades caracterizadas por su producción de alta calidad para exportación de alimentos como: maíz, fríjol, fresa, esparrago, arándano, coliflor, chile, tomate, jitomate, calabaza, alfalfa, brócoli, que llega a los mercados de los Estados Unidos, precisó el dirigente nacional de la UNTA.
Ante la decisión unilateral del gobernador de Aguascalientes de desviar el vital líquido para favorecer a un particular, los pequeños y medianos productores de la región tras hacer la denuncia pública y demandar a las autoridades federales atender esta conflictividad lo antes posible, se inició una demanda civil para reestablecer derechos en dicho Distrito de Riego.
Y es que, advirtieron los afectados, de permitirse el uso del agua limpia para otros fines que no sea la producción agrícola, se estará condenando a la región al desempleo, al abandono del campo y por tanto a la migración masiva provocando la existencia de “pueblos fantasmas” en estos cuatro municipios de Aguascalientes.
“Nuestros alimentos emanado de estas tierras agrícolas se verían contaminados y la reconversión productiva quedaría cancelada en la región porque ya no podríamos sembrar alfalfa, maíz, fríjol, etc. Nos condenarían a la siembra de forraje para ganado ante la existencia de agua contaminada”, afirmó Álvaro López Ríos, dirigente de la UNTA.
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