Sería a través de transferencia monetaria bimestral y directa, que permitirá contribuir al bienestar y disminuir la brecha de desigualdad, señala Sosa Ruíz
Para garantizar la entrega de apoyo económico a las personas con discapacidad permanente, la diputada Olga Patricia Sosa Ruíz presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 6 y adiciona un capítulo VI BIS al título segundo de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
En la Iniciativa, la legisladora del Grupo Parlamentario de Encuentro Social propuso que quienes tengan discapacidad permanente, tendrán derecho a una aportación mensual equivalente al 50 por ciento del valor mensual de la Unidad de Medida y Actualización.
El cual, dijo, se otorgará a través de una transferencia monetaria de manera bimestral y directa, que permitirá contribuir al bienestar y disminuir la brecha de desigualdad y que tengan mejor calidad de vida.
Explicó que para recibir esta prestación tendrán prioridad las y los menores de 18 años, las y los indígenas y afromexicanos, hasta la edad de 64, así como las personas que se encuentren en condición de pobreza.
La legisladora del PES dijo que el Ejecutivo y los gobiernos estatales garantizarán el cumplimiento de este derecho, mediante la implementación de un programa, que deberá ser incluido en el Presupuesto de Egresos de la Federación y de cada entidad federativa, en cada ejercicio fiscal.
Señaló que a Secretaría de Bienestar y sus homólogas en las entidades federativas serán las que vigilarán el cumplimiento de este derecho.
Sosa Ruíz indicó que a pesar de que se han logrado avances en la lucha por el reconocimiento de las personas con discapacidad, aún existe en nuestra sociedad discrepancias y divisiones para materializar los derechos humanos y sociales de ese grupo poblacional.
Enunció que en México existen alrededor de ocho millones de personas con discapacidad que presentan altos niveles de pobreza, marginación y mayores dificultades para tener una vida plena.
Actualmente, abundó, 4 de cada 10 mexicanos con discapacidad participan en alguna actividad económica y el 86 por ciento de la población se encuentra en una situación de vulnerabilidad.
Con este proyecto de decreto, apuntó, la fracción parlamentaria de Encuentro Social expresa su confianza en la inclusión de este grupo poblacional en los programas sociales, que permiten ampliar las oportunidades sociales, culturales, sociales y cívicas orientadas en su desarrollo integral.
La iniciativa fue turnada, para su estudio y dictamen, a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados.
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