Durante la comparecencia ante el pleno del Senado de la República, en el marco del análisis de la Estrategia Nacional de Seguridad, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, celebró el consenso político que permitió la creación de la Guardia Nacional y destacó que la inteligencia será la base de la eficiencia de los cuerpos del orden.
El secretario Alfonso Durazo indicó que la estrategia contempla repensar la seguridad nacional y reorientar parcialmente los recursos de diverso tipo, ahora destinados a las Fuerzas Armadas, para destinarlos prioritariamente a la seguridad pública, de tal manera que sin abandonar sus misiones constitucionales, las Fuerzas Armadas participen en la formación, estructuración y capacitación de la Guardia Nacional, la cual brindará seguridad en su primer año a 150 regiones del país.
Explicó también que “con la reforma constitucional se ha resuelto el vacío legal en que los institutos armados venían participando en las labores de seguridad pública como la carencia de una institución policial profesional y capaz de afrontar el desafío de la inseguridad y la violencia”. Asimismo, señaló que se utilizará la inteligencia financiera para combatir los recursos de las organizaciones criminales.
Añadió que otro de los puntos es la recuperación y dignificación de las cárceles, que incluye establecer un régimen de respeto a los derechos de los internos, separar a los imputados de los sentenciados, acabar con la corrupción de las autoridades y garantizar que la cárcel no sea un doble castigo para las mujeres.
El titular de la SSPC concluyó que “nos proponemos lograr un punto de inflexión en la tendencia de la criminalidad en los primeros seis meses de su aplicación, un punto de inflexión en la tendencia creciente, lograr niveles razonables de paz y tranquilidad en los primeros tres años y aprovechar los tres años restantes del sexenio para consolidar los resultados y entregar el 2024 un país estable y en paz”.
Cabe mencionar que esta estrategia también contempla erradicar la corrupción y establecer un auténtico estado de derecho; atender las causas económicas y sociales profundas que generan la inseguridad, con una política social que garantice el empleo, salud, educación y bienestar; pleno respeto y promoción de los derechos humanos; regeneración ética de la sociedad y reformular el combate a las drogas.
El secretario Alfonso Durazo indicó que la estrategia contempla repensar la seguridad nacional y reorientar parcialmente los recursos de diverso tipo, ahora destinados a las Fuerzas Armadas, para destinarlos prioritariamente a la seguridad pública, de tal manera que sin abandonar sus misiones constitucionales, las Fuerzas Armadas participen en la formación, estructuración y capacitación de la Guardia Nacional, la cual brindará seguridad en su primer año a 150 regiones del país.
Explicó también que “con la reforma constitucional se ha resuelto el vacío legal en que los institutos armados venían participando en las labores de seguridad pública como la carencia de una institución policial profesional y capaz de afrontar el desafío de la inseguridad y la violencia”. Asimismo, señaló que se utilizará la inteligencia financiera para combatir los recursos de las organizaciones criminales.
Añadió que otro de los puntos es la recuperación y dignificación de las cárceles, que incluye establecer un régimen de respeto a los derechos de los internos, separar a los imputados de los sentenciados, acabar con la corrupción de las autoridades y garantizar que la cárcel no sea un doble castigo para las mujeres.
El titular de la SSPC concluyó que “nos proponemos lograr un punto de inflexión en la tendencia de la criminalidad en los primeros seis meses de su aplicación, un punto de inflexión en la tendencia creciente, lograr niveles razonables de paz y tranquilidad en los primeros tres años y aprovechar los tres años restantes del sexenio para consolidar los resultados y entregar el 2024 un país estable y en paz”.
Cabe mencionar que esta estrategia también contempla erradicar la corrupción y establecer un auténtico estado de derecho; atender las causas económicas y sociales profundas que generan la inseguridad, con una política social que garantice el empleo, salud, educación y bienestar; pleno respeto y promoción de los derechos humanos; regeneración ética de la sociedad y reformular el combate a las drogas.
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