* Por Renato Consuegra Se autoriza reproducción
Se dice que el Estado es el conjunto de instituciones que poseen la autoridad y potestad para establecer las normas que regulan una sociedad; y está compuesto por instituciones como las fuerzas armadas, burocracias administrativas, los tribunales y la policía, asumiendo con todas ellas, y algunas más, las funciones de defensa, gobernación, justicia, seguridad, entre otras.
A la luz de los hechos ocurridos el pasado viernes en Tlahuelilpan es notorio que hubo una gran ausencia: el Estado.
Y hubo, si, cuidado. Mucho cuidado. El cuidado de no ensuciar la imagen presidencial con lo que pudo ser una acción de justicia frente a un hecho delincuencial captado in fraganti. Pero enviar a 25 soldados y otros cuantos agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a atender la seguridad de la fuga, cuando hay más de 10 mil soldados en el llamado combate al huachicoleo, de prioridad nacional desde hace un mes, parece más una trampa mediática, una simulación.
Atendimos, parece ser la excusa; pero fuimos insuficientes, el pretexto.
Dice Wikipedia que Max Weber escribió en su libro “La política como vocación” que una característica fundamental del Estado es “el reclamo del monopolio de la violencia”. Su definición ampliada era que algo es un Estado “si y en la medida en que su personal administrativo defiende con éxito un reclamo sobre el 'monopolio del uso legítimo de la fuerza física' en la ejecución de su orden. La policía pública y el ejército son sus principales instrumentos”.
Y no se trataba de reprimir, si no se quiere ensuciar las manos de manera directa, pero sí de disuadir.
Pero, ahora, con tal inacción y justificaciones para no hacer empleo de la fuerza, el Estado benefactor en la imagen de un solo hombre que así lo cree, invita a la población a robar. Hicieron lo que hicieron porque los anteriores los empobrecieron, afirmó palabras más palabras menos el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Y volvemos al tema principal. ¿Y la acción del Estado?
El Estado está para hacer justicia, pero se muestra en las imágenes de varios videos que los soldados y los policías que hasta el lugar llegaron, no hicieron el mínimo intento por detener, tampoco, a quienes azuzaban a los pobladores a realizar los actos de saqueo de la gasolina propiedad de todos los mexicanos, porque es un producto que se paga con los impuestos de todos para que el gobierno ofrezca el servicio de abasto de combustibles.
Nada cambia, la impunidad continúa. Y el combate a la corrupción es sólo una veta propagandística.
Lo que queda claro es que existe una responsabilidad por omisión de los militares y policías y sus mandos superiores. No, no fueron rebasados. Se dejaron rebasar, esperaron a que ocurriera la tragedia, por más que los pobladores estuvieran cometiendo toda una serie de ilícitos que van desde la insubordinación, el robo de un bien público y muchos más. Es decir, ningún paso adelante en contra de la corrupción. Esa lucha es sólo un arma propagandística, un discurso que le entra a la gente y la hace vibrar, pero que sigue intacta, inmune, fortalecida, porque no se dan pasos directos, certeros y fuertes por acabarla, por el contrario, se le protege.
Comenzar a implantar el principio de legalidad debe ser el siguiente paso, salvo que se quiera imponer la buena imagen presidencial por sobre el cumplimiento de la ley, como parece que ya ocurre. Cuidado, porque, ahora, se quiere hacer víctimas a quienes omitieron hacer uso de sus facultades extraordinarias y plenipotenciarias.
Las cosas ya no son igual. Hoy los smartphones y la inmediatez de las redes sociales permiten ver otra narrativa. Ya no se puede manipular la realidad como con Tlatelolco, el Jueves de Corpus, el asesinato de Colosio, el del Cardenal Posadas, Aguas Blancas, el asesinato de Las Abejas, los 43 o Tlatlaya. Los soldados llegaron al lugar cuando apenas era un pequeño grupo de gente y pasaron más de 5 horas desde el primer reporte a Pemex y la explosión, con más de mil soldados en la refinería de Tula para poder trasladarlos.
A la luz de los hechos ocurridos el pasado viernes en Tlahuelilpan es notorio que hubo una gran ausencia: el Estado.
Y hubo, si, cuidado. Mucho cuidado. El cuidado de no ensuciar la imagen presidencial con lo que pudo ser una acción de justicia frente a un hecho delincuencial captado in fraganti. Pero enviar a 25 soldados y otros cuantos agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a atender la seguridad de la fuga, cuando hay más de 10 mil soldados en el llamado combate al huachicoleo, de prioridad nacional desde hace un mes, parece más una trampa mediática, una simulación.
Atendimos, parece ser la excusa; pero fuimos insuficientes, el pretexto.
Dice Wikipedia que Max Weber escribió en su libro “La política como vocación” que una característica fundamental del Estado es “el reclamo del monopolio de la violencia”. Su definición ampliada era que algo es un Estado “si y en la medida en que su personal administrativo defiende con éxito un reclamo sobre el 'monopolio del uso legítimo de la fuerza física' en la ejecución de su orden. La policía pública y el ejército son sus principales instrumentos”.
Y no se trataba de reprimir, si no se quiere ensuciar las manos de manera directa, pero sí de disuadir.
Pero, ahora, con tal inacción y justificaciones para no hacer empleo de la fuerza, el Estado benefactor en la imagen de un solo hombre que así lo cree, invita a la población a robar. Hicieron lo que hicieron porque los anteriores los empobrecieron, afirmó palabras más palabras menos el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Y volvemos al tema principal. ¿Y la acción del Estado?
El Estado está para hacer justicia, pero se muestra en las imágenes de varios videos que los soldados y los policías que hasta el lugar llegaron, no hicieron el mínimo intento por detener, tampoco, a quienes azuzaban a los pobladores a realizar los actos de saqueo de la gasolina propiedad de todos los mexicanos, porque es un producto que se paga con los impuestos de todos para que el gobierno ofrezca el servicio de abasto de combustibles.
Nada cambia, la impunidad continúa. Y el combate a la corrupción es sólo una veta propagandística.
Lo que queda claro es que existe una responsabilidad por omisión de los militares y policías y sus mandos superiores. No, no fueron rebasados. Se dejaron rebasar, esperaron a que ocurriera la tragedia, por más que los pobladores estuvieran cometiendo toda una serie de ilícitos que van desde la insubordinación, el robo de un bien público y muchos más. Es decir, ningún paso adelante en contra de la corrupción. Esa lucha es sólo un arma propagandística, un discurso que le entra a la gente y la hace vibrar, pero que sigue intacta, inmune, fortalecida, porque no se dan pasos directos, certeros y fuertes por acabarla, por el contrario, se le protege.
Comenzar a implantar el principio de legalidad debe ser el siguiente paso, salvo que se quiera imponer la buena imagen presidencial por sobre el cumplimiento de la ley, como parece que ya ocurre. Cuidado, porque, ahora, se quiere hacer víctimas a quienes omitieron hacer uso de sus facultades extraordinarias y plenipotenciarias.
Las cosas ya no son igual. Hoy los smartphones y la inmediatez de las redes sociales permiten ver otra narrativa. Ya no se puede manipular la realidad como con Tlatelolco, el Jueves de Corpus, el asesinato de Colosio, el del Cardenal Posadas, Aguas Blancas, el asesinato de Las Abejas, los 43 o Tlatlaya. Los soldados llegaron al lugar cuando apenas era un pequeño grupo de gente y pasaron más de 5 horas desde el primer reporte a Pemex y la explosión, con más de mil soldados en la refinería de Tula para poder trasladarlos.
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