por Carlos Garcia de Balzac
Alrededor de 40 mil hidalguenses, provenientes de las regiones de la Huasteca, el Valle del Mezquital, Otomí-Tepehua y de la zona centro de la entidad marcharan en la capital del estado, este 26 de septiembre, ya que no son escuchados por el polémico gobernador de dicha entidad Omar Fayad, lo que provoca que en nuestros pueblos y colonias no disminuya la pobreza, la marginación, la inseguridad y la incomunicación a decir del vocero del Movimiento Nacional Antorchista ( MAN ) Homero Enriquez esta mañana.
En rueda de medios en esta zona del pais detallo que desde que Omar Fayad tomó el cargo, y en consonancia con los compromisos que hizo en campaña, de combatir la pobreza y muchos otros males derivados de la mala distribución de la riqueza que padecemos los hidalguenses, y que se resume en el hecho de que más de 1.4 millones de habitantes del estado se encuentran en situación de pobreza, le presentamos una modesta relación que contenía las peticiones más básicas y urgentes de resolver, desde carencias alimentarias básicas, imposibles de resolver con los bajísimos ingresos, hasta obras sencillas de dotación de agua potable, luz eléctrica, pequeñas clínicas con servicios elementales de salud, o construcción de aulas o albergues para jóvenes estudiantes indígenas. A la ´par aclararon que su actitud no se limitó a enlistar las peticiones y esperar que se resolvieran; siempre hemos estado dispuestos a poner nuestra mano de obra a manera de aportación para llevar a cabo diversos trabajos que requieren algunas de las obras solicitadas. Además, también recurrimos directamente a instancias federales para solicitar que algunas obras se financiaran con fondos adicionales al presupuesto estatal, lo cual se materializó, en los últimos dos años, en una suma de 175 millones de pesos que con el respaldo de los diputados del Movimiento Antorchista fueron depositados en las arcas del gobierno de Hidalgo. Preciso que la respuesta del gobierno de Hidalgo a nuestras solicitudes, ha sido: La negativa rotunda a destinar, por lo menos, los recursos públicos que en promedio habían destinado otros gobernadores anteriores, lo que revela un acto represivo en contra de los hidalguenses agremiados en Antorcha, a los que se quiere castigar para doblegar y obligarlos a que acepten resignadamente que se les niegue la solución a la mayoría de sus peticiones, aunque eso signifique continuar en la miseria más espantosa. A la par de que a manera de castigo maliciosamente calculado, se han retenido los recursos federales, que este año ascienden a 61 millones. En una actitud reprobable y cruel con las familias que requieren agua, luz, caminos o alguna otra construcción que deberá hacerse con esos recursos, el gobierno está dejando pasar las semanas y en unos meses devolverlos a la Federación. Pareciera que alguna mente muy acostumbrada a la maniobra política subterránea, cree que es mejor perder ese dinero que beneficiar a familias antorchistas. Increíble pero cierto. Sin dejar de lado dijo el bloqueo político ilegal, abusivo y absolutamente contraproducente para el prestigio y la buena fama pública de quienes lo deciden desde el gobierno de Hidalgo, ha sido replicado en diversas alcaldías que, al amparo y ejemplo del gobierno del estado, ni siquiera se dignan recibir una solicitud, como es el caso del alcalde de Huejutla, Raúl Badillo Ramírez, quien se la pasa amenazando a los líderes y activistas; o hay quien cierra ojos y oídos, apuesta a que las protestas se debiliten y surjan condiciones para desalojar violentamente a quienes se han instalado en plantón frente a sus oficinas, como es el caso de Yolanda Tellería, la acaudalada alcaldesa panista de Pachuca. En este sentido, es notable cómo, las escasas veces que Simón Vargas Aguilar, secretario de Gobierno de Hidalgo, ha prometido intervenir para mediar en esos conflictos municipales, ha aumentado la virulencia de los ataques contra el antorchismo y se han cerrado más las posturas de esos alcaldes.
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