La Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Movimiento Nacional (CNPA MN) exigió un alto a la criminalización y represión de la lucha social al Gobierno del estado de Querétaro, que encabeza Francisco Domínguez Servién, pues cerró las puertas al diálogo con las organizaciones sociales.
En la administración actual y como muestra de incapacidad de operación política frente al hartazgo social, se ha hecho común el uso y abuso de los delitos políticos para acallar las voces disidentes y críticas al gobierno y con ello pretenden justificar el acoso y la persecución de luchadores sociales.
Señaló la CNPA-MN, que se ha vuelto práctica cotidiana del gobierno del estado de Querétaro, la violencia, el despojo de derechos, la inseguridad, el miedo y el terrorismo laboral impuesto sobre quienes se atreven a exigir el respeto a los derechos humanos, derecho de petición, de gestión y de organización socia.
En el estado de Querétaro, la obra pública se volvió el negocio privado más redituable de quienes ven en la función pública el medio para llevarse ganancias económicas, mientras la periferia de la ciudad y las comunidades rurales carecen de los más elementales servicios públicos.
La administración panista de Querétaro no solo obedece sin reservas, las órdenes de la administración federal para promover las reformas neoliberales que empobrecen, despojan, saquean al pueblo y persiguen a los opositores, sino que se especializa en las artes de la fabricación del delito, la provocación, la amenaza, el hostigamiento, el terrorismo laboral, la persecución y la criminalización de la protesta social.
Por todo ello, demandó la CNPA-MN alto a la criminalización de con supuesto delito de motín agravado: Anselmo Robles Sánchez, Pablo González Loyola, Luis Alberto Reyes Juárez y Jerónimo Sánchez Sáenz.
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