· Como parte de su labor de promoción de la competencia, COFECE analizó 319 ordenamientos estatales y municipales que regulan la apertura y operación de estaciones de servicio para el despacho de combustibles, incluyendo gasolinas y diésel.
· Diversas regulaciones obstaculizan el establecimiento de nuevas estaciones de servicio o limitan la competencia entre las existentes, lo que restringe la expansión de la oferta en detrimento del consumidor.
· La existencia de un mayor número de estaciones de servicio, por parte de distintos agentes económicos, es muy relevante porque aumenta las opciones de consumo e incide en los precios de venta al público.
La Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE o Comisión) recomendó a los gobernadores, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, las legislaturas de las entidades federativas y los integrantes de ayuntamientos y alcaldías, eliminar una serie de restricciones regulatorias detectadas por esta autoridad que limitan el establecimiento y operación de estaciones de servicio para la venta al público de combustibles, restringen la competencia entre éstas u otorgan ventajas en favor de las ya establecidas.
Lo anterior es particularmente relevante porque el número de estaciones de servicio en los diversos mercados locales de expendio al público, así como la competencia que prevalezca entre éstas, influye en los márgenes de ganancia de los expendedores y, por tanto, en los precios finales que pagan los consumidores. En la transición hacia un mercado competido de gasolinas, los gobiernos estatales y municipales tienen un papel fundamental para la expansión de la oferta de estaciones de servicio.
Cabe señalar que en México, todavía existe una baja penetración de éstas en comparación con referencias internacionales. De hecho, para alcanzar a otros países (en función de vehículos promedio atendidos por estación de servicio) tendrían que construirse entre 2 mil y 12 mil nuevas estaciones de servicio en el corto plazo.
Esta opinión es complementaria a una de las recomendaciones contenidas en el reporte denominado “Transición hacia mercados competidos de gasolina y diésel”, emitido en julio de 2016. En seguimiento a dicho trabajo, esta autoridad analizó 319 ordenamientos estatales y municipales en materia de desarrollo urbano, construcción, medio ambiente, protección civil y manejo de residuos, aplicables al establecimiento y operación de estaciones de servicio.
Esta revisión, que abarca las 32 entidades federativas y las principales ciudades del país, identifica restricciones, así como entidades y municipios que las mantienen, entre las que se encuentran:
· Requisitos de distancias mínimas entre estaciones de servicio, es decir, entre competidores;
· Requisitos injustificados relativos a la superficie y características del predio, que pudieran limitar modalidades y formatos distintos de servicio;
· Requisitos inconsistentes con la regulación federal que pudieran restringir o incrementar los costos de entrada, considerando que las disposiciones sobre seguridad industrial y operativa, así como medioambientales, a raíz de la reforma energética de 2014, son de jurisdicción federal cuando se trata de la industria de hidrocarburos; y
· Disposiciones que generan incertidumbre con respecto a la obtención de permisos, licencias o autorizaciones.
En los anexos de la opinión, se presenta un listado puntual de los estados y municipios que imponen algunas de estas restricciones a la competencia, así como los títulos de los ordenamientos que las contienen.
Por lo anterior, el Pleno de la COFECE recomienda lo siguiente:
1. Eliminar disposiciones que prevean distancias mínimas entre estaciones de servicio.
2. Eliminar disposiciones que establezcan superficies mínimas y frentes principales que deben tener los predios para construir estaciones de servicio.
3. Actualizar los ordenamientos que regulen aspectos relativos al establecimiento de estaciones de servicio conforme al nuevo marco normativo.
4. Establecer criterios transparentes y públicos en el otorgamiento de autorizaciones, licencias y permisos para construir y operar estaciones de servicio, que brinden certidumbre jurídica y garanticen el acceso y permanencia de los competidores en el mercado.
Estas medidas promoverán la competencia y libre concurrencia en el expendio al público de combustibles, contribuyendo a desarrollar un mercado competido que beneficie a la población con una mayor oferta de estos productos a menores precios, lo cual es especialmente relevante en el contexto del proceso de apertura de los mercados de las gasolinas y el diésel.
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