Organizaciones sociales exigen revisar aumento al Salario Mínimo para que cumpla con la Constitución > > >

En el marco del 99 aniversario de la promulgación de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza exige a la Comisión Nacional del Salarios Mínimos (Conasami) reunirse y fijar plazo cuanto antes, para establecer un Salario Mínimo que cumpla con la Constitución.

 El salario mínimo debe ser superior al corte la línea usada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval) para definir la pobreza.  Es inaceptable que en México se trabaje para vivir en pobreza.

 De acuerdo con estadísticas de organismos públicos y organizaciones no gubernamentales, en México la gente que trabaja permanece en pobreza. El factor fundamental de la permanencia de la pobreza es el ingreso insuficiente. Hay 63.8 millones de personas que no reciben un ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades básicas, según datos oficiales (CONEVAL).

 De acuerdo con el Artículo 123 de nuestra Carta Magna, “los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer la educación obligatoria de los hijos”, lo cual no se cumple con los 73.04 pesos fijados por la CONASAMI como el pago mínimo para el trabajo en 2016.

 El Coneval ha fijado el monto de la línea de bienestar para que un trabajador y una persona puedan alimentarse, en 88.14 en Diciembre de 2015. Acción Ciudadana Frente a la Pobreza exige, que el Salario Mínimo se fije, por encima de esa cantidad.

 Durante décadas, el salario mínimo, se convirtió en unidad de medida y factor de referencia para cientos de ordenamientos: multas, derechos, costos de trámites, montos de créditos y hasta el financiamiento de los partidos políticos.

El valor del salario mínimo se usó como parte central de las acciones contra la inflación.  El salario mínimo perdió ¾ partes de su valor entre 1976 y 1995. Su valor para 2016: $73.04 es 17% inferior al costo de la canasta básica de satisfactores mínimos usada para la medición de la pobreza, cuyo valor para fin de 2015 era de $88.14.

 Esta política de contención y pérdida de valor del salario mínimo es uno de los factores de la desigualdad en México.  De acuerdo con un estudio de Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), entre 1978 y 2012, la distribución del ingreso nacional correspondiente a los salarios se redujo de 40% a 28%.

 Al concluir el proceso de desindexación del salario mínimo, con la aprobación de la reforma constitucional que crea la Unidad de Medida y sustituye al “salario mínimo” como referencia para multas y otros pagos, se derrumbó la última barrera que impedía aumentar éste por miedo a que la inflación se disparara. Actualmente no hay ningún pretexto para que antes de que termine el año, el monto que se fije como ingreso mínimo para una persona que trabaja, alcance que para que cubra sus necesidades básicas.

 ¿Quién gana el salario mínimo en México? De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) alrededor de 7 millones de personas ocupadas perciben un salario mínimo o menos y regresan a su casa sin dinero suficiente, siquiera para darle de comer a su familia y cubrir sus necesidades básicas. Representan el 14% del total de las fuerza laboral. El 44% son personas que reallizan un trabajo subordinado y 24% trabajan la jornada completa. (Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2015-III).  Sus condiciones sociales y posibilidades de movilidad social son muy precarias: 9.2% no tiene escolaridad, 40% solo concluyó la primaria y 29.3% apena cursó la secundaria. En poco más de la cuarta parte de los casos (27%) son los únicos perceptores de ingresos de los hogares.

 Las entidades federativas que cuentan con mayor número de trabajadores con ingreso hasta un salario mínimo son el Estado de México, Chiapas, Veracruz, Puebla, Distroto Federal y Oaxaca. Estas entidades concentran la mitad (48.6%) del total de personas ocupadas con ingresos de un salario mínimo o menos.

 La Acción Ciudadana Frente a la Pobreza quiere poner en el centro del debate la urgencia de cumplir con la Constitución y obligar a la CONASAMI, como organismo público del Estado, a rendir cuentas de sus decisiones de cara a la sociedad. 

 Exigimos un debate serio y urgente, sobre los cambios en materia de política económica que son necesarios para enfrentar la pobreza y la desigualdad en nuestro país.