Elaborado por su servicio de investigación Medley Global Advisors, el rotativo inglés subraya que “la intimidación electoral es sólo el comienzo de los problemas del ‘Estado de Derecho’ que abarcan los secuestros, el narcotráfico, la guerra de pandillas, la corrupción y las instituciones débiles.
Titulado, “Crimen y castigo: México sufre el costo de ser un país sin Ley” o “falto de Ley””, el informe menciona que “el crimen y la violencia están levantando llagas que desfiguran lo que sería una imagen positiva de la reforma audaz y, con el tiempo, un mayor crecimiento potencial”.
Por ejemplo, cita el caso del proceso electoral del pasado domingo 7, que se vio “empañado” por más de 70 ataques violentos contra candidatos o su personal.
Esos problemas, añade, se distribuyen en todo el país y afectan tanto “al norte más desarrollado como el sur más pobre”, y los estados con mayor riesgo, apunta, representan por sí solos casi un quinto de la producción nacional.
Según el reporte, basado en indicadores de homicidios, secuestros y extorsiones, así como en variables cualitativas, como la debilidad de las instituciones y la presencia de los cárteles de la droga, las entidades con el mayor riesgo de seguridad son: Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Michoacán y Tamaulipas.
En la nota firmada por Dan Bogler, el ‘Financial Times’ menciona que las encuestas realizadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) “sugieren que la lucha contra la delincuencia y la violencia le cuesta al país un considerable 3.2% del PIB al año, lo cual proviene de las pérdidas directas y tal vez de un tercio de la costo de la prevención”.
La mayor parte de esa carga, subraya, recae en el sector privado y de manera desproporcionada en las empresas más pequeñas que les resulta más difícil soportar los costos adicionales de seguridad.
En contraste, el gobierno gasta relativamente poco en la lucha contra el crimen y está lejos de adoptar los costos.
“Sin embargo, la presión para que el presidente Enrique Peña Nieto haga algo está incrementando. Su popularidad se ha desplomado como lo ha hecho su ambicioso programa de reforma estructural para reactivar la economía, mientras que los escándalos personales están socavando su capacidad para gobernar con eficacia”.
No obstante, apunta, hay una buena noticia, y es que “los problemas de seguridad de México no parecen disuadir la inversión extranjera directa. “La mayoría de las multinacionales consideran la necesidad de proteger al personal y las cadenas de suministro”.
Según el diario, una encuesta de la Cámara Americana de Comercio de México mostró que los inversores internacionales asignan alrededor de 4% de los costos de operación a la seguridad.
“Lo más importante es que es poco probable que la seguridad desanime a las compañías petroleras mundiales que están siendo invitados a medida que el país finalmente privatiza algunos de sus recursos energéticos”, refiere.
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