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La convocatoria estará abierta desde el 30 de junio y con cierre de inscripciones el 15 de agosto
Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), a través de su Centro Internacional de Instrucción (CIIASA), anunció que tiene todo listo para impartir el curso de Formación de Sobrecargos de Aviación, con el objetivo de mantener la excelencia en la preparación del personal técnico que resguarda la seguridad y el servicio en vuelos comerciales.
Este nuevo programa ha sido autorizado por la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), a través de su Dirección de Certificaciones de Licencias, y cumple con lo establecido en el artículo 16 del reglamento para la expedición de permisos, licencias y certificaciones del personal técnico aeronáutico.
La formación se impartirá de manera presencial en las instalaciones del CIIASA, combinando clases teóricas y prácticas, y está diseñada bajo estándares internacionales.
El objetivo es que las y los aspirantes a sobrecargo egresen con los conocimientos, habilidades y competencias necesarias para garantizar la seguridad, atención y protección de los pasajeros y la tripulación durante cada vuelo.
El curso abarca 11 materias, entre ellas aerodinámica, meteorología, transporte de mercancías peligrosas, primeros auxilios, procedimientos de emergencia y servicio a bordo. La duración es de tres meses, con una carga académica de 425 horas: 297 horas teóricas y 128 prácticas.
Quienes concluyan satisfactoriamente el programa obtendrán una licencia oficial de sobrecargo emitida por la AFAC, que les permitirá ejercer funciones tanto en México como en el extranjero, con un perfil profesional completo orientado a la seguridad y la operación eficiente en cabina.
La convocatoria para este curso estará abierta del 30 de junio al 15 de agosto, e iniciará el próximo 25 de agosto de 2025. Para mayores informes, los interesados pueden comunicarse al teléfono (55) 5133 1000 ext. 1392 o escribir al correo: eanachesr@asa.gob.mx.
Con esta iniciativa, ASA y el CIIASA refrendan su compromiso con el desarrollo de capital humano altamente capacitado para fortalecer la aviación civil nacional e internacional.
El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina, supervisó la construcción del Entronque Vallarta, en Nayarit, que conectará con la autopista Jala-Puerto Vallarta y el Boulevard Medina Ascencio, el cual permitirá una comunicación más ágil y segura.
Asimismo, el Centro SICT-Nayarit reportó que la autopista Tepic-Compostela, en construcción, lleva un avance mayor al 70 por ciento y se concluirá este año.
Esta carretera beneficiará a más de 800 mil usuarios con una reducción considerable de los tiempos de traslado, ya que pasará de 50 minutos en su recorrido a realizarse en tan solo 25 minutos.
Se construyen 26 km de longitud, con dos carriles de circulación -uno por sentido- y acotamientos laterales con un ancho de corona de 13 metros. La obra se conforma de 31 estructuras: 10 Puentes, 19 cruces y dos pasos de ferrocarril.
Por lo que respecta al recorrido que realizó Esteva Medina al Entronque Vallarta, en compañía del director del Centro SICT-Nayarit, Marco Antonio Figueroa, el titular de esta dependencia constató los avances en los trabajos.
Dicho Entronque resolverá la movilidad en la región a través de dos vías de conexión (gazas) separadas con una longitud de 1,300 metros. por la que circulan a diario más de 60 mil vehículos, por lo que contribuirá a que los desplazamientos de los usuarios sean más seguros y ágiles.
La verificación de obras por parte del secretario Esteva Medina se realizó en el marco de la visita de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a La Yesca, Nayarit, para la presentación del Plan de Justicia del Pueblo Wixárika.
La autopista Jala-Puerto Vallarta, de 173 km, con la que conectará el Entronque Vallarta, inaugurada en diciembre pasado, fue construida por el Gobierno de México a través de la SICT, y permite un ahorro de 2 horas y media en el trayecto entre las ciudades de Guadalajara y Bahía de Banderas.
La carretera cuenta además con un ramal hacia el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta de 5 kilómetros.
La elección de Andrea Marván por consenso de todos los países miembro representa un reconocimiento a la nueva política de competencia que ha impulsado en México, la cual se trata de una agenda que pone en el centro el bienestar de las personas a partir de una interlocución abierta y propositiva con autoridades de los tres órdenes de gobierno, así como de la profundización de la cooperación internacional.
El ICN es un espacio estratégico donde las autoridades intercambian experiencias, mejores prácticas y herramientas para combatir prácticas que más afectan a los consumidores, como acuerdos para manipular precios, repartirse mercados o abusar en las propuestas planteadas en el marco de licitaciones públicas. Este trabajo colaborativo fortalece las capacidades institucionales y permite que las actividades productivas funcionen en beneficio de las personas, especialmente las más vulnerables.
La presidencia de Marván al frente de este organismo es una señal clara del interés por parte de la comunidad internacional en México y una oportunidad única para promover una política de competencia que genere certeza y crecimiento en el marco de una nueva autoridad en la materia.
Hace un llamado responsable y respetuoso al Poder Legislativo para revisar con detenimiento esta iniciativa, convencidos de que un mercado de telecomunicaciones sólido, innovador y competitivo, requiere reglas claras, justas y predecibles
Al participar en el Conversatorio para el análisis de la propuesta de dictamen por el que se expide la Ley en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión y se busca abrogar la actual Ley, la International Chamber of Commerce México (ICC México) destacó que la iniciativa presenta varias inconsistencias constitucionales y violaciones a tratados internacionales, afectando la competencia, la privacidad, la regulación del espectro y el acceso a plataformas digitales, por lo que recomienda revisar y modificar las disposiciones para asegurar un marco normativo adecuado, respetuoso de los principios de competencia, transparencia y derechos fundamentales
Nuestros comentarios buscan contribuir a la construcción de un mercado de telecomunicaciones en México sólido, innovador y avanzado, que garantice competencia efectiva, fomente el desarrollo tecnológico y promueva el acceso equitativo a servicios de calidad, siempre en beneficio de los usuarios y con un compromiso social firme, expresó durante su intervención Miguel Calderón Lelo de Larrea, presidente de la Comisión de Economía Digital de International Chamber of Commerce México (ICC México).
Tras agradecer al Senado la apertura institucional para escuchar las voces del sector empresarial en un tema clave para el futuro digital y económico del país, Calderón Lelo de Larrea, presentó una serie de observaciones jurídicas y técnicas sobre el contenido de la iniciativa, mismas que fueron entregadas formalmente por escrito a las y los legisladores, como parte del estudio técnico de la ICC México, organismo que forma parte de la organización que a nivel global representa a más de 45 millones de empresas en 170 países y es el único organismo empresarial con estatus consultivo ante la ONU, la OMC y otras instituciones internacionales.
Entre las observaciones clave que ICC México realizó en el Conversatorio a la iniciativa de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, se encuentran:
1. Exceso de facultades regulatorias a la nueva Agencia
La iniciativa plantea un esquema en el que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones asumiría funciones regulatorias que el marco constitucional reserva exclusivamente al Congreso. Esto representa una delegación inconstitucional de funciones legislativas y revierte avances de la reforma de simplificación administrativa, vulnerando el principio de legalidad y separación de poderes.
2. Retroceso en transparencia y participación ciudadana
La eliminación de consultas públicas obligatorias por parte del regulador representa un retroceso respecto a las mejores prácticas internacionales. Se recomienda garantizar la apertura regulatoria y la incorporación efectiva de comentarios por parte de los sectores involucrados.
3. Amenazas a la privacidad y seguridad de los usuarios
La posibilidad de que autoridades de seguridad accedan al registro de usuarios sin controles judiciales adecuados implica una grave amenaza a la privacidad y protección de datos personales. Es indispensable establecer protocolos estrictos de encriptación y acceso con orden judicial, para prevenir abusos y filtraciones.
4. Riesgos de censura digital
La Agencia podría bloquear plataformas digitales por supuestos incumplimientos normativos, una facultad que resulta técnicamente ineficaz, desproporcionada y contraria a los estándares internacionales de libertad de expresión. Esta medida genera además incertidumbre jurídica y frena la inversión en el ecosistema digital.
5. Regulación ambigua y sanciones desproporcionadas en publicidad digital
La propuesta impone restricciones similares a las de radiodifusión a la publicidad en plataformas digitales con contenido en México. La redacción ambigua de las disposiciones y sanciones podría derivar en multas excesivas, afectando a actores globales y nacionales del sector.
6. Desbalance regulatorio y violación al T-MEC
La iniciativa propone eximir a entidades públicas con concesiones comerciales de las obligaciones regulatorias aplicables a privados, y permitir la asignación directa de espectro para uso comercial sin licitación. Ambas medidas violan el artículo 28 constitucional y comprometen el cumplimiento de tratados internacionales como el T-MEC, al generar un trato preferencial injustificado.
7. Incertidumbre en materia de espectro e interconexión
Se plantea modificar el calendario para publicar tarifas de interconexión y permitir interconexiones con redes no comerciales, lo cual debilita los principios de certeza jurídica y eficiencia económica. Asimismo, se proponen descuentos en contraprestaciones de espectro cuya aplicación y alcance requieren clarificación urgente.
8. Obligaciones que trasladan funciones del Estado a privados
Los operadores de redes se verían obligados a:
• Financiar el bloqueo de señales en centros penitenciarios, sin compensación ni responsabilidad compartida.
• Ofrecer acceso gratuito a plataformas públicas, lo que podría interpretarse como una medida expropiatoria si no se delimita adecuadamente su alcance.
Desde ICC México hacemos un llamado responsable y respetuoso al Poder Legislativo para revisar con detenimiento esta iniciativa porque estamos convencidos de que un mercado de telecomunicaciones sólido, innovador y competitivo, requiere reglas claras, justas y predecibles, que incentiven la inversión, garanticen los derechos fundamentales y fortalezcan la conectividad para todos los mexicanos.
Asimismo, dijo Calderón Lelo de Larrea, ICC México reitera su disposición para seguir colaborando técnica y constructivamente en la mejora del marco regulatorio, en beneficio del desarrollo económico y digital de nuestro país.
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) pondrá en vigor a partir de mañana un Acuerdo administrativo mediante el cual se delegan nuevas atribuciones a la Subsecretaría de Comunicaciones y Transportes, encabezada por Tania Carro Toledo.
Mediante esta resolución, el secretario Jesús Antonio Esteva Medina confiere a la Subsecretaría la responsabilidad de desarrollar proyectos de infraestructura urbana y de transporte público de pasajeros, así como participar en la construcción y modernización de sistemas de manejo y tratamiento de residuos sólidos.
El Acuerdo, publicado este día en el Diario Oficial de la Federación (DOF), establece que la Subsecretaría podrá:
El Acuerdo también faculta a la Subsecretaría para apoyarse en las Unidades Administrativas adscritas que la SICT determine, a fin de garantizar el cumplimiento de las nuevas atribuciones.
Esta delegación de funciones se enmarca en las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicadas el 28 de noviembre de 2024 en el DOF, las cuales ampliaron las competencias de la SICT en materia de infraestructura urbana, transporte público y gestión de residuos.
El objetivo central es robustecer la capacidad operativa de la Secretaría para impulsar proyectos transformadores de los espacios públicos, alineados con la visión del humanismo mexicano y con un enfoque que promueva, proteja y garantice los derechos humanos, colocando en el centro la dignidad de las personas.
· La meta es la conservación rutinaria de 48 mil 653 km; la conservación periódica de 9 mil 472 km; así como la rehabilitación de 10 autopistas y 9 puentes
· En la primera etapa el programa Bachetón se concluyó la reparación de 45 mil 903 km de carreteras en la República y se repararon 289 mil 694 baches
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) destinarán en 2025 una inversión conjunta de 34 mil 438 millones de pesos para labores de conservación rutinaria -a través del programa Bachetón- y conservación periódica de la Red Federal de Carreteras. Para toda la administración, la inversión acumulada ascenderá a 219 mil 68 millones de pesos.
Bajo la dirección de Jesús Antonio Esteva Medina, la SICT se ha trazado como meta para este año:
CAPUFE y las direcciones generales de Servicios Técnicos, Carreteras y Conservación ya trabajan en acciones de mantenimiento y rehabilitación de puentes vehiculares.
Durante la primera etapa del Programa Bachetón, se rehabilitaron 45 mil 903 kilómetros de carreteras y se repararon 289 mil 694 baches. Además, se realizaron trabajos de renivelación, deshierbe y limpieza de obras de drenaje, fundamentales para garantizar un tránsito seguro y eficiente.
Estas labores contaron con la participación de alrededor de 330 cuadrillas, integradas por 2 mil 373 trabajadores, apoyados con 2 mil 344 unidades de maquinaria especializada, como perfiladoras, compactadoras, extendedoras y excavadoras.
En cuanto al Programa de Conservación Periódica, la SICT concluirá este mes la rehabilitación de 668 kilómetros, de los cuales ya se han rehabilitado 617 kilómetros, lo que representa un avance del 90%. También se ha realizado el deshierbe de 263 millones 417 mil 788 metros cuadrados.
Para fortalecer estas tareas, la SICT adquirirá 20 trenes de repavimentación y maquinaria especializada que permitirá ampliar la capacidad operativa en los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, el oriente del Estado de México y Veracruz.
El objetivo es incorporar equipo tecnificado que reduzca costos y agilice los procesos de conservación, incluyendo fresadoras, compactadoras, extendedoras, máquinas tipo finisher y equipos para el tendido de microcarpetas asfálticas.
Con estas acciones, la SICT y CAPUFE buscan mejorar la movilidad de personas y mercancías, así como reducir los costos de operación del transporte de largo itinerario.
· El órgano regulador, derechos digitales y operadores públicos y privados, entre los temas abordados en la segunda ronda
En la segunda ronda del primer conversatorio sobre la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, especialistas del sector abordaron temas como la creación de un órgano regulador, derechos digitales, espectro radioeléctrico y geopolítica.
Bajo el tema “Análisis de las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión”, las y los participantes en este ejercicio, impulsado por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, también expusieron en torno a la infraestructura de las telecomunicaciones y operadores públicos y privados.
Ana Gaitán Uribe, de R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, afirmó que condicionar los servicios de telefonía móvil al requerimiento de datos personales vulnera el principio de consentimiento, y atenta contra el derecho constitucional de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, afectando a comunidades marginadas.
Señaló que la creación de un registro de usuarios no ayudará a reducir la actividad criminal, pues el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, RENAUT, constituido en 2008, demostró todo lo contrario, ya que en el lapso que operó aumentó en 40 por ciento el delito de extorsión y ocho por ciento el delito de secuestro; además de que existen muchos mecanismos para la suplantación de líneas telefónicas.
Ismael Carvallo Robledo, director general del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE), llamó a considerar que la discusión tiene una implicación geopolítica en el sentido de la “lucha a muerte por el espacio y el poder en el ámbito mundial”.
Sugirió añadir a la legislación el concepto de “geopolítica”, al considerar que la información y la comunicación tienen una alta implicación de poder, así como de injerencia externa y alianzas regionales en el ámbito.
Alfredo Pacheco Vázquez, director general de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, CANIETI, informó que se ha entregado un posicionamiento al Senado de la República en el que propone una revisión al proyecto de ley y discusión de los alcances en el tema de infraestructura pasiva de telecomunicaciones.
La propuesta para otorgar concesiones comerciales al Ejecutivo Federal, a fin de que ofrezca servicios con fines comerciales al usuario final, no genera una competencia justa en el mercado, asentó, ya que éstas pueden darse sin licitación pública alguna, “por ende, recordemos que cuando el Ejecutivo Federal tiene concesiones, queda exento al marco regulatorio aplicable a operadores del sector privado”.
El consultor de Access Partnership, Luis Fernando Borjón Figueroa, consideró que la Agencia de Transformación Digital y de Telecomunicaciones es una idea estupenda de la actual administración, porque tiene el nivel de una secretaría de Estado, lo que la posibilita para establecer proyectos en el ramo.
No obstante, dijo, en materia de telecomunicaciones y radiodifusión se necesita un órgano regulador colegiado, profesional, imparcial y con independencia técnica. Dicho órgano, agregó, podría ser un desconcentrado de la propia Agencia de Transformación Digital.
A su vez, la directora Regional para México, Centroamérica y el Caribe, Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones, Cindy Rayo Zapata, se refirió a la asignación del espectro radioeléctrico, y señaló que aprobar una disposición en los términos planteados podría alterar sustancialmente las condiciones de neutralidad entre operadores públicos y privados.
“Estamos convencidos de que un marco regulatorio moderno, balanceado y tecnológicamente neutral puede detonar la inversión, cerrar brechas digitales y asegurar la cobertura universal. El objetivo es construir una ley que fortalezca el ecosistema digital en beneficio de las y los mexicanos”, añadió.
En su turno, la senadora Beatriz Mojica Morga, de Morena, pidió a las ponentes realizar propuestas para garantizar los derechos de los mexicanos dentro de un modelo de telecomunicaciones que garantice internet gratuito en las comunidades más pobres del país.
Otros temas, indicó, son el garantizar el acceso a las telecomunicaciones y los límites entre la libertad de expresión y la discriminación, el racismo sistémico o el evitar que los niños sean “enganchados” a través de las plataformas.
Gustavo Sánchez Vázquez, senador del PAN, cuestionó el riesgo que corre la autonomía en la conducción de las telecomunicaciones en México, al concentrase en una dirección, contra lo que se tenía hace 10 años.
También se sumó a la propuesta de contar con un órgano desconcentrado que tenga a su cargo el manejo de las telecomunicaciones y “no como ahora se plantea: un centralismo que recuerda a los gobiernos totalitarios”.
Claudia Edith Anaya Mota, del PRI, cuestionó el deseo del Estado por contar con concesiones para uso comercial, sin pagar una contra aportación, ya que genera una distorsión en el mercado.
Lo anterior, porque “al Estado se le pasan ya facultades de legislador, que efectivamente ya tenía el IFT, pero este tenía una figura pública autónoma”, y ahora la agencia reguladora es parte del Ejecutivo que es dueño y quiere usar el espectro.
Por el PT, la senadora Lizeth Sánchez García señaló que vivimos una etapa en la que las telecomunicaciones son la base para el desarrollo educativo, económico, cultural y social, por lo que la legislación que se discute no se limita a redefinir el marco jurídico, sino que responde a retos como la conectividad universal y la soberanía tecnológica.
Luis Armando Melgar Bravo, senador del PVEM, celebró la realización de los conversatorios, aunque lamentó “que no se haya llevado a cabo un parlamento abierto cuando recibimos la propuesta de ley”. Además, inquirió cómo garantizar la objetividad con este nuevo arreglo institucional que concentra todo en una sola persona que depende del Ejecutivo Federal.
En su turno, la senadora de MC, Alejandra Barrales Magdaleno, cuestionó si el Estado mexicano busca pasar de un Estado regulador a un Estado controlador; además, preguntó sobre los riesgos que existen para que la ley siga adelante sin ningún cambio, a pesar del ejercicio de diálogo que se realiza.
Ciudad de México, 8 de mayo de 2025.- El Banco Mundial y la Red Internacional de Competencia (ICN) otorgaron a México un reconocimiento internacional por una evaluación técnica que muestra cómo sancionar prácticas ilegales en licitaciones públicas del sector salud se traduce en beneficios reales para las personas.
El premio se entregó como parte del Concurso de Promoción de la Competencia 2025, en la categoría de mejora en contratación pública y reducción de colusión. La evaluación galardonada fue realizada sobre un caso en el que se sancionó a 11 empresas y 14 personas físicas por coludirse para manipular precios y repartirse contratos en licitaciones públicas de servicios de laboratorio y bancos de sangre en el sector salud. La conducta ilícita provocó un daño estimado de más de mil 389 millones de pesos al erario.
El trabajo ganador, titulado “Mejorando la contratación de servicios de salud pública mediante el uso de evaluaciones ex post”, analiza los efectos concretos tras las sanciones impuestas. Los resultados son contundentes:
Además de estos beneficios económicos, el estudio confirma que restablecer condiciones de competencia en compras públicas mejora la eficiencia del gasto público y fortalece el acceso a servicios clave como la salud. Combatir la colusión no solo evita abusos de poder económico, también permite que los recursos del Estado se usen mejor, con más justicia y más impacto social.
La evaluación fue realizada por dos investigadoras expertas en temas económicos, lo que garantiza un enfoque académico, independiente y basado en evidencia. Este tipo de análisis, conocidos como evaluaciones ex post, son herramientas esenciales para medir el impacto de las decisiones en la implementación de la política de competencia.
Este reconocimiento internacional destaca la importancia de usar herramientas técnicas que permitan tomar decisiones basadas en evidencia para mejorar la política pública. Medir el impacto real de las intervenciones en los mercados ayuda a fortalecer la política de competencia, prevenir prácticas anticompetitivas como la colusión, y asegurar un uso más eficiente del presupuesto público en sectores clave como la salud.
La economía digital ha reconfigurado las estructuras de poder en el mundo. Las grandes plataformas tecnológicas no sólo dominan la interacción social y el acceso a la información, sino que también controlan, de manera creciente, los flujos económicos más relevantes del entorno digital: la publicidad.
Entre todos estos jugadores, Google ha construido un ecosistema cerrado y ha ejercido prácticas anticompetitivas que han levantado alertas regulatorias en diversos países. México no puede permanecer ajeno.
El punto de acuerdo recientemente presentado por el Senador Ignacio Mier del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República es un llamado oportuno y urgente para que la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) emita una resolución sobre la investigación iniciada en 2020 contra Google por posibles prácticas monopólicas relativas en el mercado de la publicidad digital.
En un contexto donde los ingresos por publicidad digital en México superan ya los $6 mil millones de dólares anuales, es menester frenar la consolidación de un modelo cerrado y dominante que tiene implicaciones directas en la competencia, asegurar la supervivencia de startups tecnológicas y medios de comunicación independientes, y, finalmente, mantener la pluralidad y diversidad de contenidos en internet.
El Caso en EUA. El impulso para actuar no sólo nace de la presión local, sino también de los recientes avances en el caso que enfrenta Google en EUA.
A finales de abril de 2025, el Departamento de Justicia (DOJ por sus siglas en inglés) concluyó la fase probatoria en el juicio que sostiene contra la empresa por abuso de poder en el ecosistema publicitario. La acusación no es menor ya que se ha identificado que Google ha manipulado las reglas del juego para favorecer sus propias plataformas —como Google Ads, Ad Manager y AdX— excluyendo a competidores e impidiendo que anunciantes y editores puedan negociar en igualdad de condiciones.
Este juicio ha expuesto documentos internos, acuerdos contractuales y decisiones empresariales que revelan una estrategia deliberada de control total del ciclo de la publicidad digital. El DOJ sostiene que Google ha diseñado intencionalmente un entorno en el que compite en múltiples niveles de la cadena (compra, subasta y distribución de anuncios), y en el que siempre resulta ganando.
Otras Lecciones Internacionales. El caso de EUA no es el único que ha enfrentado Google. Autoridades regulatorias de países como Francia, Reino Unido y la Unión Europea ya han emprendido acciones legales y administrativas contra Google por prácticas similares, de acuerdo con lo señalado por el Punto de Acuerdo.
Francia impuso sanciones millonarias por abuso de posición dominante, mientras que la Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido (CMA) abrió investigaciones formales para vigilar la forma en que Google gestiona sus servicios publicitarios.
Mientras que en la Unión Europea, por su parte, Google ha recibido varias multas por prácticas anticompetitivas, al favorecer sus propios servicios en el mercado publicitario, los resultados de búsqueda y restringir la competencia en su tienda de aplicaciones.
Estas acciones internacionales revelan una tendencia clara: el mundo está reequilibrando el poder en los mercados digitales.
¿Y México? El punto de acuerdo del Senado no busca anticipar un veredicto ni condenar a una empresa antes de tiempo. Lo que exige es que la autoridad responsable cumpla con su mandato y defina si, efectivamente, Google incurrió en prácticas anticompetitivas. De confirmarse, la COFECE tendría que establecer medidas correctivas, considerando estructurales, que garanticen un mercado más transparente y equitativo.
Resolver este caso sentaría un precedente clave para el futuro de la economía digital mexicana, a favor de un ecosistema en el que todos puedan participar en condiciones equilibradas.
México está en un punto de inflexión para la competencia económica en los mercados digitales.