San Luis Potosí tiene 58 municipios en una extensión que abarca el 3.1 por ciento del territorio nacional, el 52 por ciento de la población son mujeres y según datos del último Plan Estatal de Desarrollo, el Índice de Violencia hacia este grupo de población es de casi el 70 por ciento (69.2), es decir, siete de cada 10 mujeres sufren algún tipo de violencia.
Según datos de INEGI, 11 por ciento de la población potosina está constituida por sujetos que hablan lengua indígena (234,815), predominando tres grupos étnicos principales: los tenek o huastecos, los náhuatl y los Xi’Oi o Pames. El reto de evidenciar la violencia sexual en este grupo particular se dificulta porque se vuelve invisible, enmarcada en imaginarios que la “normalizan”, en prácticas sexuales forzadas que se justifican en el contexto matrimonial o en el incesto que intenta justificarse en el marco de los “usos y costumbres”, esta situación termina de volverse más compleja en la ausencia de perspectiva de género que poseen las instituciones encargadas de registrar los incidentes de violencia sexual disgregados por origen étnico.
Investigadoras de El Colegio de San Luis y de otras instituciones, elaboraron el Diagnóstico sobre la violencia sexual contra las mujeres y la trata de personas en el estado de San Luis Potosí (*), en el capítulo siete se aborda en particular la problemática de las mujeres indígenas, elaborado por la investigadora, Yesica Rangel quien comparte algunos de sus principales hallazgos que se basaron en las experiencias de autoridades de instituciones formales que trabajan con mujeres víctimas de violencia.
Señala que los actos de violencia sexual se normalizan en función del desconocimiento que la mayor parte de las mujeres indígenas tienen respecto a los derechos sexuales y reproductivos; a ello se suma la falta de acceso de la educación y capacitación para el trabajo, lo que obliga a algunas mujeres a acceder a encuentros sexuales obligados, desprotegidos y maternidades forzadas por parte de sus parejas.
La asociación que suele establecerse entre matrimonio y “obediencia sexual”, termina por “normalizar” la violación por parte de sus propias parejas. Existe un considerado número de casos en los que la agresión sexual es cometida por familiares directos, incluso padres de las víctimas; situaciones en las que el reconocimiento de la agresión y la decisión por hacer la denuncia se torna compleja, dado que las víctimas suelen tener dificultad para identificar los actos cometidos sobre sus cuerpos como actos de violencia sexual.
Algunas de las mujeres que han sido agredidas no logran auto identificarse como violentadas sexualmente, hasta que una tercera persona, con frecuencia una autoridad educativa, sanitaria o comunitaria, les ayuda a darse cuenta de que la situación que viven es una agresión sexual. El marco legislativo federal y estatal, alienta que la defensa de los agresores busque desvirtuar el delito de violación sexual al de incesto, en una realidad en la que mientras el incesto se constituye en una figura que alcanza fianza, el delito de abuso sexual no.
Durante el tiempo que estas mujeres son violadas dentro del hogar, la propia familia, la comunidad y las instituciones que existen cercanos a sus contextos, parecen ignorar la condición de violencia en que estas mujeres se desarrollan, cuando llega a darse cuenta de dicha condición es una vez que los encuentros sexuales forzados han derivado en el inicio de un embarazo.
Las autoridades entrevistadas por la investigadora, coinciden en señalar que es necesario reconocer que el incesto no es una práctica legítima en las comunidades indígenas, se trata de una problemática social derivada de condiciones adversas para el desarrollo psicosexual como son el hacinamiento y el tabú que históricamente se ha construido en derredor de la sexualidad, es importante poner en la mesa esta consideración porque bajo el discurso que el incesto es parte de “usos y costumbres” el Estado ha limitado su responsabilidad y alcance en la persecución y sanción de los casos.
Es necesario reconocer –considera la investigadora- la omisión que el Estado ha realizado respecto a educar en materia de sexualidad a los grupos indígenas, y la necesidad de reconocer que el desconocimiento de los Derechos Sexuales y Reproductivos representa caldo de cultivo fértil para la violencia sexual. Los Derechos sexuales y reproductivos se deben defender por los sujetos pero también garantizar desde el Estado, buscando en todo momento la congruencia entre el derecho a la diferencia cultural, la autodeterminación y autonomía de los pueblos indígenas; así como a los derechos humanos y sexuales/reproductivos de las mujeres.
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