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La
mayor demanda de condones y sondas de látex proviene de las principales
instituciones de salud pública, como IMSS, ISSSTE, SSA, SEDENA, SEMAR y
PEMEX.
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Las
prácticas anticompetitivas en que incurrieron los agentes económicos
señalados se tradujeron en sobreprecios que impactaron en la capacidad
del Estado para atender otras necesidades
de la población.
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Las multas impuestas en conjunto ascienden a 112 millones de pesos.
El Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE o
Comisión) determinó que las empresas Dentilab, Productos Galeno, Holiday
de México, Trenkes y Productos Adex, así como 7 personas físicas1
que actuaron en representación de algunas de estas, cometieron
prácticas monopólicas absolutas en el mercado de la producción,
distribución y comercialización de condones y sondas de látex,
adquiridos por el sector salud en territorio nacional.
En el expediente DE-024-2013, la Comisión acreditó que se llevaron a cabo las siguientes conductas ilegales:
(i)
Convenios,
contratos, arreglos o combinaciones entre agentes económicos
competidores entre sí que tuvieron por objeto y efecto fijar,
concertar, elevar o manipular, a través de las investigaciones de
mercado, los precios aceptables o máximos de referencia que estableció
el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para la adquisición de
sondas de látex (sondas Foley y sondas Nelaton) en
diversas licitaciones centralizadas; y
(ii)
Arreglos
con el objeto y efecto de establecer, concertar y coordinar la
presentación o abstención de posturas en diversas licitaciones
públicas a las que convocó el IMSS para la adquisición de condones y
sondas de látex.
Con respecto a la manipulación de los precios aceptables o máximos en sondas
Foley y Nelaton2,
a través de las investigaciones de mercado que realizaron las
autoridades convocantes del sector salud para las licitaciones
centralizadas de los años 2011, 2012 y 2013, Productos Adex y Productos
Galeno lograron que los bienes requeridos se cotizaran por
arriba de lo que habrían resultado en condiciones de competencia.
Por
su parte, el arreglo entre Grupo Holy (conformado por Productos Galeno,
Holiday de México y Trenkes) y Dentilab
para concertar y coordinar la presentación o abstención de posturas de
múltiples licitaciones públicas a las que convocó el sector salud para
las adquisiciones de sondas Foley y condones, sucedió entre los años
2009, 2011 y 2012.
En este último acuerdo, Dentilab y Grupo Holy establecieron que:
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Dentilab
mantendría una participación del 80% en los procedimientos de
adquisición de condones a nivel federal y estatal, mientras que Grupo
Holy
obtendría el 20%. Esta conducta ocurrió en 2009, 2011 y 2012.
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Asimismo,
se repartieron el mercado de una licitación de 2012 para la adquisición
de sondas Foley, en 80% para Grupo Holy y 20% para Dentilab.
A partir de esta distribución del mercado, dichas empresas presentaron posturas para ganar o perder las licitaciones,
o se abstuvieron de participar en ellas. De esta forma obtuvieron los porcentajes de mercado pactados.
Vale
la pena aclarar que, a partir de 2006, el IMSS comenzó a realizar
compras consolidadas de estos productos,
por lo que la conducta afectó a las principales instituciones de salud
pública del Estado, como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la Secretaría de Salud (SSA),
la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA),
la Secretaría de la Marina (SEMAR) y Petróleos Mexicanos (PEMEX).
Las
conductas señaladas, además de afectar el proceso de competencia y
libre concurrencia, atentan contra el erario
ya que se tradujeron en el pago de sobreprecios en estos productos,
ocasionando un daño estimado de 177 millones 67 mil 392 pesos.
En
este sentido, el Pleno de la COFECE multó a Dentilab, Productos Galeno,
Holiday de México, Trenkes y Productos
Adex, y a las 7 personas físicas que actuaron en representación de
estas empresas, con montos que en conjunto ascienden a 112 millones 850
mil 638 pesos, los cuales se aplican considerando la capacidad económica
de los sancionados. Asimismo, y debido a que
se trata de procesos de adquisiciones gubernamentales, se ordenó
entregar la versión pública de la resolución a la Secretaría de la
Función Pública para los efectos legales a que haya lugar.
Una
vez que se ha notificado a las partes, la Ley otorga el derecho a los
agentes económicos sancionados de acudir al Poder Judicial
de la Federación para que sea revisada la legalidad de la actuación de
la Comisión.
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