Por Alberto Esteves.
domingo, 5 de junio de 2022
lunes, 20 de septiembre de 2021
* Son más de 53 normas oficiales o leyes generales las aplicadas a los colegios particulares en México, por lo que sería un exceso poner esta nueva disposición; provocaría el cierre casi inmediato de más de 18 mil.
Imponer la NOM 237 por parte de la Secretaría de Economía a través de la PROFECO, sería asestarle un gran golpe a la existencia de las instituciones particulares de educación porque, además de los daños que ese sector ya tiene por la pandemia y los ajustes tecnológicos provocados por el confinamiento, sumados al gran número de obligaciones generales, van a tener que pagar los costos que generará la norma con nuevas inspecciones y verificaciones que necesariamente serán dirigidos a los padres de familia, lo que provocará mayor abandono escolar y limitará la libertad de elección de los mexicanos; más aún limitará el acceso al derecho fundamental a la educación que el Estado mexicano no puede por si solo poner a disposición de la ciudadanía.Jesús Nájera Martínez, consejero de Alianza de Colegios Multiculturales de México dio a conocer que a nivel nacional son más de 53 normas oficiales o leyes generales las aplicadas a los colegios particulares en México, por lo que sería un exceso poner esta nueva disposición, que de ser aprobada los afectados combatirían a través del juicio de amparo por ser inconstitucional.
Los dirigentes de las Instituciones Particulares de Educación expresaron que esta nueva norma incrementaría los costos de las colegiaturas en alrededor de 15%, lo cual provocaría el cierre casi inmediato de más de 18 mil colegios que, por sus características y las de la población que atienden, no podrían absorber los nuevos costos.
Esta autoridad —la Secretaría de Economía—, que no es educativa, busca regular temas como la infraestructura educativa de la que desconoce y ya está bajo la responsabilidad de la Secretaría de Educación, y esto muy probablemente generaría actos de corrupción y quien resultaría perjudicada sería la población, explicó Itzel Carmona, miembro del consejo directivo de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares (CNEP).
Intentar mezclar peras con manzanas, es decir, la educación que es un servicio social, con un producto mercantil, es un despropósito. Creemos que tal vez los funcionarios no lo hacen de mala fe, sino por falta de conocimiento, expresó Jesús Nájera, quien agregó que, sin embargo, en la Secretaría de Economía se niegan a entender que el sector de las escuelas particulares está “sumamente castigado con las normas que ya existen, donde hay una sobre regulación que cada día hace más difícil hacer nuestra labor”.
Además de los gastos y obligaciones normales que toda institución debe cumplir para poder realizar sus labores como licencia de uso de suelo, predial, renta, luz, agua potable y otros, las escuelas particulares necesitan cubrir costos de la Licencia de funcionamiento, dictamen de Protección Civil, de seguridad estructural, el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), capacitación de sus docentes, autenticación del Certificado de Estudios (por ciclo escolar), equivalencia de estudios, autenticación de diploma, título o grado, exámenes extraordinarios y a Título de Suficiencia (por materia por alumno), inscripción por alumno en asignaturas libres, notificación de Examen Profesionales o de grado, de Licenciatura, etc.
Itzel Carmona aclaró que, contrario a lo que las autoridades piensan, las instituciones particulares de educación no son negocios, su objeto social no es el lucro, por el contrario, son asociaciones o sociedades civiles que buscan coadyuvar con una mejor educación para los niños y jóvenes y son una alternativa considerablemente capaz y calificada por la gran mayoría de los padres de familia que acuden a esta modalidad de la educación pública en México.
Los efectos por los costos de la educación particular ya se dejaron sentir durante los dos ciclos anteriores donde hubo un abandono escolar de casi 400 mil alumnos de las escuelas particulares, cuyos padres ya se vieron impedidos de poder costear la educación de sus hijos o los insumos para lograrlo.
La representante de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares (CNEP), Itzel Carmona, agregó que la Secretaría de Economía y la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) tomaron como objeto de la norma las escasas denuncias por abuso en el cobro de las colegiaturas, que son apenas el 0.08%, porcentaje poco representativo, comparado con el universo de alumnos en los planteles de escuelas particulares.
Nájera dijo que los representantes de las instituciones particulares de educación “estamos conscientes de los esfuerzos de este gobierno por cambiar las formas y el fondo de la vida pública en nuestro país y nos formamos del lado donde se camina para lograr el tan ansiado combate a la corrupción, que nos permita transitar hacia un país cada vez más democrático y con mayores oportunidades para todas y todos los mexicanos”.
Pero también, como lo expresaron en las reuniones con la Secretaría de Economía a través de la Dirección General de Normas, “nos negamos a pensar que el actual gobierno pretenda, sea por falta de experiencia o por una decisión ideológica, intentar el desmantelamiento de una parte importante del Sistema Educativo Nacional como somos las asociaciones y sociedades civiles que coadyuvamos con los fines del artículo 3º Constitucional”.
domingo, 15 de agosto de 2021
- Desde el inicio de la contingencia sanitaria, Profeco ha atendido dos mil 586 denuncias por aumento injustificado de precios de estos insumos
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha impuesto multas por un monto que asciende a seis millones 489 mil 803 pesos, a establecimientos que incrementaron injustificadamente los precios de productos para prevenir o atender los padecimientos provocados por la Covid-19.
Así lo notificó esta institución a la Comisión Permanente, mediante un oficio con el que respondió a un exhorto relativo a vigilar y sancionar a las empresas que vendan a sobreprecio o abusen de los consumidores que requieren de insumos, medicamentos y productos para atender los padecimientos originados por el nuevo coronavirus.
La Profeco señaló que desde el inicio de la contingencia sanitaria ha atendido dos mil 586 denuncias recibidas por vía telefónica, correo electrónico y por escrito, debido al incremento injustificado de precios.
Por cada una de las denuncias recibidas, explicó la Procuraduría, se emitió la orden de verificación que establece la legislación, para llevar a cabo la visita correspondiente y constatar que el proveedor cumpla con la ley.
Derivado de lo anterior, mil 896 establecimientos resultaron con visita correcta, ya que no se detectó violación alguna; en 646 comercios se detectaron infracciones y a 153 se les impuso medida precautoria de suspensión de la comercialización de bienes, productos o servicios.
Cabe señalar que, al día de hoy, de los 646 procedimientos administrativos iniciados, se han resuelto 288, y la suma total económica por concepto de multa asciende a seis millones 489 mil 803 pesos, subrayó la Profeco en el documento enviado a los legisladores.
Además, se realizaron dos mil 610 visitas de vigilancia a proveedores para constatar que cumplan con lo establecido en la ley. Y la dependencia dejó en claro que dichas visitas continuarán realizándose por tiempo indefinido.
Profeco refirió que, durante 2020, se identificó que algunos proveedores ofrecían productos para atender los padecimientos originados por la Covid-19, como esterilizadores, mascarillas, jabones, entre otros, por lo que inició cinco procedimientos por considerar que algunos de ellos violaban la ley.
Finalmente, la Procuraduría Federal del Consumidor refrendó al Congreso su compromiso de evitar aumentos injustificados a los insumos, medicamentos y productos, que se ofrecen para atender el nuevo coronavirus, y sancionar a los proveedores que pretendan lucrar a costa de los consumidores mexicanos.
sábado, 14 de agosto de 2021
- Es urgente proteger a los que menos tienen, considera el senador Manuel Añorve Baños
Las familias mexicanas, además de tener que sufrir el mal manejo de la emergencia sanitaria, también son víctimas de los aumentos injustificados en los precios de los productos básicos, aseguró el senador del PRI, Manuel Añorve Baños.
Por ello, a través de un punto de acuerdo, propuso citar a comparecer al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, para que explique a las y los legisladores la estrategia para hacer frente al alza de precios en la canasta básica.
El legislador planteó la necesidad de conocer cómo se protegerá a las y los mexicanos, en especial, a los más desfavorecidos.
Añorve Baños señaló que la canasta básica se encareció 6.3 por ciento en el último año y que los artículos del sector pecuario que más aumentaron de valor fueron el pollo, la carne de res, la leche pasteurizada, la carne de cerdo, el jamón y la leche condensada.
En cuanto al sector de granos, refirió que el arroz fue el que registró un mayor incremento, seguido del frijol, el pan bolillo, la gelatina, la pasta para sopa, la harina de trigo, los aceites y las grasas, la tortilla, el pan de caja, los chiles en lata, refrescos y el atún.
Mientras que las frutas también se encarecieron, ya que el costo del limón sin semilla se disparó 53.8 por ciento; además subió de precio el mango, la uva, la naranja, manzanas, durazno, guayaba y la toronja.
Resulta urgente hacerle frente a esta alza de precios y proteger a los que menos tienen, señaló el senador, en el punto de acuerdo que fue enviado a la Tercera Comisión, para su análisis y dictamen correspondiente.
Además de padecer el mal manejo gubernamental de la pandemia, las y los mexicanos, son víctimas de la inoperancia de las autoridades, encargadas de protegerlos frente a dichos aumentos, expresó.
sábado, 3 de octubre de 2020
- Para presentar una queja los consumidores tienen que trasladarse a Tlaquepaque, Jalisco, e invertir tiempo y dinero, denuncian
La senadora Gabriela Benavides Cobos presentó un punto de acuerdo, donde hace un exhorto a la Secretaría de Economía reconsidere el haber retirado las oficinas de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) del Puerto de Manzanillo y de la capital de Colima, debido a que un número importante de ciudadanos se han visto afectados para presentar sus quejas y ha provocado un impacto negativo en los derechos de los consumidores de toda la entidad.
La legisladora del PVEM afirmó que a la austeridad emprendida por el gobierno actual, la dependencia decidió retirar las unidades de atención en el estado de Colima en 2019, y para presentar una queja de manera presencial ante la PROFECO, los consumidores tienen que trasladarse hasta la ciudad de Tlaquepaque, Jalisco.
Benavides Cobos explicó que un ciudadano de dicha capital tiene que invertir alrededor de seis horas de su tiempo y cerca de mil 200 pesos en el pago de gasolina y castas para acudir a la dependencia, utilizando su automóvil particular; en caso de usar transporte público, el tiempo y costo aumenta.
Del puerto de Manzanillo, se estiman ocho horas de traslado y mil 500 pesos, de inversión comentó la senadora.
Al no existir ventanillas de la Procuraduría, dijo, las cifras de quejas en Colima han disminuido radicalmente, puesto que muy pocas personas han tenido las posibilidades de soportar un gasto económico y de tiempo.
Refirió que bajo el argumento de cumplir con las medidas de austeridad, también fueron cerradas de manera definitiva dos delegaciones, ocho subdelegaciones y cuatro unidades de servicio de la Profeco.
La senadora recordó que la Procuraduría tiene las funciones de proteger y defender los derechos de las y los consumidores; generar una cultura de consumo responsable; proporcionar información oportuna, objetiva y útil para definir las compras, así como implementar métodos de atención rápida y accesible para la población, a través de las tecnologías de la información.
De no rectificar, la propia dependencia estaría violentando la Ley Federal de Protección al Consumidor, que señala la obligación del Estado de ofrecer protección a los consumidores un mecanismo fácil, inmediato, así como un ente cercano a la gente, concluyó.
El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Economía, para su estudio.
miércoles, 28 de diciembre de 2016
viernes, 12 de febrero de 2016
· Se exhorta a la población a que, en caso de detectar un incremento en el costo vigente, lo reporte a la PROFECO.
Los industriales de la masa y la tortilla llegaron a un acuerdo con el Gobierno del Estado de Jalisco para mantener los precios que actualmente se tienen en el mercado.
El titular de la SEDER, Héctor Padilla Gutiérrez, explicó que en la mesa de trabajo que integraron autoridades y los industriales del ramo se comprometieron a que en los lugares en donde está más caro se baje para que el costo actual del kilo de tortilla que va de los 9 y hasta los 14 pesos en algunas tiendas de conveniencia y el poniente de la ciudad, no se incremente.
El jefe de verificaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), Gustavo Rubio López, afirmó que las revisiones a las tortillerías continuarán y aquellas que no respeten lo establecido, serán sancionadas.
El titular de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social de Jalisco (SEDIS), Miguel Castro Reynoso, destacó que esta mesa de trabajo deberá tener resultados que incidan directamente entre la población que no tiene acceso a los requerimientos indispensables de bienestar y que la canasta básica sea accesible a los ciudadanos de menos recursos.
A la reunión acudieron también la representante de Industriales del Maíz Grupo Beta, Zenaida Guzmán Tabares; el dirigente de Grupo de Industriales Unidos de la Masa y la Tortilla, Arturo Solano Andalón y la Asociación de industriales de la Masa y la Tortilla, Morayma Preza Espinoza.
De parte del sector público estuvieron también la subdelegada de la Secretaría de Economía, Mireya Chávez Macías, así como representantes de la Secretarías de Desarrollo Económico.
EL DATO
· En Jalisco se tiene una estimación de que existen 7 mil giros industriales de masa y tortilla de maíz.
FUENTES. SEDER.SEDIS.