• Las redes sociales son fuentes de datos de fácil acceso para los delincuentes, advierte Espino de la Peña 
  
   
  
  
  El senador Rafael Espino de la Peña propuso que se persiga de oficio y se sancione con una pena de cuatro a ocho años de prisión, y una multa de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, a quien, sin autorización del titular, manipule un sistema de nombres de dominio o cree uno atribuyéndose la identidad digital de otra persona, y ocasione un daño moral o patrimonial, y obtenga un lucro indebido o aprovechamiento.  
  
   
  Dicha penalidad se aplicará al que, sin orden judicial previa, intercepte, desvíe o grabe, en cualquier forma, un dato informático en su origen, destino o en el interior de un sistema informático, una señal o una transmisión de datos o señales con la finalidad de obtener información registrada o disponible. 
  
   
  En la iniciativa que busca reformar el Código Penal Federal y la Ley de la Fiscalía General de la República, el legislador de Morena tambien plantea la creación de la Fiscalía Especializada en delitos en los que se utilicen en medios electrónicos, ópticos, telecomunicaciones, sistemas y equipos de informática por cualquier tecnología. 
  
   
  Rafael Espino refirió que las redes sociales son fuentes de datos de fácil acceso en las que se puede obtener información sobre una persona: nombre, edad, fecha de nacimiento, fotografía, información de tipo familiar, escolar, laboral, entre otra, que facilitan a los delincuentes el robo de identidad. 
  
   
  De acuerdo con la Asociación de Bancos de México, los casos de robo de identidad, a través de la suplantación de páginas digitales de las instituciones financieras, se incrementó de forma importante, y las personas adultas mayores son el grupo más vulnerable con 35 por ciento de los casos. 
  
   
  Agregó que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en su Informe sobre Incidencia Delictiva, dio a conocer que se registraron dos mil 590 denuncias por falsedad en los primeros seis meses de 2022, que clasifican al robo de identidad como denuncias por falsedad. 
  
   
  El senador destacó que el robo de identidad implica tomar información personal y financiera de las personas o empresas para suplantarlos y con ello obtener créditos.  
  
   
  Dichas instituciones alertaron sobre el aumento de las reclamaciones relacionadas con el robo de identidad. Sólo en 2021, la CONDUSEF reportó 49 mil 871 reclamaciones por posible robo de identidad en el sistema financiero. 
  
   
  Espino de la Peña advirtió que el robo de identidad tiene consecuencias graves que pueden requerir de tiempo y recursos económicos para resolverse. Por lo general, a las víctimas les lleva mucho tiempo darse cuenta de esta situación, y una vez que sucede es muy difícil recuperarla, así como tener problemas en el futuro. 
  
  
  Agregó que esta conducta de usurpación de identidad no está tipificada en el Código Penal Federal, a pesar de que 22 normas locales la consideran un delito en su ley penal con diferencias en la conducta o el hecho cometido, las sanciones penales, administrativas y las agravantes.  
  
   
  El legislador comentó que Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Puebla, Querétaro, Tabasco, Veracruz y Yucatán, son las entidades que todavía no incluyen el tipo penal en su legislación.  
  
   
  La iniciativa, que fue inscrita en la Gaceta Parlamentaria del 12 de abril, se turnó a las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda. 
  

Proponen hasta ocho años de prisión para robo de identidad por medios electrónicos

• Prisión Redes sociales Robo de identidad por medios electrónicos
• At 4/17/2023 01:59:00 a.m.
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-Implica quien transporte, acopie, almacene o transforme madera en rollo, astillas, carbón vegetal, así como cualquier otro recurso forestal.

La Comisión de Justicia, que preside el senador Rafael Espino de la Peña, avaló una reforma para aumentar las sanciones a quien, de forma ilícita, transporte, comercie, acopie, almacene o transforme madera en rollo, astillas, carbón vegetal, así como cualquier otro recurso forestal maderable, o tierra procedente de suelos forestales, en cantidades superiores a cuatro metros cúbicos o su equivalente en madera aserrada. 

De acuerdo con el dictamen aprobado, se podrían imponer de dos hasta 12 años de prisión, y la multa oscilaría entre 500 y cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.  

Los senadores explicaron que la legislación actual mandata que esta pena puede ir de uno a nueve años de cárcel y de 300 a tres mil días de multa. 

Entre los cambios al artículo 419 del Código Penal Federal, se plantea imponer la obligación de participar en acciones o actividades de saneamiento de los ecosistemas forestales por lo menos un año, como parte de las medidas correctivas. 

Además, se impondrían las mismas sanciones a los servidores públicos que faciliten o se involucren en los actos sancionados por ese artículo, sin prejuicio de las sanciones administrativas y de responsabilidad de los funcionarios.

En ese sentido, el presidente de la Comisión de Justicia comentó que en el estado de Chihuahua la presencia de la tala ilegal se ha incrementado, por la presencia del crimen organizado. 

Raúl Bolaños-Cacho Cue, senador del PVEM, destacó que los bosques generan una cantidad importante de servicios ambientales que proporciona muchos beneficios a la diversidad y al desarrollo de las sociedades, por lo que consideró responsable combatir la tala ilegal, a través de sanciones más severas. 

De Movimiento Ciudadano, el senador Noe Castañón Ramírez dijo que además de coincidir con el objetivo del dictamen, espera que estas sanciones sean aplicadas lo antes posible, ya que el comercio ilegal de maderas finas, en Chiapas, es uno de los crímenes que más atentan contra el libre desarrollo de la vida y lesiona el futuro de la nación. 

Por su parte la senadora Lucía Trasviña Waldenrath, dijo que este tipo de propuestas coadyuva a la protección y el rescate de los bosques, así como de las maderas muertas que, en muchos casos, son el hábitat de algunas especies de flora y fauna. 

Otro de los dictámenes aprobados en la reunión de trabajo de este jueves, plantea que, en los casos de nacimiento de hijas e hijos de mujeres privadas de la libertad, dentro de los centros penitenciarios, la autoridad penitenciaria debe garantizar, en la medida de sus posibilidades, el registro del nacimiento y la expedición del acta respectiva, lo antes posible. 

En el proyecto, que busca reformar diversas disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se expone la inclusión del arte como parte de las actividades, para lograr la reinserción social de los internos y que éstas serán extensivas a las hijas o hijos de las personas reclusas. 

Avala Comisión de Justicia imponer hasta 12 años de prisión por comercio ilegal de recursos maderables.

• Justicia Prisión Transporte
• At 8/11/2022 11:15:00 p.m.
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• Reconoce el diputado Aguilar Piña que la persecución y sanción de este delito es complejo, derivado de su diversificación.
   

El diputado Kevin Ángelo Aguilar Piña propuso una iniciativa para reformar el Código Penal Federal a fin de establecer como agravante que, si el delito de extorsión es cometido desee ell interior de un centro penitenciario por una persona privada de su libertad, la pena a aplicarse deberá ser de dos a ocho años de prisión y de 40 a 160 días de multa. 

 

El proyecto de decreto que busca reformar y adicionar un párrafo tercero al artículo 390 del Código, establece que la pena aumentará en una mitad más si la victima fuere menor de edad o mayor de 60 años o si la persona no tiene la capacidad para comprender el significado del hecho o la capacidad para resistirse. 

 

El legislador del PVEM reconoció que delito de extorsión se ha incrementado de forma alarmante en México durante la última década, pues a pesar de encontrase totalmente tipificado en dicho instrumento legal, su persecución y sanción se han vuelto muy complejas derivado de su diversificación. 

 

Por esta situación, asentó, existe la obligación de robustecer los marcos normativos que contemplen tipos penales y sanciones ejemplares para castigar las conductas antisociales que afectan la tranquilidad y la paz social. 

 

Además, reconoció que una de las formas más comunes de extorsionar es a través de llamadas telefónicas, delito que ha incrementado, por lo que las autoridades establecieron medidas especiales debido a que un número importante de llamadas se realiza desde el interior de las diferentes cárceles del país. 

 

Aguilar Piña refirió que diversos estudios en criminología y sociología destacan que el incremento en las penas privativas de la libertad puede contribuir en aminorar el fenómeno delictivo, no obstante, dijo, deben acompañarse de políticas públicas integrales para un resultado altamente efectivo. 

 

Lo anterior, dijo, porque hay una importante cifra negra -delitos que no se denuncian- que impiden conocer de forma real la magnitud del problema y el impacto económico negativo que genera en las víctimas y en la sociedad. 

 

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.  

Plantean aumentar penas a reclusos que extorsionen desde centros penitenciarios.

• Delitos Prisión Seguridad Senado
• At 7/28/2022 12:34:00 a.m.
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