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viernes, 16 de agosto de 2024

 ANTECEDENTES Y MARCO JURÍDICO


El 05 de febrero de 2024, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos presentó ante la mesa directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma al Poder Judicial, cuyos objetivos principales son: 1. Nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 2. Elección popular de Ministros, Magistrados y Jueces; 3. Sustitución del Consejo de la Judicatura Federal a través de órganos administrativos y disciplinarios independientes; y, 4. Nuevas reglas procesales, respecto al equilibrio de poderes.


El Congreso de la Unión convocó a los llamados “Diálogos Nacionales sobre la Reforma Judicial”, del 27 de junio al 09 de agosto de 2024, para un ejercicio de “parlamento abierto”, a través de foros en distintas sedes de la República Mexicana, donde se propuso dar intervención a Ministras, Ministros, Magistradas, Magistrados, Juezas y Jueces de Distrito, Asociaciones, miembros de la academia y sociedad en general; lo cual quedó en realidad reducido a una “simulación” de consulta parlamentaria, pues no se dio la oportunidad de participación en diversas sedes a titulares miembros de la asociación, además de que en uno de los foros se interrumpió la transmisión del micrófono en la intervención que realizaba un Juzgador Federal, sólo para mencionar algunos incidentes, pero en lo medular, ese ejercicio no cumplió con las características de una consulta parlamentaria para casos de reformas al Poder Judicial que requieren de un umbral de debate mayor que para otro tipo de proyectos; ello en función de los estándares de los Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura de Naciones Unidas.


La referida iniciativa, de aprobarse y cobrar vigencia se traduce en:


i) Destitución masiva y sin juicio previo de las personas juzgadoras que actualmente integran los Poderes Judiciales mexicanos.

ii) Su reemplazo por personas elegidas mediante un proceso de votación popular extraordinario en 2025.

iii) La reducción de las remuneraciones de las personas juzgadoras.

iv) La imposición de un modelo disciplinario de única instancia, sin derecho a un recurso efectivo, así como otros cambios laborales, sociales y jubilatorios regresivos.

v) Afectaría la división de poderes y la carrera judicial que es fortaleza de la independencia judicial.


Los Principios de Bangalore sobre la conducta judicial destacan el de Independencia Judicial, requisito previo al principio de legalidad y una garantía fundamental de la existencia de un juicio justo, un juez deberá defender y ejemplificar la independencia judicial, tanto en sus aspectos individuales como institucionales.


En su aplicación, deberá ejercer la función judicial de forma independiente, libre de cualquier influencia ajena, de investigaciones, de presiones, amenazas o interferencias, sean directas o indirectas, provenientes de cualquier fuente o por cualquier razón [artículo 1.1] y deberá estar libre de conexiones e influencias inapropiadas con los poderes Ejecutivo y Legislativo [artículo 1.3].


Los Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura establecen en el artículo 8o, en consonancia con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y, al igual que los demás ciudadanos, que los miembros de la Judicatura gozarán de las libertades de expresión, asociación y reunión.


El artículo 9o previene que los jueces gozarán del derecho de constituir asociaciones u otras organizaciones que tengan por objeto representar sus intereses, promover su formación profesional y defender la independencia judicial.


La Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos [caso Cambas vs. Ecuador] determina el derecho de los jueces a defenderse cuando se ven amenazados derechos fundamentales y la independencia judicial.


Los artículos 9o, 49 y 94, Constitucionales, respectivamente, previenen: a) Que no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; b) El Supremo Poder de la Federación, se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial; y, c) Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia de la Nación, un Tribunal Electoral, Plenos Regionales, Tribunales Colegiados de Apelación y en Juzgados de Distrito (párrafo primero), así como el principio que rige la carrera judicial al indicar que la ley establecerá la forma y procedimientos mediante concursos abiertos para la integración de los órganos jurisdiccionales, observando el principio de paridad de género.


Es importante destacar los principios rectores de la carrera judicial que consisten en excelencia, profesionalismo, objetividad, imparcialidad e independencia.


Atendiendo a los principios fundamentales expuestos, las y los titulares ejercieron el derecho fundamental de reunión y el 08 de octubre de 2002 constituyeron la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación.


En Asamblea General Extraordinaria celebrada el 29 de septiembre de 2021, se aprobaron los nuevos estatutos de la asociación, en donde en el Capítulo Segundo, Título I, destacan el objeto y fines sociales:


“Artículo 6. Objeto y fines sociales.

La Asociación tiene como objeto y fines:

A) OBJETO

I. Representar a las y los asociados para la defensa de sus intereses generales inherentes a la función de juzgadores o los relacionados con cualquier acto que vulnere su independencia y autonomía judicial.

II. Velar, propugnar y defender los principios constitucionales que inspiran la carrera judicial: excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia, igualdad y paridad de género.”


En reuniones de las mesas directivas nacional (8 de agosto de 2024) y conjunta con regionales (9 del propio mes y año) se aprobó por unanimidad de los que asistieron, realizar las acciones necesarias para la suspensión de las actividades jurisdiccionales como medio legítimo de defender la independencia judicial para evitar la regresividad de la calidad de la justicia en los términos que propone el Plan C; propuesta que fue planteada por diversos titulares y circuitos en asamblea general extraordinaria de 18 de junio de 2024.


Lo que se reiteró en la lectura del posicionamiento de la Directora Nacional de la JUFED en el Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación en San Lázaro, Ciudad de México, el 13 de agosto de 2024, donde destacó:


“32. Los y las integrantes de la judicatura formamos hoy válidamente una coalición para la defensa de la independencia judicial y, en su caso, acordar la suspensión temporal del trabajo, en uso de un derecho de rango máximo.”Para justificar una medida de tal trascendencia, y al no existir precedente alguno en el ámbito nacional, es necesario tener el respaldo de la mayoría de las y los titulares de los órganos jurisdiccionales federales para tener la legitimación que nos dé fortaleza ante los poderes ejecutivo y legislativo, pero sobre todo, por la atención y respeto que la sociedad en general merece.


La suspensión de la actividad jurisdiccional es un acto jurídico que sólo puede decretar la mayoría de un colectivo que disfruta del mismo derecho, por lo que hay que satisfacer requisitos sustantivos y formales.


Resulta indispensable acudir a los principios y normas contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el artículo 40 establece que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República, representativa, democrática, laica y federal.


La democracia se ejerce mediante elecciones libres, y se manifiesta en su plenitud con la participación de los titulares en la que se expresará su voluntad por medio del voto personal, libre y secreto.


El presente documento tiene como finalidad convocar a votación para la suspensión temporal de las actividades jurisdiccionales derivada de la iniciativa de Reforma Judicial presentada por el Poder Ejecutivo, misma que será discutida por el Poder Legislativo.


Lo que se pretende con la suspensión anunciada, consiste en:

1. Se respete el Estado de Derecho por medio de la garantía de la independencia judicial y no se ponga en riesgo la carrera judicial mediante la elección por voto popular para acceder a los cargos de Jueces, Magistrados y Ministros del Poder Judicial de la Federación.


2. Al amparo de nuestro deber de defender la independencia judicial, las personas juzgadoras pedimos al Congreso que detenga el actual proceso de reforma, dadas sus tantas imperfecciones, para reencauzar la discusión pública hacia una reforma integral bien meditada para enfrentar las causas estructurales que vienen debilitando sostenidamente la calidad de la justicia.


La suspensión de actividades jurisdiccionales comprenderá a todos los órganos del Poder Judicial de la Federación que ejerzan esa función, siendo estos los Plenos Regionales, Tribunales Colegiados de Circuito, Tribunales Colegiados de Circuito Auxiliares, Tribunales Colegiados de Apelación, Centros de Justicia Penal Federal, Juzgados de Distrito, Juzgados de Distrito Auxiliares, Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones y Tribunales Laborales Federales de Asuntos Individuales y Colectivos.


En ese contexto, debe resaltarse que la suspensión de las actividades planteada será pública y pacífica, de acuerdo a lo establecido en la observación general 37.2 del Comité de Derechos Humanos, donde se contempla el reconocimiento del derecho a organizarse y participar en reuniones pacíficas como medios de denuncia, parte indispensable de una sociedad pluralista y tolerante; la ausencia de ese derecho es una señal de represión y falta de democracia.


De igual forma, y con la intención de que este movimiento no altere el orden público, así como la protección de derechos y libertades de la sociedad en general relacionadas con el acceso a la justicia, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional, en concordancia con los diversos 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, y en la observación general 37.50 del Comité de Derechos Humanos, donde se contemplan una lista exhaustiva de los fines legítimos que pueden restringir ese derecho; y, en términos del artículo 29 Constitucional, no se podrán restringir ni suspender el ejercicio de derechos, ni las garantías judiciales indispensables para la protección de los mismos, incluyendo su tutela jurisdiccional, por lo que se mantendrá la atención de asuntos urgentes, que se realizará conforme al calendario de guardias regulares que establecido por el Consejo de la Judicatura Federal.


La relación de los asuntos urgentes se precisará en la declaratoria formal de suspensión de labores que en su caso se emitirá una vez que se cuente con el acta de escrutinio, por lo anterior y de acuerdo al estado en que se encuentra el proceso legislativo de la llamada reforma judicial se somete a votación el siguiente punto de acuerdo:


“La suspensión de labores dará inicio a las 00:00 horas del día miércoles 21 de agosto de 2024 y continuará, hasta que se cumplan nuestras peticiones, y dicha suspensión se levantará con la aprobación de las Mesas Directivas Nacional y Regionales de la JUFED.”


Esta asociación, está abierta al diálogo cierto que dé pauta a una negociación en la que a través de consensos se llegue a la mejor de las propuestas por el bien del Poder Judicial de la Federación como garante de la seguridad jurídica en México.


Se señala domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en: Carretera Picacho Ajusco número 200, Piso 7, ala sur, Colonia Jardines de la Montaña, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, C.P. 14210.


Por los motivos y fundamentos expuestos, así como en lo dispuesto, en lo conducente y por analogía en los artículos 33, 37 y 41 de los Estatutos de la Asociación y dado que la propia JUFED participa de procesos abiertos, democráticos y deliberativos, y con el fin de conocer el sentir de todos los titulares, se les convoca a participar en el proceso que se llevará a cabo:


1. El próximo lunes 19 de agosto de 2024, de las 9:00 a las

 00 hrs (Hora del centro).


2. El padrón de las y los asociados que podrán ejercer ese derecho, son los que estén registrados al 31 de julio del año en curso, de conformidad con la información proporcionada por la Directora Nacional de Registro.

3. En atención a la causa, por su trascendencia, es necesaria la participación de no solo los afiliados a la asociación, sino de la totalidad de los titulares, por lo que la votación está dirigida para:

a. Titulares asociados.

b. Titulares no asociados.

c. Personas vencedoras de los concursos de oposición asociadas que se encuentren realizando dichas funciones o pendientes de adscripción, a la fecha señalada.

d. Secretarias, secretarios en funciones de jueza, juez, magistrada o magistrado a la fecha señalada.

4. El ejercicio del voto se realizará:

a. Vía electrónica.

b. Mediante la liga correspondiente que se remitirá a los correos institucionales de cada titular, que a su vez dirige al sistema “Microsoft Forms”, donde se realizará la votación.


La liga se remitirá el viernes 16 de agosto de 2024, una vez publicada la presente convocatoria y se habilitará para la votación el lunes 19 de agosto del mismo año.


c. Sólo podrán ingresar mediante el correo institucional del Consejo de la Judicatura Federal.


d. El voto será personal, libre y secreto, y se garantizará el absoluto anonimato y el sentido de la votación.


Los pasos a seguir para emitir el sufragio, están disponibles en el ANEXO 1 de esta convocatoria.


NOTA: Los correos autorizados para el envío de las ligas de votación son: jrsegovia@cjf.gob.mx, ngcedillo@cjf.gob.mx, dchavira@cjf.gob.mx y crdeleon@cjf.gob.mx


5. Terminada la jornada se levantará un acta de escrutinio con los resultados de la votación.

El acta de cómputo de votos se constituye como un mandato general que permita a la JUFED, como representante y a efecto de ejercer la legitimación que de ello deriva, para realizar los actos declarativos y ejecutivos necesarios para satisfacer el mandato.

6. Concluido el proceso anterior, la Directiva Nacional de la Asociación, emitirá el comunicado en el que hará del conocimiento de los participantes, del Consejo de la Judicatura Federal y de la opinión pública, el resultado de la votación. Asimismo, se procederá en su caso, a emitir la declaratoria formal de suspensión de las actividades jurisdiccionales.


Todo lo no previsto en la presente convocatoria, será resuelto por la Directiva Nacional.


                                    Atentamente

“Por el honor y la defensa del Poder Judicial de la Federación"


(Firmado electrónicamente)

Jueza Juana Fuentes Velázquez

Directora Nacional


(Firmado electrónicamente)


Magistrada Iliana Fabricia Contreras Perales

Directora Nacional de Organización

Convocatoria de JUFED a votación para la suspensión temporal de las actividades jurisdiccionales derivada de la iniciativa de Reforma Judicial presentada por el Poder Ejecutivo, misma que será discutida por el Poder Legislativo.

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miércoles, 17 de julio de 2024

 Preocupa al dirigente nacional del Sindicato patronal, José Medina Mora Icaza, que empresarios extranjeros detengan sus colocaciones de capital si nuestro país aprueba la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular; “el futuro de nuestro sistema de justicia está en juego”, dijo Armando Zúñiga Salinas



El presidente Nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Medina Mora Icaza, destacó la importancia de preservar un sistema judicial que garantice justicia expedita y segura, esencial para atraer y mantener la inversión extranjera, porque en este momento hay grandes oportunidades derivadas del proceso de relocalización (nearshoring), proyectos validados con financiamiento autorizado, que están detenidos por la incertidumbre jurídica ocasionada por la posible aprobación de una Reforma Judicial impulsada por el Poder Ejecutivo.

"Lo que nos han dicho es que si México entra en la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular detendrán esas inversiones. Eso es lo que nos preocupa De por sí la inversión extranjera directa prácticamente es reinversión de utilidades, hay muy poca inversión fresca, el gran potencial es esa inversión fresca y tenemos que darle certidumbre jurídica para que llegue", destacó en la inauguración del primero de tres foros sobre la iniciativa de Reforma al Poder Judicial organizado por el centro empresarial de Coparmex Ciudad de México, en colaboración con la Barra Nacional de Abogados.

Medina Mora aseguró que guiados por expertos jurisconsultos buscarán “encontrar cómo mejoramos el Poder Judicial para que haya una mayor certidumbre jurídica para los ciudadanos, para las familias, para las empresas y para los inversionistas y con esto podamos tener un mejor desarrollo para el país”.

Con la participación de expertos y organizaciones de la sociedad civil, el foro busca recopilar propuestas para que el Poder Judicial sea mejor de lo que es ahora, pero sin comprometer su independencia e imparcialidad.

Próximamente, se realizarán foros en Guadalajara y Monterrey, con el objetivo de presentar una propuesta integral de reforma judicial a finales de agosto, asegurando un entorno más seguro y atractivo para la inversión en México, informó el dirigente empresarial.

Armando Zúñiga Salinas, ex presidente de Coparmex Ciudad de México, subrayó la importancia de analizar cuidadosamente cualquier reforma judicial, resaltando la necesidad de garantizar un sistema justo y equitativo. Entre los puntos más destacados, Zúñiga enfatizó la controversia en torno a la propuesta de elegir a jueces y magistrados por voto popular, una medida que, aunque busca mayor legitimidad, podría comprometer la independencia judicial.

En su intervención, Zúñiga destacó que la justicia es el pilar fundamental de cualquier sociedad democrática, garantizando el respeto a los derechos y la aplicación equitativa de las leyes.

En el foro abordó la necesidad de incrementar la transparencia, fomentar la participación ciudadana y reforzar la carrera judicial basada en méritos. Se resaltó también la importancia de establecer mecanismos efectivos de supervisión y disciplina para asegurar un funcionamiento óptimo del Poder Judicial.

La intención, dijo, es recopilar ideas y propuestas para presentar una reforma integral que mejore el sistema judicial mexicano porque “el futuro de nuestro sistema de justicia está en juego y es responsabilidad de todos contribuir a su a su fortalecimiento”.

La Vicepresidenta de Estado de Derecho, Democracia y Seguridad de Coparmex Ciudad de México, Leticia Rodríguez Moctezuma, expresó que la elección de jueces, aunque busca incrementar su legitimidad en la impartición de justicia “representa riesgos significativos. Hemos visto cómo podrían llegar a una politización de la justicia. Incrementar la transparencia y la participación ciudadana en los procesos de evaluación y promoción dentro de la carrera judicial puede aumentar la confianza pública sin comprometer la calidad y la independencia judicial”.

INVERSIONES PARA APROVECHAR EL NEARSHORING ESTÁN DETENIDAS POR LA INCERTIDUMBRE JURÍDICA DE LA REFORMA JUDICIAL: COPARMEX

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viernes, 5 de octubre de 2018


  • Instalan Comisión de Relaciones Exteriores.
  • Reto principal, analizar a detalle el nuevo Acuerdo Comercial.


En la instalación de la Comisión de Relaciones Exteriores, su presidente, Héctor Vasconcelos, aseguró que se recuperarán los principios históricos de la diplomacia mexicana y se reestablecerá el papel del Senado en la supervisión de la política exterior.

Indicó que dichos principios “siguen siendo efectivos para que fructifiquen los intereses nacionales en el contexto internacional”; además, mencionó que el papel de la Cámara de Senadores en esta materia ha quedado “un poco desdibujado”.

Ello, abundó el senador de Morena, debido a la tendencia de que sea el Poder Ejecutivo quién formule y ejecute la política exterior, y en algunos momentos, “que yo calificaría de tristes”, el Senado solamente acompañó y ratificó a veces “casi a ciegas” lo que hacía el Gobierno.

Resaltó que entre los temas que abordará la Comisión se encuentra el nuevo tratado con Estados Unidos y Canadá, el cual, dijo, es un documento de 6 mil páginas que tiene que ser revisado con detalle, ya que “todos sabemos que es en la letra chiquita donde hay que poner más cuidado, porque ahí suelen filtrarse cosas que a la postre causan muchos problemas”.

Héctor Vasconcelos señaló que el Poder Ejecutivo va a estar centrado durante los próximos años en atender los graves problemas internos del país, esa va a ser su prioridad, lo que vuelve más importante el papel del Senado en relación con la política exterior.

“Tenemos que seguir insistiendo ante el Ejecutivo y la opinión pública en general, que el mundo exterior también existe y que México debe defender sus intereses en el concierto de las naciones”, puntualizó.

El presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres, refirió que este órgano legislativo tendrá un protagonismo especial a lo largo de esta Legislatura, con una agenda pendiente de 17 temas internacionales, que incluye la continuación del tratado comercial entre Estados Unidos, México y Canadá.

Dijo que será a partir de diciembre cuando el acuerdo comercial de América del Norte se discuta en esta Cámara “y buscaremos hacer un análisis muy minucioso del tratado”, que ha trascendido contiene temas relativos a la negociación colectiva del trabajo, la libre sindicalización y el salario en el sector automotriz.

“Puede desprenderse que de la información que tenemos, para la operatividad del tratado hará falta la aprobación de las legislaciones secundarias sobre justicia laboral, contratación y democracia sindical. Entonces, seguramente se derivará, de manera paralela, la discusión de una nueva agenda laboral que podemos situar como una agenda progresiva”, acotó.

Martí Batres hizo un llamado a trabajar bajo los principios que marca el artículo 89 de la Constitución Política, que establecen una política exterior muy avanzada en México y que le ha dado mucho prestigio a nuestro país en varios momentos.

La autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de las controversias, la proscripción de la amenaza del uso de la fuerza en las relaciones internacionales o la promoción de los derechos humanos, agregó, marcan un perfil avanzado de la política exterior “que puede tener un nuevo episodio en el sexenio que está por comenzar”.

En opinión del titular de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, es un momento clave para que el Senado pueda recuperar su activismo y protagonismo en la política exterior mexicana y en la comunicación con los parlamentos del mundo.

Dijo que en el análisis que se hace del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá “no debemos precipitarnos, por eso, los dos meses que tenemos para ello”. Aclaró que la revisión de los 32 capítulos deberá ser minuciosa, cuidadosa, con seriedad y responsabilidad por el bien del país.

El también coordinador del Grupo Parlamentario de Morena aseguró que el programa de austeridad no altera ni pone en riesgo la presencia del Senado en los foros, donde es indispensable estar.

A su vez, el senador Napoleón Gómez Urrutia, de Morena, habló sobre el deterioro de la imagen de México en el exterior por la inseguridad, corrupción y desigualdad, por lo que se puede ayudar a revertir esa situación y recuperar la posición que tenía el país tradicionalmente en política exterior y el respeto que se ganó en los foros internacionales.

La senadora de Acción Nacional, Josefina Vázquez Mota, consideró importante que, una parte del trabajo de la Comisión, tenga en el centro de sus decisiones a la comunidad mexicana que reside en el exterior. Comentó que la labor de los legisladores debe abonar a la certeza política, a una cultura de la legalidad y al Estado de derecho.

Del PT, la senadora Nancy De la Sierra mencionó que este órgano de trabajo debe tener compromiso con la Soberanía Nacional, aprobar tratados que beneficien a los mexicanos, ratificar nombramientos de embajadores y cónsules de manera responsable, sobreponiendo, a los más calificados y dejando atrás designaciones por cuestiones meramente políticas.

La senadora Alejandra Reynoso Sánchez, del PAN, destacó las coincidencias que se han expresado en recuperar la diplomacia parlamentaria proactiva, a efecto de fortalecer la posición de México en el mundo, desde el parlamento.

En tanto, el senador de Morena, Alejandro Armenta Mier, de Morena, señaló que la agenda de las relaciones internacionales debe estar marcada por el respeto y garantía de los derechos humanos y los derechos del planeta.

En la Comisión tenemos una responsabilidad mayúscula, al tenor del contexto geopolítico en el que nos encontramos, en virtud de la reconfiguración de uno de los tratados más importantes para la vida de nuestra nación, expresó la senadora de Morena, Bertha Alicia Caraveo Camarena.


El senador del PRD, Antonio García Conejo, advirtió que es importante cambiar el trato que las autoridades consulares brindan a los connacionales en Estados Unidos, ya que han presentado múltiples quejas al respecto.


Recuperar principios históricos de la diplomacia mexicana, tarea del Senado, coinciden legisladores

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lunes, 8 de enero de 2018

Ciudad de México a 08 de enero de 2018.


Es muy grave el alto costo económico, político y social que le cuesta y daña a México la
corrupción legal en el gobierno federal, porque le cuesta muy caro a los mexicanos
cuando son engañados y no son atendidos en una dependencia pública federal, año con
año nuestro país es calificado y totalmente reprobado por organismos nacionales (Centro
de Estudios Económicos del Sector Privado) e internacionales.

La corrupción legal e ilegal en México, se alimenta principalmente de las lagunas
jurídicas que han hecho y motivado procedimientos administrativos de atención
amañados de irregularidades de forma irresponsable por el poder ejecutivo, legislativo y
a veces  también por el judicial, pero recalcando que el legislativo y el ejecutivo en su
conjunto son los principales responsables de la corrupción y la impunidad institucional
que se traslada automáticamente también a los gobiernos estatales y locales de todos
los partidos políticos que son quienes hacen las leyes federales, locales y que gobiernan
al país y hacen sus reglamentos para aplicarlas ¿pero casi siempre lo hacen con reglas
complementarias, amañadas para aplicar  las lagunas jurídicas y dejando casi siempre
cabos sueltos para fomentar  “círculos viciosos jurídicos y administrativos” que le dan
vuelta a la ley? Para lo anterior, pondremos el simple ejemplo del Artículo 8º de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (el cual ni es atendido ni
respetado por la inmensa mayoría de los servidores públicos) que dice:

“Artículo 8º.- Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho
de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa;
pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la
República.

A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido,
la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario”.

El problema de este artículo amable lector, es que no fija un término de contestación y
en automático esto genera una corrupción legal y la facilidad para fomentar la impunidad
para que los gobiernos y los servidores públicos evadan responsabilidades con la
ciudadanía y con la ley.

¿La palabra un breve término; es una clara abstracción y una laguna jurídica, algo que
los Diputados y Senadores no han querido corregir por años por la presión principal del
gobierno federal, no lo han hecho porque verdaderamente si tendrían términos y un
control ciudadano tipo contraloría, porque así si podrían ser sancionados si no cumplen
con sus obligaciones para atender a la ciudadanía.

En la realidad, la cultura de la corrupción y la impunidad se da “casi” todos los días en
las instituciones públicas, y en especial las federales, un ejemplo se da casi siempre,
cuando usted lleva una petición en un comunicado dirigida al titular de un organismo
publico; 1) le hacen entregarla a la Oficialia de Partes, 2) se registra el asunto y se
archiva con la leyenda; se turno para consideración a “x” área, o a un servidor publico
que no esta facultado para dar solución al tramite, o simplemente le pondrán ¡no es
competencia de esta dependencia y/o autoridad!

¡O si bien le va!, se  turna a un área operativa, a criterio de un analista de
correspondencia y se pierde en la maraña burocrática, de tal forma que su tramite y/o
peticiónno es atendida por lo regular, es decir, si usted por ejemplo le envía una petición
al Presidente de la Republica, a un Gobernador de un Estado, Jefe de Gobierno,
Etcétera, ¿este jamás se enterara de su asunto, y mucho menos le contestara, porque
no existe una sanción jurídica y/o al menos administrativa que lo sancione por no atender
a la ciudadanía, ya sea a él o a sus subordinados inmediatos, como la ve?

Para combatir la corrupción y la impunidad que existen en México, creemos que fue
creado el Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), porque consideramos que es
una dependencia pública federal que por su autonomía de funcionamiento y por el apoyo
del Consejo de la Judicatura Federal realmente se dedica a combatir actos de autoridad
ilegales principalmente del gobierno federal, donde por lo regular se advierten claros
vicios jurídicos y administrativos ocultos y visibles, donde lo mismo se viola cualquier tipo
de ley en perjuicio de la ciudadanía en México.

Muy poca es la población en México que conoce las bondades y la importancia
estratégica que tiene el Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) para defender
los derechos de la ciudadanía en México, porque en sus dos principales áreas la penal y
la administrativa con claridad se puede apreciar actos de estrategia anticorrupción, es
decir, que verdaderamente es una dependencia pública federal que si funciona, aunque
sea muy lentamente, “pero realmente si se hace algo” para defender al ciudadano común
y sin costo alguno para la población desprotegida y vulnerable económicamente.

El IFDP cuenta con una infraestructura de instalaciones simple y con poco personal, pero
sin embargo, para contrarrestar esto, el Instituto Federal de la Defensoría Pública cuenta
con un tipo de personal “suigeneris”, es decir, personal con una buena actitud de servicio
hacia la ciudadanía, porque desde que usted llega a sus instalaciones físicas se nota
una buena atención, no se nota, ni se respira, ni se ve el ambiente del clásico burócrata
flojo e irresponsables con falta de actitud hacia el trabajo comiendo tortas y perdiendo el
tiempo, porque en la mayoría de los casos del IFDP se nota en general una buena
actitud hacia el trabajo por parte de su personal, y esto, a pesar de que están
sobresaturados de trabajo, porque recuerde usted; que más vale un servidor público que
valga por cien, que cien servidores públicos que valgan uno, porque es la regla más
común en las dependencias públicas federales, es decir, la regla donde la gran mayoría
de los burócratas son irresponsables, flojos y negativos laboralmente para desgracia
de los mexicanos.

Para darle un ejemplo de la diversidad de casos que atiende el IFDP con especialidades
complicadas que no le atiende ningún tipo de abogado o despachos jurídico, está por
ejemplo la defensa de los derechos de pensión de la población más vulnerable, la de la
tercera edad, donde tanto el ISSSTE y el IMSS están cometiendo fraude en contra la
población no reconociendo determinadas semanas de cotización (años trabajos en
ambos institutos), esto, a pesar de que existe un convenio jurídico de portabilidad entre
el  ISSSTE y el IMSS para reconocer semanas de cotización  por años trabajos, pero en
la realidad no lo aplican a la población por cuestiones de corrupción oficial
institucionalizada. En este tipo de casos al Instituto Federal de la Defensoría Pública le
puede llevar años defender los derechos de pensión de un trabajador, pero insistimos,
principalmente por la corrupción legal e ilegal existente en lagunas jurídicas,
procedimiento administrativos amañados, personal burócrata sin compromiso hacia el
trabajo, etc. Pero al final si se logra o se ha logrado hacer justicia, aunque sea a una
mínima parte de trabajadores que se han ido a juicio y estos juicios, han sido atendidos
por el Instituto Federal de la Defensoría Pública.

Muy poca es la población en México que considera que el Sistema Nacional
Anticorrupción tendráéxito en nuestro país, porque la mayor parte no cree ni tiene
confianza en las instituciones y/o dependencias públicas de México, y tiene toda la razón
y motivos de sobra para desconfiar, pero si logramos apoyar, defender y crear vínculos
de colaboración de instituciones como el Instituto Federal de la Defensoría Pública y el
Consejo de la Judicatura Federal con el Sistema Nacional Anticorrupción, creemos si se
puede o podría abrir una “puerta” para cambiar la corrupción por una legalidad llamada;
el cambio hacia nueva actitud laboral burócrata con base en una revolución de cambio
basada en reglas disciplinarias de mejora continua.



CARLOS MUNGUIA RODRÍGUEZ
pluma_dorada50@hotmail.com


EL INSTITUTO FEDERAL PARA LA DEFENSORIA PÚBLICA EN EL COMBATE A LA CORRUPCION EN MÉXICO

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