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martes, 26 de marzo de 2019


  • La oposición rechaza la propuesta, Presidente quiere influir en las elecciones intermedias, acusan. 

     
La minuta para establecer la revocación de mandato del Ejecutivo Federal a nivel constitucional, no es el inicio de la reelección presidencial, señalaron los senadores de Morena y PT; no así, los del PAN, PRI, PRD, MC y senadores sin partido, que ven intencionalidad política del Presidente para influir en los próximos comicios federales de 2021.

En reunión extraordinaria, la Comisión de Puntos Constitucionales analizó este día la minuta enviada por la Cámara de Diputados que reforma y adiciona los artículos 35, 36, 73, 81, 83, 99, 115 y 122 de la Constitución Política, en materia de consulta popular y revocación de mandato.

Al respecto el presidente de dicha comisión, Óscar Ramírez Aguilar, de Morena, dijo que tratarán que sea una reforma que cuide al sistema democrático. Señaló que no se pretende engañar a nadie.  “Queremos que esa revocación no solamente esté para este Presidente, sino para todos los demás que vengan”. 


Abundó que la revocación de mandato debe ser un instrumento ciudadano, capaz de reorientar el destino de un pueblo. Dijo estar plenamente convencido de que debe ser un instrumento para servir a la sociedad.

Alejandro Peña, de Morena, comentó que no se desconfiar de lo que opine la sociedad. Es inteligente y sabrá evaluar el desempeño de cada funcionario que se someta a la revocación de mandato.

Se dijo convencido que estos ejercicios ayudarán a adoptar mejores decisiones, por lo que los senadores deben garantizar que se pregunte a la sociedad sobre estos temas.

El senador Julen Rementería, del PAN, señaló que no es una propuesta ciudadana y que pueda generar desconfianza en las elecciones. Dijo que sería institucionalizar la intervención del Estado mexicano en las elecciones. En su opinión “se busca incidir en la elección del 2021.”

Refirió estar de acuerdo con transitar hacia la revocación de mandato, pero no con la minuta presentada. Señaló que la consulta popular y la revocación de mandato necesitan un análisis por separado.

Por el PRI, la senadora Claudia Ruiz Massieu subrayó que su fracción no se opone a la revocación de mandato. No obstante, la propuesta que envía la colegisladora no empodera  al ciudadano frente al Ejecutivo Federal y no se establece una revocación, sino una ratificación. Este modelo de permanencia, explicó, solo lo tienen Bolivia y Venezuela.

Consideró “ociosa” la carta que firmó el Presidente para no reelegirse, ya que los comicios del pasado 1 de julio tienen temporalidad de seis años, establecidos en la Constitución. La modificación, acotó debería llevarse a cabo una vez concluida la actual administración, precisó. 

El senador Samuel García Sepúlveda, de MC, condicionó el respaldo de su Grupo Parlamentario a la minuta enviada por la Cámara de Diputados. Los puntos principales que se deben modificar, dijo, son: cambio de conceptos, fecha de la consulta, solicitud de la realización del mecanismo e incluir a todos los servidores públicos, y no solo al Presidente.

Explicó que debe sustituirse la palabra “permanencia” por “destitución”; realizar el ejercicio en 2022 y no en las elecciones federales del 2021. Además, el titular del Ejecutivo Federal no debe ser quien solicite la revocación, sino la sociedad, y que los gobernadores, alcaldes, síndicos y presidentes municipales se sometan a dicho mecanismo.

El senador del PRD, Omar Maceda Luna dijo que lejos de “hacerle parches o pequeños cambios” al documento, se requiere revisar a fondo la figura para que sea una verdadera herramienta democrática en favor de los ciudadanos.

La forma en la que se plantea, señaló, es riesgosa y se debe respetar la decisión ciudadana  de temporalidad del ejercicio del Poder. De ser destituido, advirtió, estaríamos frente a un anticipado término de mandato.

A su vez, la senadora del PT, Nancy de la Sierra Arámburo, subrayó que la revocación de mandato que se plantea no es el principio de la reelección presidencial. Señaló que las elecciones intermedias son un termómetro del ejercicio del poder. Ahí se observa si hay o no voto de castigo de la sociedad.

Manifestó que su fracción “está en la mejor disposición para acompañar a la Comisión de Puntos Constitucionales para escuchar los argumentos de los grupos parlamentarios y hacer las observaciones necesarias.

El senador del PVEM, Raúl Bolaños-Cacho Cué, solicitó abrir un debate profundo para generar los consensos necesarios para beneficio del país. Si bien las constituciones locales tienen esta herramienta, a nivel constitucional debe ser incluida, previo análisis de lo que sirve y lo que no.

Necesitamos escuchar todas las voces de México y evitar así, cualquier confusión que haga se pierda la pulcritud de la inclusión de la revocación de mandato, señaló.

Emilio Álvarez, sin partido, señaló que el dilema es cómo construir derechos para que la gente tenga garantizada la participación. Dijo que la revocación de mandato se asocia a la pérdida de confianza, y es la gente la que aplica el instrumento, pero en este caso, la revocación se aplica desde el poder.

Expuso que los términos en los que se plantea en la minuta, se acercan a un uso del poder, con el aparato electoral, en una lógica de año electoral.

Analiza Comisión de Puntos Constitucionales minuta sobre revocación de mandato

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viernes, 20 de enero de 2017



De acuerdo con el artículo 28 Constitucional y a partir de la Reforma en Materia de Telecomunicaciones, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) tiene el mandato de constituirse como la autoridad de competencia económica de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones. Es también el encargado de regular de “forma asimétrica a los participantes en estos mercados con el objeto de eliminar eficazmente las barreras a la competencia y la libre concurrencia”, así como de imponer límites a la concentración nacional y regional de frecuencias.
Sin embargo, son ya varias las ocasiones en que el regulador ha incumplido este precepto, resultando en casos de contrarreforma. Así, ha permitido y favorecido la gestación y expansión de mayores ventajas competitivas para un solo operador, el preponderante, e incluso ha autorizado una concentración de espectro radioeléctrico  a favor de este operador.
Concentración adicional del espectro
Resulta relevante la próxima decisión que deberá tomar el regulador sobre autorizar o no al operador preponderante América Móvil allegarse 60 MHz adicionales de la banda de 2.5 GHz en actual tenencia por MVS.
Al revisar cómo quedaría la tenencia espectral en México resulta que, con esta transferencia de frecuencias, el preponderante llegaría a contar mitad (51%) de las frecuencias en operación efectiva al día de hoy. Ello resulta en un diferencial significativo respecto a sus competidores AT&T (32%), Movistar (16%) y otros servicios de acceso inalámbrico (1%). Esto resultaría en una aun mayor concentración espectral a favor del operador preponderante, desproporcionada ante sus pares en el mercado en una banda de nueva generación (LTE) de alto poder de transmisión y económico.
Pero este no sería el único ejemplo de contrarreformas, un primer episodio se llevó a cabo en la licitación de frecuencias de las bandas AWS, en el que tuvo lugar una reconcentración de espectro radioeléctrico a favor del preponderante, en razón precisamente, de la falta de límites a la concentración de frecuencias.
Virtual eliminación de asimetría en tarifas de interconexión
En el caso de la interconexión asimétrica, en el que paralelamente a la eliminación de estos cargos para el tráfico terminado por los operadores competidores en la red del preponderante, el regulador procedió a reducir drásticamente aquellos pagados por América Móvil, eliminando así la asimetría y consecuentemente, acotando sus posibles efectos sobre el desarrollo de la competencia.
Uno más, tuvo lugar al autorizar una disminución gradual de tarifas por el servicio denominado “el que llama paga” que implica la realización de llamadas de teléfonos fijos a celulares para Telmex. Circunstancia que favorece la posición de ventaja que ostenta el preponderante frente a sus competidores, al promover mejores condiciones de servicios para sus usuarios, provoca una reducción de los incentivos a migrar a la mejor oferta del mercado, y con ello, impide la gestación de condiciones de equilibrio entre los operadores.
Cabe entonces preguntar: ¿Hasta cuándo dejarán de ocurrir estos capítulos de contrarreforma en los que el regulador contraviene su mandato de fomentar condiciones de competencia?  ¿Qué justificaría autorizar una transferencia de espectro radioeléctrico que desbalancearía aún más su tenencia en favor del preponderante? ¿Por qué el regulador parece actuar en contra de la competencia?
Es tiempo de que el regulador cumpla con el mandato Constitucional de la Reforma, toda vez que no hay indicios suficientes para hablar ya de un escenario de competencia efectiva. Sin duda, estos actos contra-reformistas impiden la gestación de este anhelado escenario en los mercados de telecomunicaciones.

Telecomunicaciones: Reforma y Contrarreformas

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jueves, 22 de diciembre de 2016


  • La Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) cumple con el mandato legal de entregar televisores digitales en las áreas de cobertura de las estaciones de baja potencia antes del 31 de diciembre de 2016
  • El día de ayer la SCT notificó al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) el cumplimiento de la meta de entrega de televisores digitales
  • Con este hecho, el Gobierno de la República cumple todas las etapas de la transición a la TDT y da otro paso significativo en la implementación de la Reforma de Telecomunicaciones

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) concluyó la entrega de televisores digitales en el marco del Programa de Transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT) para estaciones de baja potencia, ordenado por el Congreso de la Unión en diciembre de 2015.
Image result for mandato legal de entrega televisores digitalesCon la notificación hecha al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) el día de ayer, concluyó el programa derivado de la reforma legal del 18 de diciembre de 2015, mediante la cual el Congreso de la Unión prorrogó al 31 de diciembre de 2016 el apagón analógico de las señales de baja potencia de concesionarios comerciales o de concesionarios públicos que al finalizar el 2015 no se encontraban en posibilidades de iniciar transmisiones digitales.
El cumplimiento a este mandato legal fue posible gracias al trabajo coordinado entre las SCT y la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).
Del 6 al 18 de diciembre de este año, la SCT entregó los televisores digitales a los beneficiarios definidos por la SEDESOL ubicados en 120 municipios de 14 estados del país, dentro en las áreas de cobertura establecidas por el IFT.
En cumplimiento del mandato legal, la SCT alcanzó una penetración de más del 90 por ciento en las áreas de cobertura definidas por el IFT. Esto permitió a la SCT notificar en tiempo y forma al IFT los niveles de penetración para que éste ordene el cese de transmisiones analógicas de las estaciones.
Con este hecho, el Gobierno de la República cumple todas las etapas de la transición a la TDT y da otro paso significativo en la implementación de la Reforma de Telecomunicaciones.

CONCLUYE EXITOSAMENTE LA SCT LA ÚLTIMA ETAPA DEL PROGRAMA DE TRANSICIÓN A LA TDT

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