Las personas propuestas por el titular del Ejecutivo federal cumplen con los requisitos constitucionales y legales, destacan senadores
Las comisiones unidas de Reforma Agraria y de Justicia avalaron el dictamen que contiene el listado de las personas que cumplen con los requisitos y reúnen las condiciones de elegibilidad para ocupar dos vacantes de Magistrada o Magistrado Numerario del Tribunal Superior Agrario, así como para una vacante en el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Unitario Agrario.
Se trata de Guadalupe Espinoza Sauceda y Larisa Ortiz Quintero, propuestas para el cargo de Magistrada Numeraria del Tribunal Superior Agrario; y de Leonardo Rodarte Dávila, aspirante para Magistrado Numerario del Tribunal Unitario Agrario.
El documento expone que, con base en las consideraciones expuestas, así como del análisis y revisión de la documentación correspondiente, se concluye que las personas propuestas por el titular del Ejecutivo federal cumplen con los requisitos constitucionales y legales exigidos.
Las comisiones unidas de Reforma Agraria y de Justicia, que presiden el senador Ángel García Yáñez y la senadora Olga Sánchez Cordero, respectivamente, coincidieron en que los aspirantes cubren los requisitos establecidos en el artículo 12 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.
Lo anterior, acotaron, se corrobora con la documentación que obra en los expedientes remitidos por la Mesa Directiva del Senado de la República.
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viernes, 21 de abril de 2023
jueves, 28 de febrero de 2019
- Propietarios ejidales y comunales deben ser beneficiarios de proyectos de gran escala en sus tierras, señala.
Las comisiones de Reforma Agraria y de Justicia ratificaron, por unanimidad, el nombramiento que hizo el Presidente de la República en favor de Maribel Concepción Méndez de Lara, como magistrada de Tribunal Superior Agrario.
Previó a su ratificación, Méndez de Lara compareció ante integrantes de ambas comisiones, donde expuso sus planteamientos para mejorar el sistema agrario del país.
Señaló que la justicia agraria requiere una profunda transformación para lograr celeridad en los juicios y construir un orden social más justo.
Dijo que a casi tres décadas de la reforma al artículo 27 constitucional, es indispensable actualizar el marco legal agrario para superar las insuficiencias, regular los espacios conforme a lo que indica la realidad y resolver tensiones que la aplicación de la ley ha evidenciado.
Mencionó que en la inversión para proyectos de gran escala, en tierras ejidales o comunales, debe articularse el impacto social y ambiental, sin dejar de lado la participación de los titulares de los derechos de propiedad.
Destacó la necesidad de generar incentivos para inversiones sostenibles. Por ello, resulta relevante que ejidos y comunidades se asocien y participen, incluso, donde haya recursos naturales propiedad de la nación, como ya sucede con los hidrocarburos, sugirió.
Méndez de Lara comentó que las sentencias justas ayudan a evitar el resurgimiento del conflicto, generan paz social y certeza jurídica.
Refirió que actualmente hay ocupación irregular de tierras ejidales y comunales en ciudades medias. Más de 8 mil núcleos agrarios no han delimitado su zona de asentamiento humano y no han medido sus solares, generando presencia permanente de conflictos, precisó.
En otro orden, propuso que la ley promueva una mayor participación de las mujeres como sujetos de derecho. La justicia agraria del Siglo XXI debe ayudar a construir un orden social más justo, finalizó.
Previo a su ratificación, las senadoras y senadores Geovanna del Carmen Bañuelos, del PT; Cristóbal Arias, de Morena; Claudia Anaya Mota, del PRI, así como Damián Zepeda e Indira de Jesús Rosales, del PAN, interrogaron a la candidata sobre diversos temas.
lunes, 21 de mayo de 2018
*Voces de autoridades jurídicas alertadas por este hecho
By Alberto Estevez Arreola
Asimismo ONG 's descalifican al poderoso
funcionario, quien pago con tres cheques y uno más de Caja, asunto que
tras un reportaje del diario Crónica y Aristegui Noticias puso en
evidencia al funcionario y al propio sistema judicial que se supone son
servidores públicos impedidos por ética y Juramento a la Nación de no caer en posibles delitos y que si lo
hicieren como sucedió en este caso, pagarían sus delitos con un doble castigo.
Es por esto, que el
escándalo llegó al grado de que el mismísimo Presidente de la Suprema
Corte de Justicia Luis María Aguilar , exigió cumplir con la
Constitución “Para combatir la odiosa y despreciable Corrupción,
para erradicar la pobreza, consolidar la democracia, los Derechos
Humanos, para vivir en paz, acabar con la violencia contra la mujer,
garantizar el interés superior de la niñez y defender la Soberanía
Nacional”.
También hubo otras
voces como por ejemplo la del respetable Juez Federal Jorge Arturo
Porras Gutiérrez quien fue contundente al afirmar, “…a los juzgadores
públicos no nos alcanza para propiedades de 18 mdp”.
Con esto queda claro
que por el enriquecimiento ilícito, el magistrado Jorge Arturo Camero
Ocampo está en la mira de sus colegas y es preciso decir que los medios
mencionados y otros también importantes ya difundieron
el hecho además de que uno de los hijos del funcionario fue acusado de
un delito, que el Magistrado trato de ocultar, pero el caso ya se
difundió en los medios de comunicación.
La espera de una
respuesta del propio funcionario Arturo Camero, ha sido larga y
sospechosa porque al parecer no tiene fecha y eso se debe a que tal vez
no tiene una salida real, para comprobar su amplia riqueza, ni
mucho menos cómo comprobar sus ingresos para tal compra
multimillonaria, asunto que ya es momento de que la Suprema Corte
,atienda o será calificada por la sociedad como un ámbito donde se puede
obtener dinero a manos llenas sin comprobar el cómo y por ende
se puede corromper al sistema desde las propias entrañas de quien debe
no solo prevenirla sino evitarla.
