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lunes, 18 de diciembre de 2023



Con el objetivo de ofrecer un servicio de calidad a las y los usuarios, durante la actual administración del Gobierno del Estado, se han renovado más de dos mil unidades del transporte público que cumplen con las normas internacionales de emisiones y accesibilidad.

 

En 2018, se recibieron de la pasada administración 1,190 unidades fuera de norma, y en el transcurso de estos 5 años, estas se incrementaron hasta 2,468. Dichas unidades tenían un promedio de edad de 15 años y eran altamente contaminantes.

 

A partir de la actual administración inició el proyecto de renovación de la flota, y en noviembre pasado, con la llegada de 1,050 nuevos camiones, se completó al 100% este proyecto con 2,616 nuevas unidades que cumplen con las normas internacionales como la Euro V de control de emisiones y accesibilidad universal.

 

Con esto, el parque vehicular del transporte público colectivo del estado tendrá un promedio de edad de tan solo 8.1 años y permitirá una reducción del 20% de CO2, equivalente a 23 mil toneladas anuales, así como una disminución del 38 % de PM10 (partículas suspendidas), que representan diez mil kilos al año.

 

Con una inversión de más de mil 576 millones de pesos (mdp) de la entidad y más de cinco mil mdp de los empresarios del ramo, se mejora la calidad de este servicio en favor de los habitantes del Área Metropolitana de Guadalajara, Lagos de Moreno, Ciudad Guzmán y Puerto Vallarta.

 

Para marzo del 2024, se espera la llegada de las últimas 4 unidades articuladas que se suman a las 7 recibidas en noviembre pasado, así como las 15 unidades duales recibidas en octubre, todas estas para modernizar la flota de Mi Macro Calzada.

 

También cabe destacar el compromiso del Gobierno de Jalisco de no incrementar la tarifa de este servicio, que desde 2019 se ha mantenido en $9.50, tarifa que se recibió de la administración anterior, donde se presentaron fuertes incrementos (del 2013 al 2018 el costo del pasaje pasó de $6 a $9.50 lo que representó un 58% de aumento).

Jalisco contará con la flota de transporte público colectivo más moderna del país 2024

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domingo, 27 de agosto de 2023

 

  • Muchas veces se tienen elementos para presumir que en esos delitos participa la delincuencia organizada, advierte  

 


La senadora Claudia Ruiz Massieu lamentó que haya decenas de miles de familias que no pueden conocer la verdad sobre el paradero de un ser querido, de quien se tienen elementos para presumir que fue víctima de desaparición forzada por parte de miembros de la delincuencia organizada, como el reciente caso de los cinco jóvenes privados de la libertad en Lagos de Moreno, Jalisco.  

 

Esta situación, advirtió, se debe a la alta impunidad del delito y la falta de empatía del Estado mexicano para resolver las denuncias, lo que ha provocado que se formen colectivos de personas que buscan a sus seres queridos en fosas, terrenos y parajes donde presumiblemente se depositan cadáveres de forma clandestina. 

 

“Son familias que han tenido que reivindicar el derecho a buscar a sus seres queridos y a recibir y difundir información sobre los hechos y su presunto paradero. Son familias que viven el dolor, la injusticia y la ausencia de la reparación del daño y del compromiso de que cesen conductas como las que les agravian”, subrayó la legisladora. 

 

Ante tal situación, Ruiz Massieu promueve un punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Gobernación (Segob) y a la Fiscalía General de la República (FGR) que rindan al Congreso de la Unión un informe sobre la ejecución y el cumplimiento de la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. 

 

La senadora calificó la desaparición de personas como una grave crisis en el país, pues datos oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas apuntan a que en lo que va del sexenio, se reportaron más de 110 mil casos, de los cuales aún se desconoce el paradero de casi 44 mil de las personas en esa situación.  

 

Por otra parte, estudios elaborados en 2021 subrayan que sólo a entre el dos y el seis por ciento de las denuncias de desaparición se les abre una carpeta de investigación. 

 

Además, en ese mismo año el gobierno reportó 52 mil personas fallecidas no identificadas o reclamadas, de las cuales 71.73 por ciento se localizaron en fosas comunes y fosas clandestinas de Baja California, Estado de México, Jalisco, Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León y la Ciudad de México. 

 

Ruiz Massieu enfatizó que la desaparición de personas se vincula específicamente con el enfrentamiento violento entre grupos delincuenciales, por el control de rutas de trasiego y de lugares de elaboración y almacenamiento de drogas. 

 

Acusó que adicionalmente a ello, la menor presencia de las instituciones de seguridad pública, para combatir la producción y el tráfico de estupefacientes, es otro de los factores para el incremento de la comisión de ese delito. 

 

“Es triste que el Estado mexicano no de muestras de empatía y cabal solidaridad con quienes, en medio del dolor, han asumido las tareas de búsqueda, particularmente por el incumplimiento de los deberes públicos de búsqueda y de investigación para la judicialización de los hechos, a fin de que se sancione a las personas responsables, no impere la impunidad y se repare el daño causado”, concluyó.   

 

En el punto de acuerdo, la senadora también pide que la Segob y la FGR proporcionen detalles sobre los recursos humanos, materiales, financieros, técnicos y periciales con los que cuentan para cumplir adecuadamente sus funciones y cumplir con las disposiciones de la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y la implementación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. 

Propone Ruiz Massieu solicitar a autoridades federales que rindan informe sobre desaparición forzada

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miércoles, 14 de octubre de 2020

Elementos de la Guardia Nacional desplegados en carreteras federales del estado de Jalisco rescataron a una persona que había sido privada de la libertad y recuperaron aproximadamente 64 toneladas de material de construcción que tenía como destino Morelia, Michoacán.

En las inmediaciones del municipio de Lagos de Moreno, guardias nacionales tuvieron contacto con un tractocamión doblemente articulado que se encontraba invadiendo parcialmente el carril, con los vidrios abajo y sin el conductor.
 
Al aproximarse a la unidad escucharon que una persona pedía auxilio y fue así que en el área del camarote encontraron a un hombre desnudo, atado de pies y manos, quien refirió que era el conductor de la unidad y había sido privado de la libertad momentos antes.  
 
Tras brindarle la atención necesaria para salvaguardar su integridad física, la persona fue trasladada a las instalaciones de la Fiscalía General de la República junto con  la unidad a fin de interponer su denuncia e iniciar la averiguación correspondiente.

RESCATA GUARDIA NACIONAL A PERSONA PRIVADA DE LA LIBERTAD Y RECUPERA 64 TONELADAS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN

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