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viernes, 2 de agosto de 2024

 
  • Alrededor de 3.7 millones de menores se encuentran en esta situación, por lo que senadores del PT promueven punto de acuerdo para combatir la problemática
 
Mediante un punto de acuerdo, senadores que integran el Grupo Parlamentario del PT, buscan combatir el trabajo infantil en México, problemática en la que se encuentran 3.7 millones de menores de entre 5 y 17 años, según los últimos datos recopilados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
 
En el documento turnado a la Primera Comisión para su análisis, las senadoras Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, Cora Cecilia Pinedo Alonso, Martha Cecilia Márquez Alvarado y el senador Joel Padilla Peña, advierten que las y los menores que se ven obligados a trabajar, dejan atrás su derecho a disfrutar la infancia, además de que afecta su educación, su nutrición y su desarrollo cognitivo.
 
Plantean, en primer término, que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), así como a sus homólogas en las entidades de la República, a que redoblen sus acciones para prevenir, detectar y erradicar el trabajo infantil, además de realizar campañas de concientización y sensibilización al respecto.
 
Y es que de los 3.7 millones de menores en esa situación, precisaron, el Inegi detectó que 1.1 millones realizaban actividades que afectaban su salud, como cargar cosas pesadas; unos 437 mil tenían horarios prolongados, 210 mil con jornadas mixtas o nocturnas y 846 mil desarrollaban actividades con exposición a riesgos.
 
Al respecto, las y el senador apuntan: “las consecuencias son devastadoras. En la salud física se pueden presentar lesiones y accidentes laborales, así como enfermedades respiratorias, cutáneas y musculoesqueléticas por exposición a sustancias tóxicas. En la emocional, niveles de estrés, ansiedad y depresión, así como trastornos del sueño y dificultades para relacionarse”.
 
En ese sentido, proponen también solicitar a la STPS y a sus similares en los estados, que evalúen la posibilidad de realizar inspecciones extraordinarias cuando se tenga conocimiento de la existencia del trabajo de menores de edad o se reciban denuncias de vulneración a los derechos de la infancia.
 
Otro exhorto dentro de su proposición con punto de acuerdo plantea que la Secretaría de Educación Pública y sus homólogas en las 32 entidades del país, garanticen el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes, y se refuercen o implementen planes y estrategias para evitar la deserción escolar ocasionada por el trabajo infantil.
 
Los integrantes del PT refieren, al respecto, que las causas del trabajo infantil son múltiples y complejas, pero destacan de entre ellas la pobreza, la falta de oportunidades educativas, las normas sociales, los conflictos armados y hasta los desastres naturales, circunstancias por las que se ven obligados a complementar los ingresos del hogar.
 
Enfatizan la consecuencia de la deserción escolar, pues al privar a los menores de una educación de calidad, advierten, se limita su potencial y se obstaculiza el desarrollo económico de los países, además de que se perpetua la desigualdad y la exclusión social, lo que genera un círculo vicioso de pobreza y marginación.

Proponen reforzar medidas para prevenir y erradicar trabajo infantil en México

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lunes, 13 de mayo de 2024

 
  • Publica Gaceta de la Permanente respuesta del organismo público sobre esta herramienta que proporciona información sobre el campo mexicano
 

El Censo Agropecuario es la única fuente de información del país que muestra las características del campo en todo el territorio nacional, por lo que es imperativo mantener una periodicidad de no más de 10 años en la realización de los próximos censos agropecuarios.
 
Así lo dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en un documento en el que da respuesta a un exhorto del Senado de la República para revisar, justificar metodológicamente y, en su caso, recomendar, la periodicidad de mínimo cinco años y máximo 10 años con la que deben realizarse los censos agropecuarios.
 
En su respuesta a la Cámara, el INEGI destacó que el Censo Agropecuario tiene como objeto generar estadísticas actualizadas sobre las características económicas, tecnológicas, ambientales y sociales de las unidades de producción agrícolas, ganaderas y forestales de México, fundamentalmente de su producción, su tamaño, estructura y distribución.
 
Con ello, se ofrecen datos cuantitativos y cualitativos para apoyar la toma de decisiones y definir políticas públicas para el sector; contribuir a enfrentar retos como la seguridad alimentaria, la pobreza, la conservación de los recursos naturales y la mitigación del cambio climático; así como para atender los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
 
En el documento que fue publicado en la Gaceta de la Comisión Permanente del pasado 8 de mayo, el Instituto destaca que el sector agropecuario es la principal fuente de alimentos para 126 millones de personas, y emplea aproximadamente al 12 por ciento de la población ocupada del país.
 
Además, en la parte ambiental, el sector agropecuario es clave en la implementación de estrategias para mitigar el cambio climático y la preservación de la biodiversidad, así como para el uso eficiente y sostenible del recurso hídrico, debido a la gran demanda de recursos naturales que requiere el campo.
 
“Actualmente, el Censo Agropecuario es la única fuente de información del país que muestra las características del campo en todo el territorio nacional, con altos niveles de desagregación y con distintos enfoques”.
 
La oferta de información del estudio que se realizó en 2022, agregó el INEGI, hace posible proporcionar datos por tamaño de la unidad de producción; por municipio, regiones y microrregiones; por cultivo, especie pecuaria y especie forestal; por ciclo agrícola; o por tipo de agricultura.
 
De ahí que, con los resultados censales, los gobiernos Federal, estatales y municipales pueden obtener indicadores para definir políticas públicas; las empresas prestadoras de servicios agropecuarios pueden definir sus políticas de mercado al conocer dónde y cómo se concentran la agricultura, la ganadería y las actividades forestales; y las organizaciones de productores pueden conocer las características de sus asociados.
 
Otra de las grandes utilidades del Censo Agropecuario es que los organismos internacionales obtienen datos para tomar acciones a nivel mundial sobre la seguridad alimentaria, la pobreza, la igualdad de género y la disponibilidad del agua, entre otras, con lo que se coadyuva al seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
 
México cuenta con datos estadísticos de la producción agrícola y ganadera del país desde 1930, con el levantamiento del primer Censo Agrícola-Ganadero y el primer Censo Ejidal. Desde entonces se han realizado nueve censos agropecuarios, siete de ellos con una periodicidad de 10 años, hasta 1991 (sólo en el censo del 1981 transcurrieron 11 años para su realización).
 
Sin embargo, explicó el INEGI al Senado, para la realización del censo de 2007 tuvieron que pasar 16 años, en tanto que para el de 2022 pasaron 15 años más para su ejecución.
 
“EI haber interrumpido la secuencia de 10 años en la realización de los censos agropecuarios y haber espaciado en 16 y 15 años los dos últimos censos, ha tenido impactos importantes como la pérdida de una secuencia histórica de comparabilidad y trazabilidad con los censos anteriores.
 
Además, de la desactualización del marco censal, dada la fuerte dinámica de cambios en el manejo y la estructura de las unidades de producción agropecuaria; y el vacío generado por la ausencia de datos estructurales del sector agropecuario en un periodo tan amplio entre un censo y otro.
 

Periodicidad de censos agropecuarios debe mantenerse entre cinco y 10 años

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domingo, 28 de abril de 2024

 

  • Es innegable que cada vez más personas optan por rentar, en vez de adquirir un bien inmueble propio: senadora López Hernández

 


La senadora Ruth Alejandra López Hernández, de Movimiento Ciudadano, promueve una iniciativa para reformar el artículo 4 de la Constitución Política, a fin de garantizar el derecho de toda persona al acceso a una vivienda, y la obligación del Estado de formular e implementar políticas públicas para este fin.

 

Expuso que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía reveló que, en México, 5.8 millones de viviendas son rentadas y 52 por ciento de los ciudadanos que alquila un espacio habitacional lo hace porque no tiene acceso a un crédito o a recursos económicos para comprarlo.

 

Destacó que 14 estados de la República se encuentran por encima del promedio nacional, es decir, sobre el 51.4 por ciento, en viviendas que son rentadas por motivos de falta de acceso a créditos o falta de recursos de quienes las habitan, entidades entre las que están el Estado de México, Guanajuato, Veracruz, Chiapas y Guerrero.

 

“Estas cifras revelan que la posibilidad de adquirir una propiedad en México parece cada vez algo más complejo. Es innegable que cada vez más personas optan por rentar, en vez de adquirir un bien inmueble propio”, enfatizó López Hernández.

 

La legisladora dio a conocer información sobre el Índice de Precios de la Vivienda del Gobierno Federal que indican que, en 2023, el precio promedio de una casa en México fue de un millón 601 mil pesos.

 

En ese mismo sentido, el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco detalla que ese mismo año, el costo promedio de una vivienda en la Ciudad de México fue de tres millones 662 mil pesos, lo que la ubica como la entidad más cara seguida de Nayarit, cuyo promedio fue de dos millones 128 mil pesos.

 

Ante todos esos datos oficiales, López Hernández coincidió con lo recomendado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de que el Estado tiene la obligación de respetar, proteger, y desarrollar acciones que permitan a las personas disponer de una vivienda adecuada.

 

“Su adquisición no debe ser excesiva, de tal manera que las personas puedan acceder a un lugar donde vivir, sin comprometer la satisfacción de otras necesidades”, argumentó la senadora.

 

En la iniciativa, que fue turnada a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda, la legisladora enfatizó que “el derecho a la vivienda de ninguna manera tiene que ser selectivo, puesto que es un derecho humano”.

Presentan reforma para garantizar acceso a vivienda

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martes, 3 de octubre de 2023

 

  • Organizan en el recinto legislativo foro “El Convenio sobre la violencia y el acoso, 2019 (C190). Reformas legislativas pendientes” 

     


Durante el foro “El Convenio sobre la violencia y el acoso, 2019 (C190). Reformas legislativas pendientes”, que se llevó a cabo en el Senado de la República, participaron integrantes del Poder Legislativo, del sector empresarial, de sindicatos y de organizaciones de la sociedad civil, quienes coincidieron en la urgencia de fortalecer la legislación para erradicar el acoso y la violencia laboral. 

 

Durante el diálogo, la senadora Patricia Mercado Castro aseveró que existe un importante camino avanzado en contra de la violencia y el acoso en el mundo laboral, pero también hace falta un trecho importante para erradicarla. 

 

La también presidenta de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad de la Cámara indicó que el caso de Andrés Roemer es un ejemplo de la necesidad de que avance en la colegisladora el paquete de reformas que aprobó el Senado para prevenir, sancionar y reparar el daño en casos de violencia y acoso laboral. 

 

Además, puntualizó la legisladora de Movimiento Ciudadano, legislar en esta materia es un compromiso que México adquirió al ratificar el Convenio 190 de la OIT, apenas el año pasado. 

 

Patricia Mercado denunció que el pacto patriarcal aún se mantiene en el mundo laboral, ya que, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), cada 45 minutos hay una mujer que renuncia a su trabajo por acoso y violencia; “eso es absolutamente injusto, que alguien se quede sin trabajo porque no hay nadie que la defienda”, denunció. 

 

El senador Daniel Gutiérrez Castorena, del Grupo Parlamentario de Morena, denunció que las mujeres que denuncian acoso laboral suelen ser presionadas hasta el punto en el que prefieren renunciar, de ahí la importancia del Convenio 190 de la OIT y de reforzar la legislación en la materia. 

 

Además, enfatizó que se debe atender también el acoso escolar, ya que existen pocos mecanismos para defender a las mujeres que denuncian violencia sexual por parte de profesores, lo que provoca que no avancen las denuncias, especialmente cuando los maestros tienen prestigio. 

 

Por ello, el legislador pidió adoptar un enfoque inclusivo para prevenir estos actos, el cual prohíba legalmente la violencia y el acoso laboral, adopte una estrategia integral que incluya medidas para prevenir y castigar estas acciones, establezca mecanismos de acompañamiento y garantice la reparación del daño. 

 

En tanto, Gerson Martínez, especialista en Políticas de Empleo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), recordó que las personas tienen el derecho a trabajar en espacios libres de violencia y acoso, por lo que el Estado mexicano, que firmó el Convenio 190, debe redoblar esfuerzos para romper con las prácticas nocivas que vulneran la convivencia en los centros laborales. 

 

A su vez, Lorenzo Roel, presidente de la Comisión Nacional Laboral de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), afirmó que no basta con reformar las leyes en materia laboral, sino inhibir estas acciones mediante la atención a las víctimas y la reparación del daño, lo que se puede lograr al endurecer las penas contra estos delitos. 

 

Por su parte, Leonor Quiroz Carrillo, presidenta de la Comisión de Ética e Integridad de Coparmex Nacional y directora de Relaciones con Gobierno de PepsiCo México, señaló que las empresas no pueden garantizar que no haya violencia, pero si pueden hacer que haya una debida diligencia con medidas de protección, así como un mecanismo eficiente para atender y arropar a la víctima, además de castigar a las personas responsables. 

 

Claudia Aguilar Barroso, fundadora de la Red de Inclusión, Igualdad e Incidencia para la Transformación Académica, sostuvo que es indispensable adecuar el marco normativo e impulsar un cambio de cultura empresarial mediante capacitación obligatoria e instauración de mecanismos internos de investigación, así como establecer una reparación integral del daño. 

 

La directora en el área de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Maricela Contreras Julián, subrayó que el derecho a un trabajo digno y libre de violencia debe abonar a la convivencia armónica y al bienestar en espacios laborales, por lo que desde la SEP buscan educar desde la primera infancia para evitar que se normalicen las malas conductas. 

Plantean en el Senado fortalecer acciones para erradicar acoso y violencia laboral

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domingo, 17 de septiembre de 2023


  • Garantizar el derecho de las madres a estar presentes en los momentos más difíciles y cruciales para sus hijos: Bermúdez Méndez 

     


El senador Erandi Bermúdez Méndez presentó una iniciativa para incluir en la Ley Federal del Trabajo el derecho a permisos de ausencia laboral, con goce de sueldo, para madres trabajadoras y jefas de familia, cuando sus hijos menores de 18 años se encuentren enfermos de gravedad. 

 

Se trata de un proyecto que tiene el potencial de cambiar una realidad que “desgraciadamente alcanza a aquellas madres trabajadoras que día a día enfrentan el desafío de conciliar el rol de jefas de familia, pero también la responsabilidad laboral para poder llevar un sustento a sus hogares”, explicó el legislador por el PAN. 

 

Bermúdez Méndez expuso que en 2022 había en México aproximadamente 25 millones de mujeres trabajadoras, 30 por ciento de las cuales eran madres, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

 

“La maternidad es un camino lleno de desafíos y sacrificios para las madres trabajadoras que, además, son jefas de familia”, opinó Bermúdez Méndez. Tales desafíos, advirtió, se multiplican por los salarios precarios y falta de seguridad social, entre otras cosas que incrementan la responsabilidad de criar y proveer a un hijo. 

 

“Al otorgarles el derecho de ausentarse de sus labores con goce de sueldo, durante el período determinado por un médico, basándose en un certificado de salud, estamos reconociendo, primero, la importancia de su rol como madres de familia y, segundo, su responsabilidad fundamental de cuidar y tratar a sus hijos en los momentos de enfermedad”, sostuvo. 

 

El senador añadió que con su propuesta se garantizaría el derecho de las madres trabajadoras a estar presentes en los momentos más difíciles y cruciales para sus hijos y familias, sin tener que sacrificar el ingreso económico. 

 

Por otra parte, subrayó que esta medida ayudará a que México se encuentre dentro de los lineamientos internacionales, a los que nos hemos comprometido en materia de igualdad de género y protección de los derechos de las mujeres. 

 

La iniciativa con proyecto de decreto, para reformar la Ley Federal del Trabajo fue turnada, para su análisis y dictamen, a las comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Estudios Legislativos Segunda. 

 

Con esta reforma, en caso de que alguno de sus hijos menores de 18 años se encuentre enfermo de gravedad, a las madres trabajadoras se les podrá conceder el derecho de ausentarse de sus labores con goce de sueldo durante el período determinado por el médico, basándose en un certificado de salud, con el fin de dedicarse al cuidado y tratamiento del menor afectado. 

Proponen permisos de ausencia laboral con goce de sueldo para trabajadoras que cuiden a hijos enfermos

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lunes, 20 de marzo de 2023

 ·       En el país existen aproximadamente 30 millones de millennials, es decir, aquellos que actualmente tienen entre 25 y 40 años de edad.

·       Si bien enfrentan diferentes desafíos cuando de adquirir una vivienda se trata, existen estrategias y opciones para hacer realidad la meta de tener casa propia.

 

Ciudad de México a 16 de marzo de 2023.- De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se estima que existen alrededor de 30 millones de millennials en México, esta generación, se enfrenta a varios desafíos cuando se trata de adquirir una vivienda: el alto costo de las propiedades, el difícil acceso a créditos hipotecarios y la inestabilidad económica no juegan a favor, sin embargo, existen diversas opciones para hacer realidad la meta de tener casa propia.

 

Considerando que este grupo de edad comprende a las personas nacidas en 1981 y 1996 y que actualmente tienen entre 25 y 40 años de edad, es importante que realicen una planificación financiera adecuada y evalúen cuidadosamente las opciones, Sergio León, director de estrategia comercial y marketing de la inmobiliaria mexicana Levy Holding, señala “se trata de verlo como una inversión a largo plazo que va de la mano con el ahorro, investigación y financiamiento; es un esfuerzo con base en el tipo de inmueble, estabilidad económica y encontrar el mejor momento para hacerlo”.

 

Para asesorar a los millennials con el desarrollo de su patrimonio y el plan para alzar la meta, Levy Holding señala:

  1. Ahorrar para el enganche: En México el enganche suele ser el 20% del valor de la propiedad, con base en el tipo de inmueble y necesidades, considera una parte de tus ingresos para destinarlo a este pago inicial.
  2. Buscar asesoría para gestionar las ganancias: Lo mejor es buscar asesoría para la inversión de portafolios inmobiliarios a lo largo del país, Inverlevy, por ejemplo, es una compañía mexicana que se encarga de ayudar a crecer el patrimonio con opciones nacionales con montos de inversión más accesibles en el mercado.
  3. Tasas vs plusvalías: En muchos lugares de México las plusvalías superan a las tasas de interés de los créditos hipotecarios –herramienta de compra del 80% de este mercado– lo cual lo convierten una opción financieramente muy viable, es decir, gracias a que la plusvalía se mantiene en un porcentaje alto, aunque suban las tasas de interés, la realidad es que una propiedad siempre será una alternativa segura para inversión y un modelo de negocio rentable. Además, una propiedad resiste mucho mejor el impacto de las crisis en comparación con otro tipo de inversiones.
  4. Apostar por ingresos adicionales: Lo ideal es descubrir formas nuevas para tener ingresos adicionales a los que el empleo puede darte, de esta forma, ese dinero ‘extra’ lo puedes destinar para hacer más fuerte el ahorro.

Para Sergio León es muy importante plantearse una meta, tiempo y ganancia para lograrlo, “los objetivos son prioridades que debes establecer para gestionar tu dinero y alcanzar el bienestar financiero, como otro punto a favor, pese a la recesión económica-mundial la industria inmobiliaria ha reportado un crecimiento importante desde hace tres años, lo que lo posiciona como una opción positiva para invertir” puntualizó. 

 

De acuerdo con la compañía, los bienes raíces son una de las inversiones más seguras en México y además, asegura que el mundo inmobiliario ofrece esquemas que se ajustan a las necesidades; sin embargo, es importante estar asesorado, contar con estabilidad económica y un plan aterrizado con metas a corto, mediano y largo plazo.

¿Ya no quieres pagar renta? Consejos para que millennials puedan comprar un inmueble

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viernes, 9 de diciembre de 2022


  • Este estudio es “un espejo que refleja la realidad del país”, lo que permite dimensionar el fenómeno de la violencia, afirma el senador Álvarez Icaza 

     


La asociación México Unido Contra la Delincuencia presentó en el Senado de la República el “Atlas de Homicidios 2021”, publicación que busca impulsar reflexiones y políticas públicas locales y centradas en las víctimas, cuyo enfoque sea revertir la crisis de homicidios que nos aqueja desde hace poco más de una década. 

 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 34 mil 173 personas fueron asesinadas en México en 2021, es decir, se perdieron 94 vidas diariamente. Entender las dinámicas de los distintos tipos de homicidios constituye el primer paso para prevenir la pérdida de más vidas humanas y sus efectos para toda la sociedad, señala el texto. 

 

El organizador del evento, senador Emilio Álvarez Icaza Longoria, señaló que este estudio es “un espejo que refleja la realidad del país”, lo que permite dimensionar el fenómeno de la violencia para acercarnos a su solución. 

 

Además, el legislador del Grupo Plural subrayó que el Atlas señala dónde está el fenómeno, con el fin de que su solución sea más fácil. Asimismo, destacó que es producto de la sociedad civil, especialmente de organizaciones con capacidad técnica y analítica. 

 

Enfatizó que el hecho de que la sociedad civil tenga que hacer este tipo de documentos es un signo de los tiempos que vivimos, es decir, refleja la importancia de que la sociedad civil organizada realice estos análisis, pues revindica el sentido de la democracia, pues los grandes problemas requieren la participación de todos, apuntó. 

 

Álvarez Icaza dijo que el documento abona al debate sobre el modelo de seguridad del país, ya que se argumenta que la militarización del país es la respuesta a la violencia, pero hay quien insiste en la pertinencia de otra estrategia, para lo que es necesario contar con datos certeros al respecto. 

 

Edgar Baltazar Landeros, coautor de la obra, señaló que la violencia letal en el país es una problemática de primer orden que no presenta reducciones significativas o sostenidas. El 2021, respecto al 2020, presentó una reducción de siete por ciento; sin embargo, puntualizó, no es sostenida, por lo que no es una tendencia reversible. 

 

Asimismo, explicó que  45 por ciento de los homicidios se concentraron en cinco estados: Guanajuato, Estado de México, Baja California, Chihuahua y Michoacán.  Los municipios con mayor letalidad fueron Tijuana, Baja California; Ciudad Juárez, Chihuahua; León, Guanajuato; Cajeme, Sonora; y Fresnillo, Zacatecas, puntualizó. 

 

Mónica Daniela Osorio Reyes, coautora de la publicación, informó que al observar los datos de 2015 a 2021, Chihuahua y el Estado de México se mantienen entre las cinco entidades con más víctimas de homicidio, mientras que Guanajuato y Baja California lo hacen desde el 2017. 

 

En ese sentido, desglosó las cifras de homicidio de estas cuatro entidades federativas, las cuales representan los focos rojos a atender en el país. Por ello, asentó Osorio Reyes, son los estados que requieren atención primordial. 

 

Lisa María Sánchez Ortega, directora general de Mexicanos Unidos Contra la Corrupción, indicó que esta publicación busca ser de utilidad para las y los tomadores de decisiones, con el fin de mejorar las políticas públicas, producir la legislación necesaria y atender este fenómeno de una manera integral, desde la prevención hasta la no repetición.   

Presentan en el Senado “Atlas de Homicidios 2021”

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