- Es pertinente discutir nuevos esquemas de política social; el único problema que tenemos es buscar de dónde provienen los ingresos: Ricardo Monreal.
- Advierten legisladores latinoamericanos que la actual crisis puede profundizar aspectos más negativos de la “normalidad pre-pandemia”.
Para contrarrestar los efectos económicos y sociales de la pandemia en América Latina, es fundamental que los gobiernos de la región implementen el ingreso vital para la población afectada y se camine hacia Estados de bienestar que garanticen derechos.
Así lo consideraron legisladoras y legisladores de la región en el “Foro por un ingreso vital: Perspectivas internacionales”. El encuentro tuvo como objetivo conocer la perspectiva latinoamericana, su experiencia y la forma en que han discutido y aplicado esta medida en sus respectivos países.
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, afirmó que un Estado democrático debe ser responsable de garantizar la subsistencia de los grupos más vulnerables de la sociedad. Detalló que el gobierno mexicano ha reconocido esto, por lo que ha establecido programas profundos de política social y combate a la pobreza extrema.
El nuevo gobierno, apuntó, ha puesto esta preocupación en el centro de su agenda política, por lo que se ha quintuplicado el apoyo a las familias más vulnerables. Sin embargo, señaló, la pandemia por COVID-19 ha generado una situación inesperada frente a la cual muy pocos países contaban con los instrumentos para atender este reto.
Dijo que la respuesta a la pandemia y sus efectos negativos acarrearán un incremento de la pobreza extrema. Refirió que según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), nuestra región tendrá un decrecimiento económico de alrededor del 5.4 por ciento, lo que generará cerca de 30 millones de nuevos pobres.
Estos problemas, indicó el senador, deben enfrentarse redoblando esfuerzos en pro de las personas más necesitadas y buscar soluciones innovadoras que respondan a esta nueva realidad, por lo que escuchar a quienes han tenido este tipo de experiencias en sus países ayudará para orientar las propuestas en el nuestro.
Monreal Ávila informó que en el Senado hay varias iniciativas de diversos Grupos Parlamentarios que plantean el ingreso básico universal. Señaló que la mayoría legislativa considera que es pertinente discutir fórmulas para incorporar nuevos esquemas de política social, sin embargo, “el único problema que tenemos es buscar de dónde provienen los ingresos para fortalecer este programa enorme”.
La senadora de Movimiento Ciudadano y organizadora de este foro, Patricia Mercado, aseguró que la propuesta del derecho a un ingreso vital de emergencia, es una medida de salud pública para evitar la propagación de la pandemia y el hambre.
Hoy, desde México, nos une el compromiso de materializar este ingreso vital como un paso en el camino hacía los derechos universales, “porque millones de personas en el país han perdido su empleo, salario y fuentes de ingreso y no lo han podido recuperar”, subrayó.
Advirtió que las mujeres también son afectadas desproporcionadamente por la emergencia sanitaria, debido al tipo de trabajo que desempeñan. “Son afectadas de manera desproporcionada por el aumento de la carga de trabajo no remunerado”.
Enfrentamos la subsistencia de millones de personas que ya eran vulnerables en los países por la falta de un trabajo con derechos y que en esta crisis están viviendo una devastadora caída de sus ingresos, puntualizó.
El senador Dante Delgado, coordinador de Movimiento Ciudadano, comentó que desde el Senado mexicano se hará el mayor esfuerzo para que se pueda profundizar en este ejercicio, “porque tenemos un claro compromiso con las familias que se ven lastimadas por quedarse en casa”.
Frente a la crisis sanitaria y su consecuencia económica, es necesario impulsar un elemento fundamental de sobrevivencia para las familias. “El gobierno no puede pedir que lo ayuden a controlar la capacidad de respuesta en el sistema de sanidad, y al mismo tiempo, no respaldar esa iniciativa” puntualizó.
Su compañero de bancada, el senador Clemente Castañeda Hoeflich dijo que el Estado mexicano debe implementar un ingreso vital que permita enfrentar la crisis y apoyar a las personas que han perdido su empleo y sus ingresos durante la emergencia sanitaria generada por el Covid-19.
Mauricio Merino, coordinador de la Red Nacional Ciudadana Nosotrxs, reconoció que el gobierno de la República emprendió una reforma muy profunda en materia de programas sociales, a fin de que lleguen a un mayor número de personas, especialmente a los grupos más vulnerables; sin embargo, por la crisis económica ahora hay un grupo muy amplio de mexicanos que están perdiendo sus empleos e ingresos.
Ante esta situación, recordó que la organización que coordina propuso al Ejecutivo y al Congreso que se ensayara y pensara en el ingreso vital de emergencia por unos meses, con el objetivo de aliviar los efectos más graves de la pandemia en materia económica.
Indicó que más de 60 por ciento del trabajo en México se realiza fuera del sector formal, y es ahí, donde hay más pérdida de empleos. Consideró que se puede aprender mucho de los países de América Latina que ya aplican esta medida para sacar adelante a tantos millones de seres humanos que necesitan la intervención del Estado y para entender la nueva forma del sistema fiscal y de redistribución de los ingresos públicos.
En su turno, Norma Durango, senadora de Argentina, advirtió que ante este tipo de coyunturas pueden surgir fuerzas retrogradas y autoritarias, orientadas a profundizar los aspectos más negativos de la “normalidad pre-pandemia”, como la desigualdad, la pérdida de los derechos laborales y la violencia contra las mujeres. Por ello, dijo, resulta perentorio que los países latinoamericanos pugnen por la ampliación de los derechos en general y de las mujeres.
El diputado de Chile, Giorgio Jackson Drago, explicó que en su país se aplica un apoyo para las familias, denominado Bono COVID-19, pero es insuficiente. Opinó que la renta básica universal debe ser un nuevo escalón de un Estado de bienestar, que tiene que hacerse cargo de los derechos de las personas.
Carolina Hidalgo Herrera, diputada de Costa Rica, dijo que en su país todas las fuerzas del Congreso acompañaron la idea de apoyar económicamente a las familias que se iban a ver más perjudicadas por la pandemia, por lo que la creación del “Bono Proteger” fue bien recibida. La legisladora detalló que para financiar el apoyo tomaron ingresos de diversos fondos de emergencia y se revisó el superávit de todas las instituciones para redireccionar lo que no se iba a ejecutar.
El senador Iván Marulanda, integrante del Congreso de la República de Colombia, expuso que su país tiene una estructura económica rígida, por lo que no se habían planteado un apoyo con visión social para atender la pobreza. Sin embargo, apuntó, el confinamiento generado por la pandemia y su impacto económico en las familias más vulnerables abrió la discusión hacia el futuro para cambiar la visión del Estado y establecer un ingreso básico universal.
Participaron en el foro legisladores de Brasil y Uruguay, quienes también expusieron las experiencias en sus países con la renta básica.
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