Una de las reiteradas quejas por parte de los operadores móviles al gobierno mexicano ha sido el elevado costo por los derechos de espectro (pago inicial por licitación y derechos anuales durante periodo de concesión). En varias ocasiones han señalado que estos no consideran la escala del operador al momento de definir su estructura de costos, pues solo contemplan las bandas y la cantidad de espectro que los operadores poseen. Lo anterior favorece a aquellos con mayor tamaño quienes pueden diluir dichos costos de manera más fácil, generando una clara ventaja competitiva respecto al resto de los jugadores en el mercado.
En un mercado tan concentrado como el mexicano, para los operadores móviles que conforman la competencia, el costo por derechos de espectro tiene un efecto significativo con relación a su participación de mercado, lo que impacta de manera negativa y sustancial a sus costos, mermando así su capacidad competitiva , es decir, quedando aún más rezagado respecto al Agente Económico Preponderante en Telecomunicaciones, América Móvil.
A pesar de lo anterior y del caso omiso por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Telefónica México tomó, en noviembre de 2019, la decisión de deshacerse de su infraestructura, devolviendo su espectro en las bandas de 800 MHz y 1.9 GHz así como la devolución completa de sus frecuencias en la banda de 2.5 GHz.
El gobierno, a todas luces, salió perdiendo pues no solo dejará de recibir el pago de los derechos por el uso del espectro radioeléctrico, sino que además deja en desuso un bien propiedad de la nación y recurso esencial para el desarrollo sectorial y del país en su conjunto.
Hoy, a pesar de lo sucedido con Telefónica y de que diversos análisis han demostrado que México es uno de los países más caros en el cobro por espectro, el tema es ignorado nuevamente por la actual administración, pues la iniciativa de Ley de Derechos propone una actualización (aumento) en el costo de bandas del espectro radioeléctrico relevantes para la prestación de servicios móviles (814 a 824 MHz, 824 a 849 MHz, 859 a 869 MHz, 869 a 894 MHz, 614 a 698 MHz y 1427 a 1518 MHz), bajo el argumento de que los derechos cobrados por estas bandas no se han actualizado en los últimos años.
Claramente no entienden que el espectro radioeléctrico no debe verse como una vía recaudatoria directa, sino como un medio para incrementar el consumo de servicios que a su vez generen más ingresos para el Estado y como una herramienta más para equilibrar las condiciones de mercado entre operadores.
Lo único que se logrará con estos aumentos será disminuir más lo poco que queda de competencia en un país excesivamente concentrado. Adicionalmente, este incremento en los costos para los operadores puede traducirse eventualmente en un incremento real en el precio para los usuarios y aplazamiento del despliegue de 5G, todo en contra de la supuesta prioridad de esta administración de conectar a todos. | 
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