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miércoles, 21 de agosto de 2019



·        Senado tiene claro interés para combatir de manera frontal y eficaz uso de comprobantes fiscales falsos: Minerva Hernández.
·        Piden no afectar a quien genera empleo y cumple con el fisco.


En el foro “Las reformas Fiscales Penales contra las facturas falsas y las empresas fantasmas”, senadoras del PAN y PRI consideraron que es fundamental que este tema no se convierta en “terrorismo fiscal” y pidieron ser cuidadosos para no afectar a los empresarios que generan empleo y cumplen con sus obligaciones.

Al respecto, la secretaria de la Comisión de Hacienda, Minerva Hernández Ramos consideró que en una democracia y un régimen de libertades, solamente debería considerarse como conductas punibles en materia tributaria los atentados más graves contra la Hacienda Pública.

La senadora del PAN refirió que, ante la propuesta que considera a la defraudación fiscal como amenaza a la seguridad nacional, delincuencia organizada y delito que amerita prisión preventiva oficiosa, es necesario cuestionar sobre su validez constitucional.

Lo anterior, debido a que “el derecho penal no puede ser un instrumento para brindar seguridad, sino para salvaguardar la dignidad humana, pues hacerlo en forma contraria llevaría a una crisis de derechos humanos”, precisó.

Minerva Hernández expresó que es necesario preguntar si existen medidas alternativas para combatir con mayor eficacia y eficiencia estas conductas y que resulten menos lesivas para los derechos fundamentales de los contribuyentes.

Aseguró que desde el Senado hay un claro interés para combatir, de manera frontal y eficaz, el uso de comprobantes fiscales que amparan operaciones falsas, inexistentes o actos jurídicos simulados.

Este delito, precisó, representa una problemática compleja para las finanzas públicas. “El mercado de las facturas falsas rebasa los 2 billones de pesos y que la evasión fiscal implica una pérdida de recaudación de casi 500 mil millones de pesos”.

A su vez, la senadora Nuvia Mayorga Delgado, secretaria de la Comisión de Hacienda, dijo que es fundamental cuidar que el tema de defraudación fiscal no se confunda con uno de seguridad nacional, a efecto de no caer en un “terrorismo fiscal”.

Estamos en favor de que haya sanciones y algunas disposiciones -como se han planteado- pero también que se cuide a los empresarios, a la iniciativa privada y a los mexicanos para no caer “en un tema de espanto”, como se ha comentado.

La legisladora del PRI indicó que el tipo penal de defraudación fiscal ya está ampliamente reconocido y descrito en el Código Fiscal de la Federación. No queremos caer en una controversia de interpretación. Queremos recuperar para el erario público los 1.6 billones de pesos que se pierden por el uso de facturas falsas, aclaró.

En tanto, la senadora Xóchitl Gálvez, del PAN, opinó que la delincuencia organizada “le dará la vuelta” a estas reformas. Además, dijo, tenemos que estar conscientes “que se puede afectar a los buenos empresarios, a los que sí trabajan y declaran impuestos”.

Señaló que el problema de las facturas falsas no existiría sin la colusión de funcionarios, por lo que “si este gobierno dice que va parar la corrupción, que empiece por ahí y castigue a todos los funcionarios que estuvieron involucrados en el tema facturero. Van a ver cómo se acaba y no andamos tocando y espantando a los buenos empresarios”.  

El presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Héctor Herrera Ordóñez manifestó que el actuar de las autoridades encargadas de la implementación de las estrategias para combatir estos actos ilegales, debe encaminarse en todo momento para erradicar estas prácticas nocivas para la sociedad, pero también buscar el equilibrio para que su actuar esté acorde a la Carta Magna.

La Barra Mexicana apoyará en todo momento a combatir la simulación de actos jurídicos que lleven a la evasión de los impuestos que el Estado debe percibir, buscando que se respeten los principios consagrados en la Constitución, concluyó.

Llaman a no convertir en terrorismo fiscal el combate a facturas falsas y empresas fantasmas

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domingo, 21 de octubre de 2018


  • Se creará un padrón único de contratistas y de proveedores “confiables”.

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ricardo Monreal presentará, en esta semana, una iniciativa que reforzará los controles normativos para frenar las operaciones financieras de las dependencias y entidades públicas de los tres órdenes de gobierno con las llamadas empresas “fantasma”.

Según datos del Sistema de Administración Tributaria (SAT) se han identificado al menos 6 mil 500 empresas de este tipo en el país que han cometido fraudes que ascienden a más de 74 mil millones de dólares, es decir casi 5% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

Ante este panorama, Monreal Ávila propuso modificaciones al Código Fiscal Federal, a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; así como la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas.

El documento establece la prohibición de celebrar contratos que involucren dinero público con empresas que el SAT haya identificado como entidades irregulares, conocidas como empresas “fantasma”.

Con la iniciativa del presidente de la Junta de Coordinación Política se amplía el catálogo de sujetos obligados impedidos para celebrar contratos de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública con empresas.

Actualmente, la Ley sólo regula las contrataciones realizadas por dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. La reforma que se propone incorpora a sus homólogas de las entidades federativas; los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, sus dependencias y entidades, señaló.

Además, dijo, de la Procuraduría General de la República y las fiscalías o procuradurías locales; los poderes Legislativo y Judicial; los organismos constitucionales autónomos; las empresas productivas del Estado, así como cualquier otro ente público sobre el que tenga control alguno de los poderes y órganos públicos.

Las modificaciones legales, explicó, permiten la creación de un padrón único de contratistas y de proveedores “confiables” que tendrán el fin de garantizar la contratación de personas físicas o morales con las capacidades legales, técnicas y administrativas y, al mismo tiempo, podrán prevenir e identificar actos u omisiones irregulares e ilícitas en el marco de los procedimientos de contratación, implementación y ejecución de los contratos respectivos.

Las personas interesadas en inscribirse en los padrones deberán cumplir ciertos requisitos fundamentales para garantizar que no se traten de organizaciones ficticias o “fantasma”. Se solicita entreguen diversa información específica, entre la que destaca: alta ante la secretaría de Hacienda y Crédito Público, registros ante el Instituto Mexicano de Seguridad Social y el Infonavit, así como estados financieros auditados y el inventario de maquinaria y equipos disponibles, entre otros, abundó.

El legislador de Morena mencionó que se impulsarán mecanismos de transparencia, ya que la reforma establece que las personas que deseen participar en procedimientos de licitación deberán dar su consentimiento para que el Sistema de Administración Tributaria publique en su página de internet la información de éstas.

Ricardo Monreal señaló que el nuevo marco jurídico contempla incrementar las penas para quienes participen en la suplantación de identidad, representación o personalidad de un contribuyente; y para quien otorgue su consentimiento para llevar a cabo la suplantación de su identidad, o incite a una persona física a inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes para utilizar sus datos de forma indebida.

Se equipara con el delito de defraudación fiscal la expedición, adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, destacó.
Las reformas plantean que no podrán celebrarse contratos de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública con empresas que no tengan la opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales por parte del SAT, como incongruencias o falsedad en el domicilio fiscal declarado, entre los activos, personal, infraestructura o capacidad material, o datos que no concuerden entre los ingresos facturados y los declarados.


Monreal Ávila explicó que con la iniciativa los proveedores o contratistas que deseen beneficiarse de contratos en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública, deberá autorizar el SAT  publicar su información en la página electrónica del ente de fiscalización, a efecto de ser consultada y analizada por las dependencias y entidades contratantes, así como por la ciudadanía en general.

No más contratos del Gobierno con empresas “fantasma”: Ricardo Monreal

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miércoles, 17 de octubre de 2018


Las empresas fantasmas, facturas falsas y la evasión fiscal representan un grave problema en el que convergen varias tipologías de corrupción, faltas administrativas y delitos de conducta, aseguró la senadora Minerva Hernández Ramos.
Al inaugurar el seminario “Empresas fantasmas, venta de comprobantes fiscales y evasión fiscal ante el Sistema Nacional Anticorrupción” en el Senado de la República, la legisladora del Grupo Parlamentario del PAN señaló que dicha problemática debe abordarse con la mayor responsabilidad posible, a fin de elaborar un marco jurídico más eficiente que permita el combate frontal a la corrupción.
Reconoció que este tipo de prácticas ha significado para las finanzas públicas un ciclo pernicioso que involucra varios actores: a quienes constituyen empresas fantasmas, con el cobijo de funcionarios fiscales y de fedatarios públicos corruptos; los que venden facturas que amparan operaciones materialmente inexistentes, y los que compran esos comprobantes para darles efectos fiscales, a fin de reducir la base gravable del impuesto.
Los legisladores, dijo, tienen la responsabilidad de entrar al combate frontal de este tipo de prácticas, mediante reformas al marco jurídico y, para ello, es necesario “escuchar las diversas voces de los expertos, instituciones, académicos, investigadores y de la sociedad civil, quienes analizan y nos dan su opinión respecto de estos problemas para que podamos presentar mejores propuestas”.
La también integrante de las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Economía, sostuvo que se requieren alternativas de creación normativa que sean más eficientes, más óptimas y más acertadas para balancear el combate frontal a la corrupción e impunidad, frente al principio de presunción de inocencia, los derechos de los contribuyentes, la competitividad empresarial y el desarrollo económico, entre otros.
“¿Cuál es la mejor forma de regular la evasión fiscal? ¿Qué enfoque debe darse a la venta de comprobantes fiscales? ¿Debe prevalecer la parte penal sobre la parte fiscal? Y, finalmente, ¿Cómo debemos encuadrar estos esfuerzos en una política nacional anticorrupción?”, planteó la representante por Tlaxcala.
Hernández Ramos informó que el Seminario es un esfuerzo conjunto de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y del Senado de la República.
La legisladora del PAN agradeció la presencia del Senador Alejandro Armenta y la diputada Patricia Terrazas, presidentes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Senadores y de Diputados, respectivamente, y reiteró que el combate a la corrupción y a la impunidad es un tema transversal de las agendas parlamentarias y de la pluralidad política representada en el Congreso de la Unión.
En el evento, además, estuvieron presentes Arturo Pueblita Fernández, presidente de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, y Gabriela Ríos Granados, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

EMPRESAS FANTASMAS, FACTURAS FALSAS Y EVASIÓN FISCAL, UN PROBLEMA QUE REQUIERE UN NUEVO MARCO JURÍDICO: MHR

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