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sábado, 25 de noviembre de 2023

 

  • Se estima que 93.2 por ciento de los ilícitos no se denuncian, de acuerdo con datos del INEGI 

 

 


El Senado de la República exhortó a las fiscalías generales de justicia o sus equivalentes en las entidades federativas a establecer programas dirigidos a los ciudadanos, para facilitar la interposición de denuncias por los delitos del fuero común de mayor incidencia en el país. 

 

Además, la Cámara de Senadores pidió programas de capacitación para los agentes del Ministerio Público y las subprocuradurías, a fin de brindar atención a las personas que se vean limitadas por sus condiciones socioeconómicas, geográficas o sociales, para interponer denuncias y perseguir de forma eficaz delitos del fuero común. 

 

En el dictamen, que se aprobó en la sesión del 22 de noviembre, las y los senadores refirieron que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI, se estima que 93.2 por ciento de los delitos no se denuncian. 

 

Lo anterior, explicaron, debido al bajo nivel de confianza en el Sistema de Justicia, la falta de Internet, la poca experiencia de la población adulta mayor en el uso de medios tecnológicos y la existencia actual de comunidades marginadas o agrarias para realizar estos trámites.  

 

En ese sentido, los senadores subrayaron que el sistema de justicia penal requiere de medios eficaces para la captación y atención de denuncias; además de que es necesario cambiar la percepción ciudadana sobre la forma en que es atendida e incluir nuevos mecanismos de acercamiento con la población. 

 

Por ello, consideraron conveniente exhortar a las instituciones de procuración de justicia que atienden de manera directa la problemática de inseguridad el país, para que el diseño de políticas públicas y programas se implementen en toda la República, y que el personal adscrito a las fiscalías u homólogas actúen de manera pertinente, pronta y adecuada en beneficio de los grupos de atención prioritaria.  

Pide Senado a fiscalías facilitar denuncias de ciudadanos por los delitos del fuero común

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domingo, 21 de noviembre de 2021

Por Alberto Estevez Arreola

Denuncian trabajadores que  INFONAVIT de la ciudad de México,  cuyo director es Carlos Martínez Velàzques, "un funcionario sin el màs mínimo profesionalismo, incumplió con las miles de devoluciones a trabajadores que pagaron de màs a esa institución a través de sus cuotas y no hay una sola respuesta de la dirección general desde hace meses y  cae otra vez en retrazos por su eterna y dañina  burocracia que él  encabeza", señalaron. 
"De nada sirven los discursos tan alegres, por no ser efectivos, que hace su dirección general hacia el público interesado desde los medios de comunicación y en la Internet. Esto nos perjudicó ya  a los trabajadores de empresas que si cumplimos  a tiempo pero no vemos una reacción para solucionar el desfalco, solo hay un  silencio ", dicen los  afectados que prefieren no dar su nombre por posibles represalias. 
 
Las quejas se dan desde el inicio de Octubre pasado por lo que la dirección de INFONAVIT està obligada a revisar la actuación de sus burócratas, que vuelven incumplir  con las devoluciones  de pagos en exceso que hicieron los trabajadores. "Esperamos   recibirlos a la brevedad, por necesidad urgente de nuestras familias y no pasar semanas y hasta meses  de incertidumbre debido a su notable  desorganización".  
El argumento llegó a NEWS INFORMANET.US solicitando a esta agencia de Noticias Internacional.  dar a conocer públicamente el hecho que perjudica la economía de miles y miles de familias y que ante este incumplimiento, "hecha por tierra los discursos del Directorcito  muy bonitos, pero sin mentiras sobre tido el supuesto  interés de INFONAVIT  por el bienestar de las familias de trabajadores", alegaron. 
Finalizaron al anunciar que esto "Lo haremos saber al Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador,  para que tome cartas en el asunto y ponga a un director de verdad comprometido con su labor y no un mentiroso al que no le importa la clase trabajadora mexicana".  

Incumple INFONAVIT en devoluciones por sobrepagos de trabajadores.

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lunes, 6 de julio de 2020

*** Denuncian que en esta administración ya les metieron dos placas irregulares que se suman a dos anteriores, mientras los colaboradores de Lajous Loaeza simulan que tomarán cartas en el asunto

Concesionarios de la Ruta 87 del transporte público de la Ciudad de México denuncian que la corrupción y la simulación continúan dentro de la estructura de la Secretaría de Movilidad y que su combate son únicamente un discurso gubernamental sin sustento en acciones reales, ya que en los últimos dos años han incorporado de forma ilegal al Sistema de Control Vehicular dos placas, con las que suman cuatro que afectan a dicha ruta y que incluso circulan sin láminas, sólo con permisos.

Jaime Sánchez, secretario general de los concesionarios de Ruta 87 denunció que el 23 de enero pasado dirigieron un oficio al secretario de la SEMOVI, Andrés Lajous Loaeza, donde le informan que “irregularmente y por medio de la corrupción han ingresado a nuestra ruta varias concesiones pirata y subidas al sistema (base de datos) de manera ilegal por la secretaría que usted representa, bajo la corrupción en administraciones pasadas y lo más preocupante es que en su administración ingresaron las placas pirata 0870107 y 0870108, anexándose a las 0870105 y 0870106” que ya circulaban, sin que al momento las sacaran de circulación.

El oficio agrega que los ingresos realizados el año pasado y este “nos parecen una burla a nuestra organización y sobre todo a la secretaría que usted representa” porque luego de varias reuniones, hubo un operativo del INVEA y las unidades con las dos placas irregulares sólo fueron remitidas al corralón por la falta de licencia de los conductores, pero no por circular de forma ilegal porque carecen de todo respaldo.

En su oficio del 23 de enero los concesionarios de la Ruta 87 solicitaron a Lajous Loaeza que saque de circulación de forma definitiva esas placas notoriamente piratas, y que las quisieron integrar al Sistema de Control Vehicular desde 2010, “por presentar títulos de concesión y documentación totalmente apócrifos (…) y tome cartas en el asunto con las personas que se prestan a la corrupción de su secretaría, asignadas al sistema con el cual manipulan el padrón vehicular”.

Jaime Sánchez afirma que la circulación de unidades con estas placas son un peligro para la ruta 87, por lo que de manera muy firme se deslindan de las daños y perjuicios que los portadores de estas placas y/o permisos cometan en el futuro.

“No nos hacemos responsables por alguna situación que pueda pasar porque la autoridad no toma cartas en el asunto y no las saca de circulación. Las autoridades ya dieron el fallo de que las placas no tienen un registro, de que las placas son piratas, ero siguen circulando, lo cual representa un peligro”.

Esta situación se parece mucho a la simulación de funcionarios de gobiernos anteriores, expresó Jaime Sánchez, porque el problema es del conocimiento de Lajous Loaeza, y también de varios de sus colaboradores como el Subsecretario del Transporte, Brando Alan Flores Pérez; del Director de Operación y Licencias de Transporte de Ruta y Especializado, Edgar Doroteo García; y el Subdirector de Control de los Centros de Revista Vehicular, Juventino Hernández Martínez, quienes únicamente les dan la promesa de que tomarán cartas en el asunto.

Y lo más grave, advierte Jaime Sánchez, es que, ante el actual programa de regularización vehicular emprendido por la Secretaría de Movilidad, “existe el riesgo de que nos quieran meter esas placas y hacer válido lo que ha sido irregular desde hace mucho tiempo”.

CORRUPCIÓN Y SIMULACIÓN EN SEMOVI SIGUE CON NUEVO GOBIERNO: RUTA 87

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lunes, 4 de noviembre de 2019


***  Claudia Sheinbaum y Andrés Lajous dicen estar acabando con la corrupción, pero tienen 11 meses en el gobierno y, como sus antecesores, nada hacen para detener a un grupo de camionetas “piratas” que iniciaron su operación con el uso la fuerza y han sido denunciadas ante ellos


Pese a tener en sus escritorios varias denuncias por la operación ilegal o pirata de un grupo de camionetas que dan el servicio de transporte de pasajeros entre la Glorieta de San Jerónimo y Santa Fe, las autoridades del gobierno de la Ciudad de México y quienes despachan en la Secretaría de Movilidad (SEMOVI), hacen caso omiso, pese a que día con día afirman que luchan contra la corrupción.

A 11 meses de la entrada del nuevo gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo y, contrario a sus declaraciones a los medios, Andrés Lajous sigue sin atender el caso, como la más reciente queja de un ciudadano del pasado 17 de octubre, quien cansado de no ser escuchado por la SEMOVI se dirigió a la Directora General del INVEA, María Idalia Salgado Hernández, a quien le expone su “más enérgica queja en contra de unas camionetas pirata y sus conductores que dan servicio sin tener autorización”.

Entre las 6:00 y 9:00 horas de la mañana y 16:00 a 22:00 por la noche un grupo de camionetas de color blanco, que cuenta con grupos de choque y vigilancia llamados “halcones”, realizan el servicio de lunes a sábado por una cuota de 35 pesos, sin los mínimos lineamentos de seguridad porque, según afirma el vecino quejoso, ha platicado con los propios operadores y carecen de seguro de transporte público, por lo que si ocurre algún accidente, los usuarios no serían atendidos y/o indemnizados.

Ese tipo de camionetas que son abordadas en Anillo Periférico Sur y Tarasquillo en San Jerónimo y la confluencia de Juan Salvador Agraz y Vasco de Quiroga en Santa Fe, son para 14 pasajeros, incluido el chofer, pero llegan a subir en las horas de mayor demanda hasta 20 o 22 personas, como se puede apreciar en los videos anexos, creando un riesgo mayor, ya que son vehículos con poca estabilidad.

Algún poder dentro de la SEMOVI deben tener los propietarios de tales camionetas, dijo el vecino afectado, quien solicitó omitir su nombre por temor a represalias del grupo de choque con el que actúan, para proteger las acciones ilegales de las 16 camionetas o más con que prestan el servicio.

La omisión de las autoridades a estos actos de fuerza dejan muy en claro que cualquiera con poder económico y político, por tener amigos en las dependencias de gobierno, pueden hacer lo que quieran ilegalmente, y no habrá consecuencias ni cambio en la forma de hacer las cosas en esta ciudad.

CONSIENTEN GOBIERNO CDMX Y SEMOVI TRANSPORTE PIRATA SAN JERÓNIMO-SANTA FE

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lunes, 14 de octubre de 2019



(CODICS).- La Coordinadora Nacional Plan de Ayala - Movimiento Nacional (CNPA MN) y la Unidad Cívica Felipe Carrillo Puerto (UCFCP) denunciaron extorsión por parte de funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México, desplazamiento de lugares de venta y pérdida de ventas en agravio de cientos de ambulantes, en las delegaciones de Cuauhtémoc y Azcapotzalco por lo que exigieron a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, retomar el cobro de derecho de piso legal y la reinstalación de las fuentes de trabajo de los comerciantes.

Lo anterior debido a que la mandataria local dice que ya no hay cobro por la venta en la vía pública pero si envía a sus funcionarios menores a extorsionar cada semana y ese dinero no se va a las arcas de la administración pública.

Además, detallaron que derivado de la realización de obras de pavimentación en banquetas son retirados con la fuerza pública comerciantes ambulantes en las demarcaciones antes citadas.

Daniel Zúñiga Maldonado, vocero de la Coordinadora Plan de Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional, dio a conocer que las pérdidas diarias por la no venta de los más de 340 ambulantes es de 680 mil pesos.

En tanto que la extorsión o cobro de derecho de piso no registrado en el erario del GCDMX es de mil pesos cada ocho días por local instalado en dichas demarcaciones y cuyo número supera los 500 por lo que se desvían poco más de 2 millones al mes.

Por lo anterior, Daniel Zúñiga Maldonado, vocero de la CNPA MN y Roberto Nieves, de la Unidad Cívica Felipe Carrillo Puerto (UCFCP) exigieron diálogo inmediato con la jefa del Gobierno de la Ciudad de Mexico, Claudia Sheimbaum Pardo.

Asimismo pidieron atención a las demandas políticas y sociales de la UCFCP-CNPA MN en la ciudad de México.

Recordaron que en la constitución de la Ciudad de México se ha reconocido el derecho al trabajo por cuenta propia en el espacio público,

Así que los trabajadores no asalariados organizados en la Coordinadora Nacional Plan de Ayala – Movimiento Nacional CNPA -MN que luchan cada día por generar ingresos y sostenimiento a sus familias están establecidos en diferentes puntos de la Ciudad de México, nos ha caracterizado el dialogo con las autoridades y muchas veces hemos coadyuvado a encontrar una salida ante distintas problemáticas que se presentan en las áreas de espacio público donde nuestros compañeros realizan comercio.

Los gobiernos recientes en aras de la remodelación y rehabilitación de espacios públicos establecían mesas de trabajo para dar alternativas a los compañeros que se encontraban laborando en esas áreas, muchas de esas remodelaciones han terminado beneficiando a empresarios y desplazado al pequeño comerciante, aun cuando los pagos a la recaudación local han sido en tiempo y forma, muchas veces soportando los atropellos de autoridades y delincuencia organizada.

Con el Gobierno de la ciudad de México que encabeza Claudia Sheimbaum Pardo, nos hemos encontrado con una cerrazón absoluta e innecesaria, con la indolencia e indiferencia ante la solicitud de dialogo para atender diversas problemáticas de nuestros compañeros, dos ejemplos de esta política de oídos sordos son las siguientes:


En la Av. Hidalgo en el tramo de Valerio Trujano hasta el Eje Central Lázaro Cárdenas y sus inmediaciones, sin previo aviso por autoridad alguna del Gobierno de en la Ciudad de México, llegó el día 13 por la madrugada con maquinaria pesada para levantar las banquetas afectando a 40 de 200 compañeros comerciantes que se han venido instalando sobre esta avenida, desde hace 30 años, integrados a la Alianza de Comerciantes No Asalariados del Valle de Anáhuac A.C., Organización adherida a la Unidad Cívica Felipe Carrillo Puerto UCFCP- CNPA-MN, representada por él compañero Roberto Martínez Nieves.

En la Alcaldía de Azcapotzalco, bajo el supuesto de la mejora de espacios públicos, la instalación de plantas de ornato y ordenamiento contradice con el despilfarro de recursos ya que ha pasado apenas un año de haberse renovado las banquetas del centro de esta Alcaldía, ahora tratando de hacer cambio de vialidades y reducir los carriles de esta vialidad primaria Avenida Azcapotzalco, en la que se encontraban decenas de compañeros, llegando hasta el absurdo desalojo por elementos del cuerpo de granaderos por considerar a ésta Avenida patrimonio Cultural del centro de Azcapotzalco, nuevamente llegan buscando de manera perversa el reordenamiento a los trabajadores por cuenta propia en el espacio público tratando de consumar el desalojo de los compañeros instalados en las bocacalles de la Calle Aztecas y Tepanecos.

Por denunciar esta oposición han sido amenazados nuestros compañeros con no incorporarlos al Sistema de Comercio en Vía Pública y dejarlos sin otro espacio para sus ventas, por parte de los servidores públicos de la alcaldía.

Sin dejar de mencionar que sin ningún motivo y a pesar de pedirles a todos y cada una de las Autoridades los planos o maquetas, así como estudios de estas obras, se han negado a mostrar todo lo orquestado por el Dir. Gral. Jurídico y Gobierno en Azcapotzalco, Irak López Dávila.

En ese sentido quienes integramos la Unidad Cívica Felipe Carrillo Puerto (UCFCP) integrados a la Coordinadora Nacional Plan de Ayala - Movimiento Nacional (CNPA MN) solicitamos también que la voluntad política que en su momento manifestó la actual Jefa de Gobierno Claudia Sheimbaum Pardo se traduzca en atención y solución inmediata a estos y otros temas.

CNPA MN DENUNCIA EXTORSIÓN Y DESPOJO A AMBULANTES POR PARTE DE GCDMX

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miércoles, 14 de agosto de 2019


 
* * Concesionarios de la Fuerza Amplia de Transportistas denunciaron presiones y amenazas de Roberto Capuano, quien se niega a otorgarles la información a detalle de los presuntos beneficios que les arrojaría la firma a que los quieren obligar; Metrobús tampoco quiere entregar ahorro de una de las empresas para realizar la sustitución de nuevos autobuses

Representantes de empresas concesionarias del Metrobús denunciaron esta mañana que el director general del órgano público descentralizado del gobierno de la Ciudad de México, Roberto Capuano Tripp les exige, mediante presiones y amenazas, la firma de un cheque en blanco que podría atentar contra la economía de sus empresas y el bienestar, ya de por sí deteriorado, de sus socios, a cambio de liberarles el incremento de 10.03 por ciento autorizado por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo a partir del pasado 1 de agosto.

El incremento iría de 36.98 pesos que actualmente les paga el Fideicomiso Metrobús a 40.78 pesos, un aumento que de acuerdo con el vocero de los concesionarios integrados en la Fuerza Amplia de Transportistas (FAT), Nicolás Vázquez Figueroa, sólo nos pondría en las condiciones de ingreso que teníamos en febrero de 2017, pero no alcanzan a cubrir los gastos y necesidades de las empresas.

El transportista relató que desde el pasado 2 de agosto cuando delante del secretario de Movilidad, Andrés Lajous Loaeza les dieron a conocer la noticia del incremento, Capuano les advirtió que deberían firmar un cambio en el contrato del fideicomiso y sus reglas de operación porque en este momento ya son insuficientes para poder contratar financiamiento o arrendamiento, con el fin de incrementar el parque vehicular o realizar el cambio de unidades.

Sin embargo, dicen los transportistas, los han venido presionando y amenazando con que el incremento llegará “sólo si firmamos una minuta de presuntos acuerdos donde nos condicionan a aceptar, sin mayor información de carácter técnico, y sin la certeza jurídica, mucho menos económica suficientes, cuatro temas de suma importancia para nosotros”.

En primer lugar los quieren obligar a contratar arrendamiento sin conocer si es de mayor beneficio para ellos que el financiamiento, y ya sucedió un caso donde una de las empresas solicitó el ahorro que tiene para poder comprar las unidades de manera independiente y sin intervención del fideicomiso, y le dijeron que no se lo entregarían.

El representante legal de la empresa SETTSA, Martín Ortiz Tejeda, dijo que el fondo de sustitución es un ahorro que llevamos realizando desde hace cinco años. “Es un dinero de nosotros, no es un fondo que creó la autoridad. Entonces, ya basta de que además de que están administrando nuestro dinero, todavía nos lo nieguen”.

Una de las reglas de operación dice que a partir del mes 61 de vida de la unidad, el 50% de sus ingresos queda en el fideicomiso como un ahorro para la adquisición de una unidad de remplazo y el otro 50% se le entrega a la empresa operadora, pero al negarse a entregarlo, se preguntan si ese ahorro aún está o qué le pasó.

Otro tema es la contratación forzosa del servicio de mantenimiento presuntamente especializado, pero les ocurrió también que han tenido malas experiencias porque, bajo la supervisión de Metrobús, cobraron trabajos no realizados y que afectaron su economía.

O en el caso de que las empresas operadoras tengan su propio servicio de mantenimiento, este deberá pasar la supervisión que determine Metrobús, lo cual implicaría pagar también tal proceso de verificación.

Asimismo, “nos están imponiendo aceptar, sin más información que su dicho de que se migrará a una tecnología de recaudación de vanguardia, con la adopción de una tarjeta que aparentemente cuenta con mayor seguridad para evitar que la clonen como ha sucedido con la actual”.

Y el cuarto punto es la culminación del proceso de emplacamiento y registro de los vehículos ante la SEMOVI. Sin embargo, “por más que les hemos pedido que nos den a conocer cuánto es el monto por el pago de derechos que debemos cubrir, igualmente se niegan a darnos el costo que tendrán”.

Quizá las nuevas autoridades puedan tener buenas ideas, no lo descartamos, expresó Vázquez Figueroa, pero hasta ahora el problema principal es la falta de claridad en los mensajes y en el proyecto. No descartan que pueda haber beneficios, “ellos nos aseguran que los hay, nosotros queremos creerles, pero necesitamos que sean totalmente claros, se plasmen los ejemplos y que de alguna manera podamos tener la certeza de que no serán cuestiones de las que después nos estemos arrepintiendo por haber firmado sin el conocimiento exacto”.

Nicolás Vázquez dijo que “como no queremos saltar sin red de protección, Capuano, incluso, ha llegado a exaltarse y gritar en forma altanera”.

Y recordó que la opacidad es la madre de las mayores corruptelas y, presuntamente este gobierno es transparente y llegó a administrar la ciudad con la bandera del combate a la corrupción. “Entonces, queremos es que este gobierno haga las cosas con la mayor transparencia posible para que nadie se sienta engañado”, señaló el vocero de los transportistas.

Porque finalmente, señaló Vázquez, es injusto que, además de tener una tarifa tan baja que ya no da para mantener los gastos de operación, nos sigan apretando el cinturón, pauperizando el servicio.

En el caso del transporte tradicional, dijo Francisco Carrasco, secretario general del Bloque de Transportistas, que al quererlos meter a una bolsa global con la tarjeta de prepago, existe el riesgo de “que nuestro dinero se va a perder”.

DIRECTOR DEL METROBÚS CONDICIONA AUMENTO A EMPRESAS A CAMBIO DE FIRMAR CONTRATO EN BLANCO

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domingo, 30 de junio de 2019



En seguimiento a las denuncias penales interpuestas ante la Fiscalía General de la República contra quienes falsifiquen o vendan ilegalmente vestimentas oficiales de la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informa que en un operativo en Naucalpan de Juárez, Estado de México, fueron detenidas tres personas y decomisadas insignias falsas de la corporación.

El día de ayer, elementos de la División de Investigación acudieron a la colonia Residencial Lomas de Sotelo para revisar desde el exterior distintos puestos semifijos que exponían a la venta insignias falsas de la Guardia Nacional.

La autoridad ministerial correspondiente determinará la situación jurídica de las personas detenidas, a quienes les fue leída la Cartilla de Derechos que Asisten a las Personas en Detención.

Se continuarán interponiendo denuncias penales ante la Fiscalía General de la República y se invita a los ciudadanos a denunciar este grave delito.

Es preciso reiterar que cualquier conducta que afecte la imagen y desempeño de la Guardia Nacional será investigada y castigada penalmente, de acuerdo con la legislación vigente:

El Artículo 32 de la Ley de la Guardia Nacional señala que: “los grados y las insignias de la Guardia Nacional no podrán ser usados por personas, corporaciones o dependencias ajenas a ellas. Quienes violen estas disposiciones quedarán sujetos a lo previsto en el Código Penal Federal”.

Asimismo, el Código Penal Federal, en su artículo 250 precisa que se sancionará con prisión de uno a seis años y multa de cien a trescientos días a quien utilice credenciales de servidor público, condecoraciones, uniformes, grados jerárquicos, divisas, insignias o siglas a las que no tenga derecho. Multa que podrá aumentarse cuando sean de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas mexicanas o de alguna corporación policial.

IMPIDEN LA VENTA DE INSIGNIAS FALSAS DE LA GUARDIA NACIONAL EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO

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miércoles, 2 de mayo de 2018


Campesina Cardenista denunció que a pesar de la veda electoral la Sagarpa entrega recursos del PIMAF, a productores ligados a organizaciones favoritas del régimen.
Por ello exigió poner un alto al desvió de recursos dirigidos al campo con fines electorales y pidió la intervención de la FEPADE, así como a la Auditoría Superior de la Federación para poner freno a esta ilegalidad de la SAGARPA.
 En el marco de la movilización y toma de delegaciones de la Sagarpa  a nivel nacional, la Central Campesina Cardenista demandó a la dependencia piso parejo para todos los productores y la  entrega de recursos sin fines electorales.
Asimismo, expresó su temor de que a pesar de la vigilancia que se debería dar para no desviar los recursos públicos es evidente que no hay blindaje alguno.
Lo anterior se demuestra con las denuncias por el mal uso del “Programa de apoyos para productores de maíz y frijol (Pimaf) en Chiapas así como el desfalco de 3 mil 500 millones de pesos que se dio a conocer gracias a la información de la Auditoria Superior de la Federación (ASF).
La CCC recordó que a pesar del compromiso de operar los recursos dirigidos al campo en los tres  primeros meses del año,  existe un importante rezago con respecto a la demanda presentada por pequeños productores de todo el país.
Por ello reiteró que en la entrega de los recursos ha sido evidente que los más beneficiados son grupos y organizaciones aliadas del régimen.
Por lo anterior hizo un llamado a sociedad en general así como a los partidos políticos, a la Auditoria Superior de la Federación y la FEPADE, a vigilar que los recursos dirigidos al campo lleguen a los productores y no a las campañas.

CCC DENUNCIA QUE SAGARPA FAVORECE CON RECURSOS A ORGANIZACIONES AFINES EN PLENA VEDA ELECTORAL

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lunes, 12 de marzo de 2018

Por este conducto, me dirijo a su muy cuestionada compañía, que opera, desde nuestro punto de vista, al margen de la ley y violando flagrantemente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en los dos primeros párrafos del Artículo 28 señala:
Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, la (sic DOF 03-02-1983) prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las (sic DOF 03-02-1983) prohibiciones a título de protección a la industria.
En consecuencia, la ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán con eficacia, toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que tenga por objeto obtener el alza de los precios; todo acuerdo, procedimiento o combinación de los  productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan, para evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí o para obligar a los consumidores a pagar precios exagerados y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social.

Pues bien, dejando clara mi postura frente a su empresa, quiero manifestar que, desde hace años, mi familia y yo, nos sentimos profundamente violentados en nuestra economía, por los inexplicables y exagerados cobros que nos vienen realizando, a pesar de que en nuestra vivienda no utilizamos la estufa nunca, ya que mi madre cuenta con un pequeño restaurant o fonda a escaso 150 metros de la casa, donde desayunamos y comemos, inclusive y debido a que su negocio se encuentra en la misma unidad habitacional que nuestra casa, ella misma, lamentablemente también es cliente forzosa de su siniestra compañía, recibiendo los abusos de la misma, al igual que el que recibimos en casa, ya hasta la obligaron a pagar un medidor, sin que ella tuviera que hacerlo. Ha sido extorsionada por sus trabajadores, cuando nos negamos a darles “mordidas” para que no le cortaran el servicio, por un error imputable a su compañía, cosa que admitió la telefonista cubana, venzolana o de donde sea, que literalmente nos dijo, “el error fue de la compañía, pero usted lo paga”, yo me fui a quejar de la extorción que nos pretendió hacer Ricardo Navarro, nombre del corrupto que nos extorsionó y que en su momento le cortó el servicio a mi madre y en la compañía casi se burlaron de quien suscribe la presente, por pretender que se sancionara a un trabajador descaradamente corrupto, obviamente nada se pudo hacer.
Bien, pues en casa no se cocina, vivimos seis personas, pero mi esposa y yo contamos con otra vivienda en donde nos bañamos 4 días de los 7 que tiene la semana, por lo que solo cuatro personas se bañan a diario, pero, aun estando mi esposa y yo en casa, yo NUNCA utilizo el agua caliente para bañarme, sin embargo, pagamos cuentas de más de mil pesos bimestrales.
Al vivir en otra zona de la ciudad, mi esposa y yo nos podemos percatar que el gas LP que utilizamos en la otra vivienda, donde sí utilizamos la estufa con relativa frecuencia y el baño, nos rinde infinitamente más de lo que al parecer nos “rinde” en la casa en donde nos estafa Gas Natural Fenosa.

Ya en el pasado tuvimos un problema similar, donde el abuso fue impresionantemente mayor que ahora, me negué a pagar y nos retiraron el medidor y el servicio, estuvimos así por 4 años aproximadamente, no tuvimos mucho problema, pues igual desayunábamos y comíamos en el negocio de mi madre y utilizaban (reitero, yo no me baño con agua caliente) calentadores eléctricos de agua, para calentar tres o cuatro cubetas para bañarnos. Años después Fenosa nos ofreció que regresáramos de nuevo con ustedes, haciendo un borrón y cuenta nueva y prometiendo mejorarnos el servicio y omitir los abusos que hoy estamos volviendo a padecer.
Los últimos años, he peleado a brazo partido con su empresa, por el cobro fraudulento e indebido de un seguro, que JAMÁS hemos autorizado, si no me falla la memoria, es un seguro que siempre he pagado, aun en contra de mi voluntad, por lo que en reiteradas ocasiones lo he intentado cancelar sin éxito y con el regaño absurdo del representante de su compañía que atiende las llamadas respecto al seguro que Fenosa impone.

Me han dicho que si no lo quería, para que lo autorizamos (lo que nunca hemos hecho), también nos han dicho de forma estúpida, que no lo puedo cancelar, porque el seguro se actualiza en automático y que solo en enero es susceptible de cancelación, todo esto siempre con un tufo de autoritarismo y suficiencia, totalmente inadecuado, en otra ocasión y ya harto de los regaños de estos ineptos, acudimos mi esposa y yo a sus tortuosas oficinas a ver como estaba esta estafa del seguro, y ahí casi nos fuimos de espaldas, cuando para empezar, ahí supimos algo que los ineptos que me atendieron vía telefónica jamás me habían dicho, que no fui yo el que autorizó el seguro, que había sido una tal (y aquí pido poner mucha atención) Rosa Flores quien lo había autorizado; mi esposa indignada pidió ver la pantalla y con esto el dato, cosa que se nos impidió absurda e inexplicablemente.
En este punto cabe destacar, que en casa NUNCA ha vivido ninguna Rosa Flores, JAMÁS ha sido huésped de casa nadie que se llamara Rosa Flores, que NADIE de las 6 personas que sí vivimos en casa conoce o ha tenido algún tipo de relación con alguien que tenga como nombre ROSA FLORES, por lo que sin lugar a dudas este es un FRAUDE imputable a la compañía de Gas FENOSA, que sin duda es permisiva ante esta práctica y que sumando la cantidad de clientes forzosos que tiene, le genera grandes ganancias para (y aquí entraré en el terreno de la especulación, pero con un 100% de certeza) canalizar recursos al corrupto gobierno neoliberal cómplice, que tiene en las corruptísimas empresas españolas valiosos aliados impunes y protegidos, que les aceitan con millones de pesos la maquinaria electoral de la compra de votos, como está comprobado ha hecho OHL y otras empresas de este país.
No es posible que, desde el punto de vista de su corrupta compañía, seamos nosotros los que debemos demostrar que sí es un fraude el cobro de este seguro, que además ya había cancelado, allanándome, en contra de mi voluntad, a las absurdas condiciones para cancelar este seguro el mes de enero del presente año, dándome un folio de cancelación número CL8177111. Pero ni así me lo cancelaron, apareciendo en mi última facturación este ignominioso cobro, por lo que muy enojado llamé y la corrupta maquinaria de FENOSA, hizo que “casualmente” nadie me pudiera atender adecuadamente uno hasta me dijo que “yo podía escucharlo, pero el a mí no” colgué, pero casualmente ya no pude comunicarme, por lo que obligadamente acudí a su centro de atención ubicado en Canal de Miramontes, casi esquina con Calzada de las Brujas, en Coapa, con un malestar notorio, se me atendió por primera vez de manera diligente y correcta, no solo se me permitió ver el nombre de quien había autorizado este fraudulento cobro, hasta me imprimieron la hoja, que vino a darme certeza del fraude, pues también casualmente, cada que hablaba y cuando lo cancelé, ya no era Rosa Flores, sino yo quien había autorizado este seguro (lo que corrobora la naturaleza fraudulenta del mismo), esto se me hacía saber las últimas veces que quise aclararlo.
Se me pidió que llevara copias de las credenciales de elector de todos los habitantes de casa (molestia absurda pues cínicamente, su corrupta compañía hace que yo tenga la carga de la prueba, de un fraude cometido por ustedes) y una foto del medidor, para checar los consumos, exhibiendo de ambos el mismo día que entrego la presente, en lo que no estoy de acuerdo, es que, cuando exigí se me regresara hasta el último centavo de los cobros de todo el tiempo que por “autorización” de “Rosa Flores Fenosa” se me cobró el seguro, se me dijo que debía presentar todos los recibos y facturas pagadas. Esto es el colmo de los abusos y de un procedimiento unilateral en el que su facinerosa compañía se erige en juez y parte, aun teniendo la calidad de presunto delincuente, ya que el fraude está tipificado como delito en el Artículo 386 del Código Penal Federal, que a la letra dice:
Artículo 386. Comete el delito de fraude el que engañando a uno o aprovechándose del error en que éste se halla se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido.
El delito de fraude se castigará con las penas siguientes:
Con prisión de 3 días a 6 meses o de 30 a 180 días multa, cuando el valor de lo defraudado no exceda de diez veces el salario;
Con prisión de 6 meses a 3 años y multa de 10 a 100 veces el salario, cuando el valor de lo defraudado excediera de 10, pero no de 500 veces el salario;
III.- Con prisión de tres a doce años y multa hasta de ciento veinte veces el salario, si el valor de lo defraudado fuere mayor de quinientas veces el salario.
Por lo mismo exijo que se me reintegre todo el dinero que indebidamente me cobraron desde el 22 de septiembre de 2016 a la fecha, más allá de presentar o no las facturas correspondientes, pues también se asume que ustedes tienen en su base de datos esta información.
También exijo que se sancione a su empleado Joel Cervantes Orozco, inventor de Rosa Flores Fenosa y que además se investiguen los nombres falsos de las personas inventadas o los formulas tramposas usadas para cobrarme este seguro los meses y años anteriores a septiembre de 2016 y se me haga la devolución correspondiente, ya que, si no tengo mala memoria, he pagado este fraudulento seguro por más de un lustro, sin haberlo nunca solicitado o autorizado.
Se perfectamente que, si escribo que de lo contrario tomaré las medidas legales correspondientes, se van a morir de la risa, ya que ustedes se saben protegidos por ser cómplices del corrupto gobierno del analfabeta funcional Enrique Peña Nieto, por lo que en ustedes aplica la mundialmente conocida impunidad del Poder Judicial mexicano, aplicada en favor de los poderosos. Pero tengan por seguro que buscaré los mecanismos necesarios para hacer valer mi razón (que definitivamente la tengo) y mi derecho.

Denuncia por delito de Fraude contra Gas Natural Fenosa

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