Francisco
Jiménez Pablo, Presidente de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala- Movimiento
Nacional, hizo un llamado al Estado mexicano a dejar el estigma de que pedir
disculpas públicas por haber violentado los derechos humanos de los ciudadanos,
especialmente de los indígenas, es "sumisión".
Lo
anterior, luego de que, el pasado miércoles, en el estado de Chiapas,
autoridades de la Secretaría de Gobernación así como del gobierno del estado
atendieron dos recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
correspondientes al 2011 y 2013, y en las que, además de la reparación
del daño por violaciones a derechos humanos, se solicitó la disculpa pública a
24 indígenas más su dirigente nacional, Francisco Jiménez Pablo.
Una
vez celebrado el acto público en presencia del Subsecretario de Derechos
Humanos de la Secretaría de Gobernación Federal, Roberto Campa Cifrián y el
Secretario de Gobierno del Estado de Chiapas, Juan Carlos Gómez Aranda así como
del primer visitador de la CNDH, Ismael Eslava Pérez, el líder campesino con
presencia en Chiapas desde hace más de 26 años con agrupaciones como MOCRI-CNPA
MN, dijo que esta aceptación gubernamental es un paso adelante para los
indígenas del país.
Sin
embargo, tuvieron que pasar seis años para dicha disculpa aunque las
violaciones corresponden al 2010, durante el gobierno de Jaime Sabines Guerrero
cuando se reportó el encarcelamiento, persecución y vejación en contra de
militante del MOCRI, de tal suerte que el dirigente campesino indicó que esta
acción sienta precedentes en el ejercicio democrático de una nación.
En
entrevista, Francisco Jiménez Pablo, quien estuvo acompañado por liderazgos
campesinos de la UGOCP, UFIC, UNIMOSS, CNPA, CCC así como legisladores, declaró
que "pedir disculpas es un ejercicio democrático y el Estado no debe
calificarlo como que fue vencido, si no como un reconocimiento de un ejercicio
de gobierno por aplicar la justicia".
El
líder de la CNPA MN, dijo que la disculpa pública derivada de dos
recomendaciones de la CNDH (la 64/2011 y la 11/2013) respondió a la
presión social, a la presión de organismos internacionales así como al apoyo
recibido por parte de Comisión antes citada.
Por
lo anterior insistió en que el Gobierno Federal no debe sentirse sometido u
obligado para hacer respetar los derechos humanos y tener que ofrecer disculpas
públicas cuando esto debería de ser un ejercicio cotidiano y apegado a una
cultura de democracia.
Francisco
Jiménez Pablo, quien estuvo encarcelado durante 4 años en un penal federal de
máxima seguridad y fue víctima de persecución y represión, lamentó que las
disculpas del Gobierno Federal hacia las víctimas de abuso puedan ser
utilizadas como "actos protocolarios" pues de ser así no puede
existir avance democrático en el país.
El
líder campesino apoyado por los 24 indígenas miembros de CNPA-MN y MOCRI,
indicó que la disculpa pública debe ser garantía de que no se repetirá la
violación de derechos humanos y se corregirán las acciones arbitrarias así como
las vejaciones "perversamente planeadas".
Por
su parte, Rocío Miranda Pérez, líder la Unidad de la Fuerza Indígena y
Campesina (UFIC), declaró que este acto genera estabilidad social en Chiapas
sin embargo hizo falta la presencia del gobernador Manuel Velasco Coello, para
dar contundencia a la gobernabilidad en la entidad.
En
tanto, para la diputada federal Karina Barón Ortiz, Presidenta de la Comisión
de Seguimiento a las Evaluaciones del Programa Especial Concurrente de la
Cámara de Diputados, este acto no debería ser recomendado por la CNDH sino que
debería ser “acto de humanidad de los gobiernos” y además debió darse la
renuncia de los funcionarios involucrados en las violaciones a los derechos
humanos de los indígenas.
Para
Luis Gómez Garay, Secretario de la Unión General Obrero Campesina y Popular
(UGOCP), dijo que si bien en México hay avance en la democracia ésta no está
exenta de las violaciones a los derechos humanos por lo que ahora el gobierno
de Chiapas al ser “pertinentes” con una disculpa “tibia” ello “no refleja la
solución al sufrimiento de los compañeros en las mazmorras de la cárcel”.
Finalmente,
Javier Eduardo López Macías, líder UNIMOSS, indicó que la disculpa pública es
un avance lamentablemente no es suficiente mientras no haya cambios y castigos
a las autoridades que violen las garantías individuales de los ciudadanos.
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