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viernes, 26 de agosto de 2022

 


P
or Carlos de Balzac
 

 A pesar del informe del subsecretario de Derechos Humanos Migracion y Poblacion de la secretaria de Gobernacion Alejandro  Encinas,  que declaro el caso del  Ayotzinapa, como “crimen de estado”, la desaparición de los 43 normalistas de Iguala, Guerrero , nuevamente familiares, activistas y ciudadanos realizaron otra marcha del  Angel de Independencia hacia el Hemiciclo a Juarez en donde pidieron pruebas de los dichos de la Comision de la Verdad que lleva el caso, este viernes. 

Vale detallar que , los manifestantes tomaron las calles de avenida reforma, en el marco de la XCV accion global por Ayotzinapa a dias de cumplirse 8 años de los lamentables sucesos. Entre las consignas, las misma de siempre, como son : El esclarecimiento del caso y la imparticion de justicia a las familias, pero sobretodo pidieron  que se aplique la justicia penal a todos los involucrados, entre ellos, el ex presidente Enrique Peña Nieto y el ex gobernador de Guerrero Angel Aguirre. Vale detallar que a pesar de la  lluvia  no se detuvo la marcha. Algunos con paraguas gritaron su cantico de exigencia Vivos se los llevaron, Vivos los Queremos ¡ Mas tarde al hacer una parada en el antimonumento de reforma y bucareli, externaron: Lo que queremos saber es dónde están nuestros hijos. Por su parte Vidulfo Rosales, integrante del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan y abogado de las familias, ha señalado que los padres y madres de los normalistas no desestiman el informe presentado en días pasados por la Comisión de la Verdad, pero piden pruebas contundentes e irrefutables de que los estudiantes no están vivos. A la par algunas organizaciones obreras , sociales y campesinas acompañaron la movilizacion como son : El sindicato Mexicano de Electricistas ( SME ) unos cuantos, el Sindicato de Telefonistas , tambien unos cuantos, y el Frente Popular Francisco Villa entre otros. Al final y luego de llevar a cabo un mitin en el Hemiciclo, los familiares y los estudiantes de Iguala, abordaron los camiones que los llevarian de regreso a su lugar de origen

Padres de los 43 piden pruebas a la Comision de Verdad del Caso Ayotiznapa.

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jueves, 24 de mayo de 2018



La detención desaparición de nuestros compañeros Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya hace 11 años como crimen de lesa humanidad no prescribe porque sigue ejecutándose en tanto que no se conoce la verdad, el paradero y su actual circunstancia; en la medida que se mantiene en la impunidad es el tiempo que confirma que los crímenes de lesa humanidad constituyen política de gobierno que trasciende sexenios y origen partidista de las administraciones, porque éstas se rigen indistintamente por las leyes del funcionamiento del Estado burgués.
Gabriel y Edmundo son dos militantes de nuestro Partido Democrático Popular Revolucionario (PDPR) y a la vez dos combatientes del Ejército Popular Revolucionario (EPR); en consecuencia, su desaparición forzada tiene profundas motivaciones políticas, se enmarca en una política de contrainsurgencia que pondera la violencia de clase para castigar a quienes pugnamos por la transformación revolucionaria de la sociedad, sin embargo, a 11 años de este acto deleznable nuestra voluntad de combatir se fortalece.
La desaparición forzada de nuestros compañeros es un crimen de Estado que se ejecuta contra el sujeto revolucionario, ese hecho vuelve al acto más inhumano y cruel, porque su condición de desaparecidos está vinculado al cometido de múltiples violaciones a los derechos humanos que desnudan el carácter profascista y prooligarca del régimen neoliberal.
A la distancia de 11 años del cometido del crimen de Estado, en la humanidad de nuestros compañeros, el fenómeno de la desaparición forzada de personas por motivos políticos y sociales, a diario se ejerce desde las instituciones y sus representantes de manera sistemática y generalizada contra los explotados y oprimidos.
La sistematización y generalización revela que el terrorismo de Estado es una política de gobierno que toma forma en la violencia legalizada que brota de un Estado policíaco militar y que a la fecha, en la suma de tres sexenios, se objetiva en más de un millón de víctimas directas y más de 5 millones de víctimas indirectas, ya que los crímenes de Estado afectan no sólo a la víctima directa sino deja una herida profunda en todo su entorno familiar y social, por eso la aterradora cifra del terrorismo de Estado se acerca a los 10 millones de mexicanos.
Al lado de la desaparición forzada de personas y de la ejecución extrajudicial también existen como parte del fenómeno de la violencia del Estado contra el pueblo el desplazamiento forzado, la tortura, detenciones arbitrarias, encarcelamiento injusto, todo  como parte de la política terrorista del gobierno antipopular, por eso en el cometido de una desaparición forzada por lo regular conllevan más de uno de estos crímenes de Estado.
En estos 11 años nuestro pueblo ha confirmado que la política gubernamental consiste en minimizar la magnitud del fenómeno y tratar de eludir la responsabilidad en el cometido de crímenes de lesa humanidad tanto de instituciones y personeros del régimen, al pretender dolosa y perversamente endosar autoría al mítico y nebuloso “crimen organizado”, la realidad es inocultable, los crímenes de lesa humanidad en México son cometidos por el Estado a través de todo el andamiaje institucional.
No es la mítica, omnipotente y omnipresente “delincuencia organizada” la autora material, mucho menos intelectual de los crímenes de lesa humanidad, éstos los comete el Estado mexicano a través del aparato represivo. En los múltiples casos de desaparición forzada no existe solución y la mayoría los ahogan en la tipificación dentro del estado de derecho oligarca que los desnaturaliza de su condición política, la intención es negar la responsabilidad y el carácter represivo del gobierno.
En cada caso de desaparición forzada, sea por motivos políticos o sociales, las víctimas representan al sujeto crítico, en otros al sujeto político, gran parte es víctima por su condición de clase y también es cometido contra el sujeto revolucionario; hecho que denota la magnitud del fenómeno, la violencia de los explotadores y opresores se ejerce con todo el peso del Estado contra el pueblo organizado y no organizado para preservar el régimen oprobioso. Entre las víctimas del terrorismo de Estado no encontramos a ningún burgués, oligarca, a ningún integrante de la cúpula policíaco militar y eclesiástica, a ningún renombrado politicastro u hombre del régimen, lo que demuestra el carácter represivo y de clase de la junta administrativa de los intereses burgueses.
La democracia burguesa descansa sobre millones de víctimas de la violencia institucionalizada, en interminables ríos de sangre, en el abarrotamiento de las cárceles llenas de pueblo trabajador; los políticos de oficio defienden esa democracia bañada en sangre y en el dolor de las víctimas, a la vez que se desgarran las vestiduras por convencer de que debe aceptar dócilmente el terrorismo de Estado como un mal necesario para salvar los intereses de un puñado de oligarcas que se apropian violentamente de la riqueza que genera el pueblo.
En el actual proceso electoral, la actitud de los políticos de oficio va desde una actitud timorata que reconoce la existencia del fenómeno pero que no presenta una propuesta para resolverlo radicalmente; el otro extremo lo conforma el cinismo de politicastros que buscan fortalecer al Estado policíaco militar y el estado de derecho burgués, ambos extremos corresponsables de la violencia que azota al pueblo. El callar sobre la magnitud de la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial y demás violaciones a los derechos humanos nos habla que su principal preocupación es actuar en consecuencia como hombres del régimen neoliberal.
La magnitud del fenómeno de la violencia de clase, en tanto que está exponenciada, nos revela la profundidad de la crisis del régimen, a mayor crisis mayor violencia de Estado contra explotados y oprimidos, por tanto, toda propuesta electoral que diluya la responsabilidad del Estado en una supuesta delincuencia organizada, lo único que hace es empujar hacia una salida fascista.
Señores del gobierno, políticos de oficio, señores hipócritas que hacen negocios con la sangre del pueblo, no sean farsantes, ustedes son los responsables de la infinidad de crímenes de lesa humanidad que se cometen a lo largo y ancho del país. Por más que quieran lavarse las manos de los crímenes de lesa humanidad, en su figura denota la autoría de éstos y cada beneficio que obtienen es a costa de cada víctima del terrorismo de Estado.
Al preguntarnos quién es o son los beneficiarios de la violencia que azota al pueblo, una verdad emerge, lo son un puñado de oligarcas y politicastros agrupados en diferentes organismos empresariales, organismos reaccionarios de la “sociedad civil”, de asociaciones y partidos políticos quienes emergen con capital e inversiones producto del proceso del despojo legalizado y una “exitosa” carrera política o como hombres de grandes “negocios”.
En cada “carrera política exitosa”, en cada “gran hombre de negocios”, en cada “hombre de bien” encontramos una estela de violencia y una historia truculenta, un empedrado de “éxito” sobre las víctimas del terrorismo de Estado.
A nuestros compañeros Gabriel y Edmundo probado está que el responsable intelectual y material es el Estado mexicano; la detención desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa y los demás crímenes de lesa humanidad cometidos en torno a ellos a pesar de las maniobras gubernamentales, también se comprueba que es el Estado; confirmado está que en cada una de las detenciones y a la vez ejecuciones extrajudiciales siempre encontramos rastros de la autoría gubernamental y, pruebas fehacientes brotan en cada una de las fosas clandestinas donde yacen miles de restos humanos que desnudan el carácter criminal del Estado burgués.
Para la solución al fenómeno de la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial en México no es suficiente en conocer el paradero y condición de las víctimas; resulta ruin fincar la solución en la supuesta reparación del daño que ofrece la institucionalidad burguesa a través de la ley contra la desaparición forzada; la solución pasa por conocer la verdad y reconocer el carácter político del crimen, unido del juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales. En nombre de todas las víctimas del terrorismo de Estado ¡Ni perdón ni olvido, ni reconciliación económica, ante todo juicio y castigo a los criminales de Estado!
Gabriel y Edmundo, dos camaradas, dos revolucionarios con altas cualidades humanas fueron violentamente arrancados de su práctica revolucionaria; sus camaradas no los olvidamos, no los abandonaremos, en la demanda por su presentación con vida nuevas batallas deben librarse, nuevas trincheras de lucha se abren y nuevos revolucionarios se forjan; su desaparición forzada expresa la magnitud de este crimen de Estado como fenómeno recurrente en el país.
La condición que guardan los detenidos desaparecidos y los ejecutados extrajudicialmente, los presos injustamente, en cuanto a justicia se refiere, se estrellan con el muro criminal de la institucionalidad burguesa, con un estado de derecho oligárquico que por su esencia de clase se ceba en todos aquellos que no tienen ni fortuna ni apellido de abolengo que los proteja de la acción criminal del aparato represivo.
Esta realidad demanda nuevas formas de organización y acciones que garanticen justicia a las víctimas. Oprimidos y explotados debemos hacer conciencia que ante el terrorismo de Estado se requieren mecanismos efectivos de autodefensa, lo cual pasa por la comprensión de la necesidad de organizarse y luchar fuera de todo marco coorporativizante y donde la acción política de las masas sea eminentemente combativa, donde no hay lugar para la conciliación entre explotadores y explotados, entre opresores y oprimidos, entre victimarios y víctimas.
Si de parte de la institucionalidad burguesa sólo se obtiene impunidad e inmunidad a los criminales de Estado que convoca al cometido de más crímenes, nadie debe asustarse de la respuesta organizada y combativa del pueblo en búsqueda de justicia fuera de la legalidad burguesa.
Si el terrorismo de Estado desangra al pueblo, la voluntad popular de combatir debe transitar por nuevos senderos porque la visibilización del fenómeno es un hecho inocultable; nuevas formas de organización y de lucha demanda la actual lucha de clases donde cada organización del pueblo debe transformarse en un organismo de combate popular.
De frente a nuestro pueblo sostenemos que los cauces que tome la solución al fenómeno de la desaparición forzada y los demás crímenes de lesa humanidad será el cauce que tome la voluntad popular de combatir, y los únicos responsables son los que promueven el terrorismo de Estado amparados en la democracia burguesa.

11 años de crimenes de lesa humanidad

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sábado, 21 de mayo de 2016



Recordemos amable lector que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y todos los organismos internacionales especializados en derechos humanos han calificado a México  como un país donde existe una total impunidad en derechos humanos, esto porque el gobierno federal ha fomentado con su indiferencia y su falta de responsabilidad el descredito internacional del gobierno federal mexicano y ha provocado que ha México se le haya etiquetado como un país con una cultura de corrupción e impunidad, donde se viola con toda impunidad los derechos humanos de los ciudadanos, un caso concreto es el asesinato de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en Iguala , Guerrero el cual ha sido calificado por las organizaciones sociales, internacionales y la sociedad en México como una especie de “crimen de Estado” por todas las irregularidades que han salido a la luz pública en el tratamiento legal y gubernamental de este hecho delictivo .

Otra mala noticia es que en repetidas encuestas se ha comprobado en México, que los ciudadanos en todo el país no tienen ya confianza en la gran mayoría de las instituciones públicas porque por cultura general la mayoría funciona con una enorme deficiencia y bajo un esquema de corrupción e impunidad. Entendiéndose principalmente la palabra corrupción, como el “no hacer nada” (esto según el empresario mexicano Alejandro Martí) o por funcionar en una forma deficiente, no respetando la ley, aplicando parcialmente la ley o no haciendo que se respete la ley  principalmente por parte de los servidores públicos de todos los niveles.

Un caso concreto, un triste ejemplo de deficiencias lo ha sido sin duda la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), una institución pública federal autónoma y con presupuesto propio creada con facultades y atribuciones constitucionales para garantizar que a las víctimas que se les haga justicia en delitos y abusos de autoridad cometidos por autoridades públicas y servidores públicos, porque los delitos de violación a los derechos humanos son los que más se han denunciado y dañado a la sociedad en México predominando la impunidad, recordemos simplemente el caso de Iguala, esto es solo un ejemplo de las decenas, cientos o miles de delitos que se cometen en el país y hay una cultura de impunidad en México.

Para entender de forma sencilla amable lector el papel de la CEAV, esta institución pública fue creada como una especie de contraloría interna con autonomía propia del gobierno federal especializada en vigilar que se cumpla con la ley.
 
Un problema grave y real en México es que existe una sobreregulación de leyes e instituciones que han ocasionado  un burocratismo deficiente y una especie de duplicidad de funciones que han entorpecido cada vez más los procedimientos que existen en las leyes para aplicar la justicia, en especial en derechos humanos.

Para demostrar un caso y un ejemplo de deficiencias está el número de Expediente de la CEAV/2015/2689 donde se le está defendiendo a una víctima en contra los abusos, deficiencias, corrupción e impunidad cometidas por el Mecanismo de Protección a Periodistas y Personas Defensoras  de los Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación Federal y por no respetar la Ley y el Reglamento de Protección a Periodistas y Personas Defensoras  de los Derechos Humanos, aquí se presentó un caso donde este Mecanismo cierra un caso ilegalmente  sin haberse cumplido con todas las medidas de seguridad ordenadas por la Junta de Gobierno de este Mecanismo, aquí se estaba protegiendo a la víctima por amenazas de un policía federal.

La victima acude a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y después de analizar el caso la CEAV,  desde el primer día se le informa a la víctima “que no se podia hacer nada para defenderla de las múltiples irregularidades cometidas por el Mecanismo de la SEGOB” y que lo único que se podría hacer era tramitar primero un recurso de revisión y posteriormente agotado este recurso jurídico, tramitar un amparo indirecto.

Posteriormente la Dirección General de la Asesoría Jurídica de la CEAV le informa a la víctima que le retiraría el apoyo jurídico porque ya no se le elaboraría el amparo que ya había sido programado y prometido desde el principio como único recurso legal-jurídico para defender los derechos de la víctima, dando como justificación argumentos absurdos donde claramente direccionaban que se estaba favoreciendo la corrupción y la impunidad que había prevalecido los procedimientos irregulares que se aplicaron en el caso de la víctima en el Mecanismo de la SEGOB y al final se realiza el amparo por reiteradas quejas de la víctima  a la SFP.

Aunado a lo anterior, al realizar otro tipo de trámites la victima en la CEAV se repiten problemas parecidos a lo que paso con el procedimiento jurídico del amparo, es decir, “primero le dicen a la víctima que sí, luego que no, y al final hay tramites que se quedan en la indefinición en tiempo y forma”. Al detectar todas estas deficiencias la victima solicita una audiencia mediante un escrito con 3 de los 4 comisionados de la CEAV solicitando la intervención de la Secretaria de la Función Pública (SFP), porque reiteradamente se le informa en la CEAV que los comisionados no daban audiencias a las víctimas y lamentablemente esto es una triste realidad, porque es algo que se repite en muchas Instituciones públicas federales, ya que en México no existe todavía una dependencia pública que castigue esta falta de probidad (la obligación de atención ciudadana).

En este caso de la CEAV, a pesar de que los 4 comisionados que son los que representan el cuerpo colegiado de máxima autoridad de este organismo público federal, 3 de los 4 comisionados actúan como unas verdaderas “divas”, es decir, como famosas estrellas de cine a las que solo tienen acceso los dioses y personas influyentes o los foros públicos con grandes reflectores donde puedan lucir su investidura institucional, aunque no cumplan eficiente o totalmente como servidores públicos con su trabajo institucional.

En conclusión para una víctima es muy desgastante realizar diversos trámites en la CEAV, ya que se topa una y otra vez en general con un burocratismo deficiente que le ocasiona a la víctima y/o al usuario de la CEAV un perjuicio económico en sus actividades personales y en su trabajo, porque es muy evidente que los comisionados de la CEAV no tengan un conocimiento “real” de la operación del servicio que se brinda a la ciudadanía y mucho menos de la calidad del servicio que se brinda a las víctimas, y “todo esto crea un abismo negro” donde no se definen y ni concretan con claridad los tramos de control jerárquico-funcional, porque “solo se aparenta” en ciertos niveles de responsabilidad que si cumple cada servidor público con su trabajo con calidad y eficiencia, pero la realidad es otra muy distinta.

En la CEAV, como en muchas instituciones públicas federales de aplicación de la justicia, tristemente suceden ejemplos como el anterior en perjuicio de la ciudadanía. Aquí es importante aclarar que no se trata de lograr y exigir obligatoriamente que la ciudadanía tenga acceso directo al o a los niveles máximos jerárquicos de una institución pública como la CEAV, porque para esto existe el personal con los niveles inferiores que realizan la operación y el servicio, “el problema y el punto clave esta cuando estos niveles jerárquicos inferiores no cumplen eficientemente con su trabajo y los titulares de las dependencias, en la mayoría de los casos, o no tienen conocimiento de lo que sucede en la operación y el servicio que se presta a la ciudadanía o existe una indiferencia y una falta de compromiso a su trabajo al no querer atender directamente a un ciudadano” cuando se presenta una situación especial que amerite atender al ciudadano para atender y conocer las quejas, opiniones y sugerencias con el fin de mejorar un servicio público”.

En el caso de la CEAV, es muy evidente observar públicamente como la mayoría de los comisionados se dedican la mayor parte de su tiempo laboral a promocionar, publicitar y difundir políticamente ante la ciudadanía a la CEAV (y de paso claro, su imagen personal) como una especie de “producto milagro” con frases políticas acartonadas tales como; “te acompañamos y garantizamos el ejercicio de tus derechos”, sin embargo, tal parece que la mayoría de los comisionados compiten intensa y políticamente  asistiendo continuamente a todos los foros públicos posibles (utilizando en redes sociales como el Twitter la imagen institucional de la CEAV como fondo publicitario) donde se abordan temas de justicia y de derechos humanos, pero que al final, en la aplicación de la ley general de víctimas que rige la CEAV, en la realidad, es poco lo que se puede hacer para lograr “realmente”, una reparación del daño y justicia para las víctimas en México. 

Mayo del 2016


DEFICIENCIAS EN LA COMISION EJECUTIVA DE VICTIMAS DE MEXICO, CEAV

Recordemos amable lector que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y todos los organismos internacionales especializados en derechos humanos han calificado a México  como un país donde existe una total impunidad en derechos humanos, esto porque el gobierno federal ha fomentado con su indiferencia y su falta de responsabilidad el descredito internacional del gobierno federal mexicano y ha provocado que ha México se le haya etiquetado como un país con una cultura de corrupción e impunidad, donde se viola con toda impunidad los derechos humanos de los ciudadanos, un caso concreto es el asesinato de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en Iguala , Guerrero el cual ha sido calificado por las organizaciones sociales, internacionales y la sociedad en México como una especie de “crimen de Estado” por todas las irregularidades que han salido a la luz pública en el tratamiento legal y gubernamental de este hecho delictivo .

Otra mala noticia es que en repetidas encuestas se ha comprobado en México, que los ciudadanos en todo el país no tienen ya confianza en la gran mayoría de las instituciones públicas porque por cultura general la mayoría funciona con una enorme deficiencia y bajo un esquema de corrupción e impunidad. Entendiéndose principalmente la palabra corrupción, como el “no hacer nada” (esto según el empresario mexicano Alejandro Martí) o por funcionar en una forma deficiente, no respetando la ley, aplicando parcialmente la ley o no haciendo que se respete la ley  principalmente por parte de los servidores públicos de todos los niveles.

Un caso concreto, un triste ejemplo de deficiencias lo ha sido sin duda la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), una institución pública federal autónoma y con presupuesto propio creada con facultades y atribuciones constitucionales para garantizar que a las víctimas que se les haga justicia en delitos y abusos de autoridad cometidos por autoridades públicas y servidores públicos, porque los delitos de violación a los derechos humanos son los que más se han denunciado y dañado a la sociedad en México predominando la impunidad, recordemos simplemente el caso de Iguala, esto es solo un ejemplo de las decenas, cientos o miles de delitos que se cometen en el país y hay una cultura de impunidad en México.

Para entender de forma sencilla amable lector el papel de la CEAV, esta institución pública fue creada como una especie de contraloría interna con autonomía propia del gobierno federal especializada en vigilar que se cumpla con la ley.
 
Un problema grave y real en México es que existe una sobreregulación de leyes e instituciones que han ocasionado  un burocratismo deficiente y una especie de duplicidad de funciones que han entorpecido cada vez más los procedimientos que existen en las leyes para aplicar la justicia, en especial en derechos humanos.

Para demostrar un caso y un ejemplo de deficiencias está el número de Expediente de la CEAV/2015/2689 donde se le está defendiendo a una víctima en contra los abusos, deficiencias, corrupción e impunidad cometidas por el Mecanismo de Protección a Periodistas y Personas Defensoras  de los Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación Federal y por no respetar la Ley y el Reglamento de Protección a Periodistas y Personas Defensoras  de los Derechos Humanos, aquí se presentó un caso donde este Mecanismo cierra un caso ilegalmente  sin haberse cumplido con todas las medidas de seguridad ordenadas por la Junta de Gobierno de este Mecanismo, aquí se estaba protegiendo a la víctima por amenazas de un policía federal.

La victima acude a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y después de analizar el caso la CEAV,  desde el primer día se le informa a la víctima “que no se podia hacer nada para defenderla de las múltiples irregularidades cometidas por el Mecanismo de la SEGOB” y que lo único que se podría hacer era tramitar primero un recurso de revisión y posteriormente agotado este recurso jurídico, tramitar un amparo indirecto.

Posteriormente la Dirección General de la Asesoría Jurídica de la CEAV le informa a la víctima que le retiraría el apoyo jurídico porque ya no se le elaboraría el amparo que ya había sido programado y prometido desde el principio como único recurso legal-jurídico para defender los derechos de la víctima, dando como justificación argumentos absurdos donde claramente direccionaban que se estaba favoreciendo la corrupción y la impunidad que había prevalecido los procedimientos irregulares que se aplicaron en el caso de la víctima en el Mecanismo de la SEGOB y al final se realiza el amparo por reiteradas quejas de la víctima  a la SFP.

Aunado a lo anterior, al realizar otro tipo de trámites la victima en la CEAV se repiten problemas parecidos a lo que paso con el procedimiento jurídico del amparo, es decir, “primero le dicen a la víctima que sí, luego que no, y al final hay tramites que se quedan en la indefinición en tiempo y forma”. Al detectar todas estas deficiencias la victima solicita una audiencia mediante un escrito con 3 de los 4 comisionados de la CEAV solicitando la intervención de la Secretaria de la Función Pública (SFP), porque reiteradamente se le informa en la CEAV que los comisionados no daban audiencias a las víctimas y lamentablemente esto es una triste realidad, porque es algo que se repite en muchas Instituciones públicas federales, ya que en México no existe todavía una dependencia pública que castigue esta falta de probidad (la obligación de atención ciudadana).

En este caso de la CEAV, a pesar de que los 4 comisionados que son los que representan el cuerpo colegiado de máxima autoridad de este organismo público federal, 3 de los 4 comisionados actúan como unas verdaderas “divas”, es decir, como famosas estrellas de cine a las que solo tienen acceso los dioses y personas influyentes o los foros públicos con grandes reflectores donde puedan lucir su investidura institucional, aunque no cumplan eficiente o totalmente como servidores públicos con su trabajo institucional.

En conclusión para una víctima es muy desgastante realizar diversos trámites en la CEAV, ya que se topa una y otra vez en general con un burocratismo deficiente que le ocasiona a la víctima y/o al usuario de la CEAV un perjuicio económico en sus actividades personales y en su trabajo, porque es muy evidente que los comisionados de la CEAV no tengan un conocimiento “real” de la operación del servicio que se brinda a la ciudadanía y mucho menos de la calidad del servicio que se brinda a las víctimas, y “todo esto crea un abismo negro” donde no se definen y ni concretan con claridad los tramos de control jerárquico-funcional, porque “solo se aparenta” en ciertos niveles de responsabilidad que si cumple cada servidor público con su trabajo con calidad y eficiencia, pero la realidad es otra muy distinta.

En la CEAV, como en muchas instituciones públicas federales de aplicación de la justicia, tristemente suceden ejemplos como el anterior en perjuicio de la ciudadanía. Aquí es importante aclarar que no se trata de lograr y exigir obligatoriamente que la ciudadanía tenga acceso directo al o a los niveles máximos jerárquicos de una institución pública como la CEAV, porque para esto existe el personal con los niveles inferiores que realizan la operación y el servicio, “el problema y el punto clave esta cuando estos niveles jerárquicos inferiores no cumplen eficientemente con su trabajo y los titulares de las dependencias, en la mayoría de los casos, o no tienen conocimiento de lo que sucede en la operación y el servicio que se presta a la ciudadanía o existe una indiferencia y una falta de compromiso a su trabajo al no querer atender directamente a un ciudadano” cuando se presenta una situación especial que amerite atender al ciudadano para atender y conocer las quejas, opiniones y sugerencias con el fin de mejorar un servicio público”.


En el caso de la CEAV, es muy evidente observar públicamente como la mayoría de los comisionados se dedican la mayor parte de su tiempo laboral a promocionar, publicitar y difundir políticamente ante la ciudadanía a la CEAV (y de paso claro, su imagen personal) como una especie de “producto milagro” con frases políticas acartonadas tales como; “te acompañamos y garantizamos el ejercicio de tus derechos”, sin embargo, tal parece que la mayoría de los comisionados compiten intensa y políticamente  asistiendo continuamente a todos los foros públicos posibles (utilizando en redes sociales como el Twitter la imagen institucional de la CEAV como fondo publicitario) donde se abordan temas de justicia y de derechos humanos, pero que al final, en la aplicación de la ley general de víctimas que rige la CEAV, en la realidad, es poco lo que se puede hacer para lograr “realmente”, una reparación del daño y justicia para las víctimas en México. 

DEFICIENCIAS EN LA COMISION EJECUTIVA DE VICTIMAS DE MEXICO, CEAV

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