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viernes, 22 de noviembre de 2024

 
  • La reforma se envió a las legislaturas de los estados para sus efectos constitucionales
 
 
Por unanimidad, el Senado de la República aprobó el dictamen que plantea reformar los artículos 3, 4 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de establecer las bases legislativas que prohíben el maltrato a los animales.
 
Con 117 votos, las y los senadores avalaron el proyecto que plantea que será deber del Estado mexicano garantizar la protección, el trato adecuado, la conservación y el cuidado de los animales.
 
Las reformas que fueron remitidas a las legislaturas de los estados también establecen que los planes y programas de estudio, que se impartan en las instituciones educativas de México, deberán contar con temas en materia de protección de los animales.
 
En tribuna, Susana Harp Iturribarría, de Morena, subrayó que la reforma está encaminada a reordenar las distintas disposiciones que regulan la relación de las personas con los animales, para garantizar su protección en condiciones dignas. No es un asunto menor, agregó, se trata de un tema sensible para la sociedad, porque la vida de todo ser vivo es motivo de respeto.
 
Por Acción Nacional, José Máximo García López, afirmó que la protección jurídica de los animales es una cuestión ética y moral, fundamentalmente en una sociedad que aspira al desarrollo, la equidad y la compasión. El maltrato hacía estos seres vivos es un tema que la sociedad en su conjunto debe trabajar para erradicar.
 
Del Revolucionario Institucional, Rolando Rodrigo Zapata Bello consideró que al prevenir el maltrato de los animales y fomentar una cultura de cuidado, se “invierte” en el tejido social, pues con ello también se previenen conductas de tortura, mutilación y crueldad que pueden después “romper otros hilos” de la cultura cívica, es decir, que se puedan presentar esas malas conductas en los humanos.
 
Juanita Guerra Mena, del PVEM, refirió que en las últimas décadas ha crecido en México la tendencia de tener una mascota en casa; sin embargo, lamentó que, tanto a nivel estatal como federal, el marco jurídico de protección animal no había “evolucionado” de manera consistente con esa cultura de tenencia de mascotas, lo que generaba vacíos legales y hacía urgente crear un marco normativo rector.
 
La senadora Lizeth Sánchez García, del PT, aseguró que “la reforma cambia la visión en la que las personas nos colocamos en la cúspide del poder y el control, para pasar a una relación de amor, respeto y empatía. Se impulsa el cuidado de los seres vivos, se da voz a quienes no la tienen y se protege a los que no lo pueden hacer”.
 
De Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas subrayó que proteger a los animales no es solo un acto de humanidad, sino un paso indispensable para avanzar hacia un país en el que todas las formas de vida sean respetadas y que la empatía trascienda las palabras, por lo que su grupo parlamentario está a favor del dictamen.

Por unanimidad, Senado aprueba elevar a rango constitucional la protección y el cuidado a los animales

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jueves, 14 de marzo de 2024

 

  • La presidenta del Senado informó al Pleno que este asunto será abordado en la reunión de este órgano de gobierno el 20 de marzo

 

La senadora Ana Lilia Rivera Rivera informó al Pleno que la Mesa Directiva que ella preside, se ha conducido con estricto apego a las normas internas del Senado, para procesar la solicitud para desaparecer poderes en Guerrero, que presentaron senadores del PAN a este órgano de dirección de la Cámara.

 

Dijo que, como presidenta de la Mesa Directiva, ella es responsable de respetar la Constitución Política y el Reglamento del Senado, así como de atender los precedentes que ha generado este órgano de gobierno sobre estos casos.

 

Ana Lilia Rivera refirió que dicha solicitud fue recibida en la Secretaría Técnica de la Mesa Directiva el pasado 12 de marzo, a las 17:39 horas.

 

Recordó que el ejercicio de la facultad, que le confiere la Carta Magna a la Cámara de Senadores en materia de desaparición de poderes, está regulado por la Ley Reglamentaria de la fracción V del artículo 76 de la Constitución General de la República.

 

Agregó que el artículo 3 de dicha Ley otorga al Senado de la República la obligación de determinar si estima procedente la citada solicitud, y que para esta determinación no existe un mecanismo procesal que confiera claridad y transparencia.

 

En opinión de la Presidencia, dijo la senadora, someter este asunto a la consideración de la Asamblea de inmediato, implicaría una decisión apresurada sobre los hechos que se denuncian, sin conocer a plenitud el fondo y los argumentos de la solicitud, por lo que es necesario que tanto este órgano de gobierno como la Asamblea analicen todos los razonamientos para poder tomar una determinación en cualquier sentido.

 

Subrayó que la Mesa Directiva es un órgano colegiado y el Orden del Día es formulado por quienes la integran, no por la Presidenta; por lo tanto, este asunto debe ser consultado con todos los integrantes de este órgano de gobierno del Senado.

 

Señaló que, si bien es cierto que por práctica parlamentaria y en un exceso de eficiencia, todos los asuntos que se reciben para ser incorporados en el Orden del Día son enlistados de inmediato; también es cierto que el numeral 2, del artículo 71 del mismo ordenamiento, faculta a la Mesa Directiva para programar la inclusión de un asunto en dicha Orden, en un plazo no mayor a los diez días naturales.

 

Ello, precisó, permite realizar un análisis de los distintos asuntos que son recibidos para su inscripción, “por lo que este, sin duda, requiere de toda la atención para evaluar por parte de todos los integrantes de este órgano, sus posibles implicaciones”.

 

Recordó que, en la reunión de Mesa Directiva de ayer, los integrantes de todos los Grupos Parlamentarios acordaron por unanimidad no realizar reunión de este órgano de gobierno previa a la sesión.

 

Por lo tanto, la solicitud será planteada en la reunión de la Mesa Directiva del próximo 20 de marzo, fecha en que se tendrá la próxima Sesión y, en su caso, se suscribiría el acuerdo correspondiente.

 

Esto, agregó, al considerar que los diez días naturales reglamentarios, vencen el próximo 22 de marzo del año en curso. Explicó que, si la Mesa Directiva determina su incorporación y, en su caso, emite el acuerdo correspondiente, ambos asuntos se publicarán en la Gaceta.

 

Ana Lilia Rivera enfatizó que la Presidencia de la Mesa Directiva siempre se ha conducido con apego estricto a nuestras normas internas y, sobre todo, con respeto a la Constitución.

En solicitud para desaparecer poderes en Guerrero, Mesa Directiva se ha conducido con apego a normas internas

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martes, 9 de mayo de 2023


  • Morena señala que es necesaria una reforma al Poder Judicial  
  • PAN, PRI, PRD y MC aseguran que resolución garantiza división de poderes 

 

 


En el apartado de Agenda Política, senadores y diputados que integran la Comisión Permanente del Congreso de la Unión debatieron este martes sobre la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto de las reformas en materia electoral. 

 

Al hacer uso de la palabra, el coordinador parlamentario de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, aseguró que es necesaria una reforma al Poder Judicial de la Federación, para que opere otro sistema en el nombramiento de jueces y magistrados, “ya que el de ahora obedece a ciertos niveles de privilegios”. 

 

Dijo que es partidario de la división de poderes, ya que es sano para una República, pero no se deben aplaudir los excesos, el derroche, el abuso y los privilegios en dicho Poder de la Unión. 

 

Aseguró que hay una crisis en el Poder Judicial, lo que ha llevado a tener un déficit de justicia en México, pues “hay un reclamo de la sociedad y no podemos cerrar los ojos frente a una exigencia ciudadana que crece todos los días. También tenemos el derecho de escudriñar la calidad y la autoridad moral de los jueces y los ministros”. 

 

Argumentó que se deben instrumentar reformas que tiendan a mejorar la justicia en México, entre las que destacó la instalación de un proceso de elección directa de ministros de la Corte; así como para que esta ya no presida también el Consejo de la Judicatura Federal; y que la Defensoría de Oficio sea autónoma. 

 

“Estoy en desacuerdo que la Corte sustituya al Poder Legislativo, eso no lo puede admitir ningún legislador, porque las facultades de control parlamentario que ejerció son indebidas”, expresó. 

 

El Congreso, puntualizó Monreal, tiene la facultad de citar a comparecer a los ministros, así como hacer uso del recurso del juicio político, en caso de que se vulneren principios fundamentales de la Constitución Política y se reitere sistemáticamente la violación o la invasión de facultades de otros Poderes. 

 

Por su parte, la senadora Kenia López Rabadán, del PAN, expresó que “las y los mexicanos dicen gracias a las y los ministros por hacer valer ley; y lo mismo les decimos desde el Senado y la Comisión Permanente”. Aseguró que con la resolución se refrendó el control constitucional que ejerce la Corte para dar certeza a los mexicanos “sobre la obsesión de López Obrador por controlar todo y destruir nuestra democracia”. 

 

El senador Manuel Añorve Baños, del PRI, también expresó su reconocimiento a la Suprema Corte por declarar inconstitucional el “Plan B” de la reforma electoral. “Desde aquí seguiremos defendiendo la división de poderes y a la Constitución Política; dígase lo que se diga, las y los ministros cumplieron con su deber y fortalecieron el Estado de derecho. Que les quede claro: la Corte no se toca”, advirtió. 

 

Noé Castañón Ramírez, senador de Movimiento Ciudadano, aseguró que la resolución de la Corte se dio en estricto apego a la norma constitucional, que la faculta como un órgano de control, por lo que puede “corregir la plana” a los absurdos y atropellos de la mayoría en las Cámaras. 

 

En tanto, Graciela Gaitán Díaz, senadora del PVEM, exhortó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que, más allá de analizar los procedimientos legislativos, se manifieste sobre la naturaleza de la reforma en materia electoral y los beneficios de éstas para la ciudadanía. Además, pidió que resuelvan de manera prioritaria temas sensibles, de trascendencia social, y que el sistema de justicia se aplique a cabalidad y en tiempo. 

 

Del PRD, el senador Miguel Ángel Mancera Espinosa destacó que la resolución es un precedente, porque tuvo una votación mayoritaria y deberá de atenderse por todas las autoridades: “quedó claro que México tiene esta división de poderes y que debemos de defender a la Corte porque trasciende más allá de nuestros intereses”. 

 

El senador del Grupo Plural, Germán Martínez Cázares, expresó que el poder en México afortunadamente está dividido; sin embargo, señaló que a la sentencia emitida por la Corte le faltó “la reviviscencia” de las normas derogadas, ya que hay un vacío legal en materia de comunicación y propaganda, “para hacerle el favor a los medios o un funcionario a que pueda comprar propaganda y se privaticen las campañas”. 

 

El diputado de Morena, Hamlet García Almaguer, dijo que es necesario retomar la Constitución Política de 1857, la cual establecía que los ministros de la Suprema Corte durarían en su encargo solamente seis años y no 15, como ahora; y que planteaba un método de elección en el que participaba la ciudadanía.  

 

Por el PRI, la diputada Carolina Viggiano Austria, aseguró que el hecho de que Morena y sus aliados sean mayoría, no significa que tengan la razón, porque en todo parlamento se tiene que respetar el procedimiento legislativo y construir acuerdos, ya que las minorías también representan al pueblo de México. 

 

El diputado del PT, Reginaldo Sandoval Flores, consideró que la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación responde a aspectos políticos y no jurídicos, ya que esta reforma en materia electoral fue hecha para la transformación, además, acusó a los ministros de actuar de manera golpista, porque argumentaron que se falló en el procedimiento legislativo. 



 

Debaten en la Permanente resolución de la Suprema Corte sobre “Plan B” en materia electoral

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jueves, 27 de abril de 2023

 

  • También aprobaron que, en caso de despido injustificado de agentes del Ministerio Público y miembros policiales de la Federación, sean indemnizados o restituidos 

     


    Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda, que 
    presiden los senadores Eduardo Ramírez Aguilar y Rafael Espino de la Peña, respectivamente, aprobaron la minuta para reducir a 18 años, cumplidos el día de la elección, la edad mínima para ser diputado, y a 25 años para ser titular de alguna Secretaría de Estado. 

     
    El proyecto enviado por la Cámara de Diputados busca reformar los artículos 55 y 91 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

     
    Espino de la Peña consideró que la edad que establece la Constitución para ejercer estos cargos es por un proceso de madurez de las personas, y aclaró que no considera que se deje de lado a los jóvenes, dado que en el país la edad promedio de vida es de 77 años y a los 21 y 30 años aun se es joven.  

     

    Dijo que su voto sería en contra por no encontrarle sentido y solidez a la propuesta. Además, explicó que en el ámbito internacional, el rango para ocupar cargos legislativos oscila entre 21 años para ser diputado y 30 años para ser Secretario de Estado 

     

    La senadora de Morena, Imelda Castro Castro, consideró que el dictamen es un avance en materia de derechos políticos, específicamente “a ser votado”, y en beneficio de un grupo poblacional que requiere representación, ya que los jóvenes adquirirían experiencia, pero también ayudarían a fortalecer la agenda legislativa. 

     

    Sylvana Beltrones Sánchez, del PRI, opinó que esta iniciativa es importante para dar oportunidad a los jóvenes, pero consideró que al mismo tiempo debe generar una representación política más inclusiva y diversa. 

     

    En este sentido, reconoció que nuestro país tiene una gran deuda en materia de representación política con los grupos vulnerables; por ello propuso incluir en la propuesta “dar prioridad a grupos indígenas y otras minorías, así como a grupos sociales en condiciones de vulnerabilidad”. 

     

    Noé Castañón Ramírez, senador de Movimiento Ciudadano, expuso que la edad no tiene ninguna consecuencia directa con la experiencia ni con la capacidad de entender la congruencia que deben tener los textos normativos, para que una persona pueda desempeñarse como diputado; pero en las tareas del Estado se requiere de experiencia y madurez.  

     

    Otro de los dictámenes aprobados busca que, en caso de separación injustificada de agentes del Ministerio Público, peritos y miembros de las instituciones policiales de la Federación, las entidades federativas y los municipios, la autoridad responsable estará obligada a pagar la indemnización y las demás prestaciones que se tenga derecho o la reincorporación al servicio en los términos de Ley. 

Respaldan comisiones reforma que reduce edad para ser diputado y secretario de Estado

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