- Piden la Conanp fortalecer, revisar y analizar programas de manejo de áreas naturales protegidas con arrecifes de coral
La Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras públicas, que preside la diputada a Carolina Viggiano Austria, avaló un dictamen para que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) remita un informe sobre las concesiones otorgadas a empresas de agua embotellada, de la industria refresquera, y hotelera.En el proyecto también se pide a dicho organismo que considere la pertinencia de establecer mesas de trabajo con los sectores productivos y empresariales, y que soliciten concesiones de agua para uso industrial o aumento de volumen de agua en zonas con poca o nula disponibilidad de agua.Lo anterior, detalla el documento, con el fin de encontrar alternativas viables que no afecten el derecho humano al agua y la prioridad de los usos, establecida en la Ley de Aguas Nacionales y demás normatividad aplicable.El proyecto, respaldado por unanimidad, solicita a las secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Conagua que fortalezcan sus programas de capacitación para la conservación, cuidado y el uso sustentable del recurso hídrico, en los sectores agrícola y ganadero.Además, se hace un llamado a la Conagua y a sus homologas en las entidades federativas destinen los recursos necesarios para atender la sequía y escasez de agua que aqueja al país.Igualmente, exhorta a que se diseñen e implementen las medidas orientadas a prevenir y mitigar la sequía en los estados, a fin de lograr un uso racional y eficiente del agua, así como garantizar el acceso para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre y asequible a la población.Otro de los dictámenes aprobados, exhorta a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, para que fortalezca, revise, analice y, en su caso, actualice los programas de manejo de las áreas naturales protegidas que cuenten con arrecifes de coral.Lo anterior, a fin de preservar a los ecosistemas costeros ante los efectos adversos del cambio climático y demás factores que los deterioran.El diputado Reginaldo Sandoval Flores, del PT, expuso los arrecifes abarcan cerca de mil 780 kilómetros cuadrados y albergan más 92 especies de corales duros y 637 especies de peces; además brindan diversos servicios a las comunidades costeras de México ya que, sustentan el turismo, la pesca y equilibrio ecológico, además de tener un importante impacto económico del país.De Morena, la diputada Judith Celina Tanori Córdova pidió a sus compañeros legislar de manera integral el cuidado del medio ambiente y no impugnar leyes como sucedió con la de minería.
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jueves, 20 de julio de 2023
jueves, 23 de mayo de 2019
(CODICS).- La Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Movimiento Nacional (CNPA MN), llamó al Presidente, Andrés Manuel López Obrador a cumplir su promesa de retirar concesiones a los empresarios que no hayan liquidado la tierra a campesinos y ejidatarios o adeuden pagos por derechos de vía en proyectos carreteros e hidroeléctricos y, en ese orden de ideas, recomendaron iniciar con Carlos Slim quien en más de 12 años no ha pagado a 680 campesinos de Nayarit por la construcción de la autopista Tepic – Nayarit, quienes ahora hasta amenazados están de muerte por el Cartel de Jalisco Nueva Generación.
En conferencia de prensa, el vocero de la CNPA-MN, Jesús Gutiérrez Valencia y el líder estatal en Nayarit, Humberto Huerta, luego de cuatro días de plantón frente a Palacio Nacional y el cual será permanente mientras el Presidente Andrés Manuel López Obrador, no haya dado respuesta, demandaron atención a sus exigencias de pago conforme lo marca la ley, la protección a los miembros de la Coordinadora amenazados por el grupo delictivo antes citado y respuesta del Estado en el caso Amatan, Chiapas tras la desaparición, tortura y asesinato de los compañeros Noé Jiménez Pablo y José Santiago Gómez Álvarez.
Para el caso de la construcción de la autopista Tepic - Nayarit la cual ya está en manos de la delincuencia organizada desde el 10 de abril, en la caseta de “Ruiz”, los liderazgos de la CNPA MN reclamaron el pago de las indemnizaciones a los ejidatarios y el cobro por derechos de vía de un total de mil hectáreas para más de 600 ejidatarios.
Asimismo, solicitaron la actualización de los avalúos del valor de la tierra y la protección para 10 compañeros por parte del Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación a cargo de Alejandro Encinas.
Indicaron que es inadmisible que a 12 años de distancia no se resuelva este conflicto y el Gobierno Federal se mantenga omiso y no se pronuncie al respecto cuando se trata de una afectación que debió resolver la Secretaría de Comunicaciones y Transportes así como la Sedatu.
Detallaron que el pago que les ofrece el Gobierno federal, por tierra de riego es de 140 mil pesos por hectárea, tierra de temporal está en 84 mil pesos por hectárea y tierra de agostadero a 44 mil pesos por hectárea. Esto es el avalúo de hace un año que deber ser actualizado pues el valor real de la tierra pues es mayor y 23 núcleos ejidales siguen afectados.
viernes, 12 de mayo de 2017
En un nuevo episodio de contrarreforma regulatoria, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ha autorizado que el operador preponderante (Telcel) obtenga los derechos para explotar 60 MHz de la banda de 2.5 GHz, previamente concesionados a Grupo MVS. Con ello, Telcel amplía su ya de por sí excedida cuota de frecuencias del espectro radioeléctrico, anticipadamente a la posible y eventual licitación a la que podrían acceder sus competidores, con lo que se acentúan las bases de la inequitativa competencia en el mercado móvil mexicano.
En otras palabras, testificamos un nuevo capítulo en el que el IFT sigue empoderando al preponderante, en plena época que, conforme al espíritu de la Reforma Telecom, debería estar haciendo justamente lo opuesto: nivelando el terreno competitivo.
Sigue sorprendiendo que el regulador no vea o no entienda (o no quiera ver ni entender) las ventajas competitivas que con esto genera a favor del operador al que declaró preponderante quien cuenta con 64.8% de las líneas y 70.8% de los ingresos móviles, autorizándole ahora concentrar más de la mitad del espectro en operación.
Según el IFT con esta autorización el preponderante tan sólo “acumularía 29.77% del espectro total (asignado y disponible) en las bandas consideradas: 700 MHz, TRUNKING, CELULAR, PCS, AWS y 2.5 GHz” (https://goo.gl/oyUvDl). Sin embargo, en realidad alcanzará 51% del total tenencia espectral, muy por arriba de sus competidores (AT&T 32% y Movistar 16%), de acuerdo con cifras del IDET.
El cálculo del IFT está basado en frecuencias que aún no se han puesto en operación (90 MHz de la banda de 700 MHz), que no se han licitado y que incluso se ha pospuesto el proceso para su asignación (130 MHz restantes de la banda de 2.5 GHz). Pero que a decir del regulador será en el corto plazo en el que los operadores competidores tendrán acceso a estas porciones del espectro.
La expectativa de estos es que no será hasta finales de 2018 (por estimar un plazo mínimo) cuando efectivamente hagan uso de la banda de 2.5 GHz, eso sí el proceso de licitación comienza en el tercer trimestre de este año. Lo que inevitablemente abre una ventana de oportunidad en el tiempo para que el preponderante aventaje aún más a sus competidores y gane empoderamiento vía la obtención de una porción del espectro eficiente y con mayor capacidad de transmisión de telecomunicaciones móviles.
Estamos hablando de un plazo de poco más de un año y medio en el que el preponderante será el único operador que tendrá derechos de uso de la banda de 2.5 GHz y que podrá proveer servicios de 4G-LTE en mejores condiciones de velocidad de descarga y cobertura.
Pero más grave aún es confirmar la realización cierta de un nuevo episodio de contrarreforma del regulador y de contravención al mandato constitucional de garantía de provisión de telecomunicaciones en condiciones de competencia y de imposición de límites a la concentración de tenencia espectral.
Ante ello es obligación y responsabilidad del regulador evitar mayores retrasos a licitación de la banda de 2.5 GHz e impedir una mayor posición de ventaja para el preponderante.
En otras palabras, el regulador debe comenzar con el proceso de asignación de los 130 MHz restantes cuanto antes para que los operadores competidores puedan comenzar a explotar estas frecuencias al mismo tiempo que el preponderante, así como debe impedir a Telcel participar en este, para así prevenir un mayor desbalance en la tenencia espectral.
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miércoles, 10 de mayo de 2017
El pasado 4 de mayo, a través de un oficio dirigido a OHL México, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes solicitó a la empresa un informe que acredite que no existen acciones que puedan afectar activos públicos.
El 30 de abril del presente año, la empresa emitió declaraciones publicadas en medios de comunicación, en las que informó la puesta en marcha de un proceso de auditoría para confirmar que no existe transferencia alguna de recursos para fines electorales ni ilícitos.
Asimismo, el 5 de mayo la empresa externó públicamente que las transferencias bancarias identificadas por las autoridades españolas no corresponden a OHL México, ni a ninguna de sus subsidiarias, lo cual, afirma la empresa, es coincidente con las auditorías internas practicadas.
En razón de lo anterior, en escrito adicional la SCT solicita a OHL México que en un plazo no mayor a 3 días hábiles envíe un informe detallado que acredite que no existe transferencia de recursos de carácter ilícito que puedan afectar las concesiones públicas en las que participa.
miércoles, 13 de mayo de 2015
· Lo rubrican el titular de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, y el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Gustavo Arballo Luján
· Se dan pasos concretos hacia un ejercicio más legal y transparente de los recursos públicos, coinciden
· Posibilitará mayor confianza en las instituciones y empresas responsables del desarrollo de la infraestructura del país, aseguró el titular de la SCT
· Ruiz Esparza se sumó a la posición del gobernador Eruviel Ávila de llevar a cabo auditoría donde haya duda en las concesiones
Explicó que este acuerdo amplía y profundiza el marco de legalidad y transparencia que regula la relación entre los consultores y los servidores públicos de la SCT.
Establecerá las reglas de contacto durante los procedimientos de licitación pública, y ante el gran número de licitaciones que lleva a cabo la SCT, algunas de monto no sustancial, se acordó con la CMIC que esta regla se observe en casos con montos superiores a 100 millones de pesos, en tanto que los centros SCT lo harán cuando se rebasen 30 millones de pesos.
Gerardo Ruiz Esparza expresó su más amplio reconocimiento al presidente, directivos y Consejo consultivo de la CMIC por la firma del convenio que permitirá responder de mejor manera a las expectativas de una sociedad cada vez más exigente y demandante al apego de la legalidad en el actuar de las instituciones públicas y de las empresas privadas.
La SCT cumple con transparencia
Resaltó que a lo largo de lo poco más de dos años de la presente administración, la SCT ha llevado a cabo siete mil 477 licitaciones y ha suscrito contratos con casi cuatro mil empresas, y siempre en las licitaciones de proyectos relevantes se ha contado con supervisión de testigos sociales designados por la Secretaría de la Función Pública, dijo.
Afirmó que en lo que va de la presente administración no se ha presentado ninguna inconformidad legal en contra de procedimientos de licitación relevantes.
El secretario Ruiz Esparza hizo hincapié en que la Secretaría se encuentra evaluada con un cien por ciento de calificación en su portal de transparencia, y responde en promedio en 15 días las solicitudes de información, en un plazo mucho menor a lo que la ley permite, que es de 40 días.
Por su parte, el presidente de la CMIC, Gustavo Arballo, afirmó que este documento tiene como objetivo establecer mecanismos de transparencia en los proceso de licitación de obra pública que se llevan a cabo en la SCT y que a nivel nacional son de gran trascendencia.
"Permitirá -puntualizó- que la CMIC sea coadyuvante de la SCT, con el fin de que los procedimientos de licitación se realicen con absoluta transparencia y en estricto apego a la ley. Desde luego, este Protocolo será extensivo para los procedimientos de licitación que se lleven a cabo en los centros en todo el país".
Datos del convenio
Las empresas afiliadas a la CMIC suscribirán una declaración de integridad como parte de los procedimientos de licitación, donde ambas partes manifestarán bajo protesta de decir verdad que su actuar estará apegado al marco de la legalidad, a la normatividad correspondiente y a una plena transparencia.
Durante el procedimiento de licitación no deberá haber contacto personal entre los contratistas y la autoridad correspondiente de la Secretaría, con excepción de aquel o aquellos derivados de las disposiciones jurídicas aplicables, así como de los que se den durante las visitas en los sitios en los que se desarrollarán las obras.
Además, como ha sido norma invariable durante la presente administración federal, la información de los procedimientos de licitación pública deberán estar disponibles para consulta en la página web de la SCT (www.sct.gob.mx).
Todas las reuniones de los comités de obras y de adquisiciones deberán ser videograbadas, con el propósito de contar siempre con un testimonio público.
En torno a la empresa OHL, y a pregunta expresa de los medios de comunicación, el titular de la SCT afirmó que se trata de una empresa de talla internacional, con presencia en varios países y que a su saber ha cumplido en tiempo y forma con los contratos que se le han asignado.
Y se sumó a la posición del Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, en el sentido de que en cualquier caso que existiese alguna duda en uno o más contratos ó concesiones, es conveniente auditarlas a fin de disipar cualquier duda ante la opinión pública
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Estuvieron presentes los subsecretarios de Comunicaciones, Transporte e Infraestructura, Mónica Aspe Bernal, Yuriria Mascott Pérez y Raúl Murrieta Cummings, respectivamente. Por parte de la CMIC, los vicepresidentes del Sector de Comunicaciones y Transportes, Enrique Canto Vivas, y de Infraestructura, Jaime Enrique Aguilera Garibay; el presidente del Consejo Consultivo, Eduardo Correa Abreu; y el secretario nacional, Eduardo Ramírez Leal.
