La Carta Magna reconoce el derecho de acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) cuya garantía aún no permea toda la población. De acuerdo con The Competitive Intelligence Unit, durante el segundo trimestre de 2017, aproximadamente 52 de cada 100 mexicanos contaba con Banda Ancha Móvil (BAM), es decir, una penetración del servicio equivalente a 52.4%.
La situación es más grave cuando se analiza dicho indicador por nivel socioeconómico (NSE), ya que se registra una brecha digital de tamaño considerable entre los niveles más elevados y los más bajos.
Por un lado, 95 de cada 100 mexicanos ubicados en el NSE denominado A/B¹ cuentan con BAM. En este NSE, las personas son capaces de cubrir todas sus necesidades materiales e incluso poseen recursos excedentes para realizar inversiones.
En el otro extremo, sólo 40 de cada 100 personas en el nivel NSE D+/D/E² cuentan con servicio de BAM. En este grupo se registran carencias de satisfactores, en el mejor de los casos se tiene una propiedad, y la cobertura de infraestructura sanitaria (alcantarillado y agua potable) es incompleta o ausente.
De esta forma, la brecha digital en relación con la adopción de BAM se traduce en 54 puntos porcentuales (pp). Ante esta situación se debe poner mayor énfasis en llevar infraestructura de telecomunicaciones, difundir las habilidades digitales y mantener la asequibilidad del servicio y los dispositivos entre los individuos, hogares y poblaciones con mayores vulnerabilidades socioeconómicas.
Penetración de Banda Ancha Móvil por Nivel Socioeconómico
(Porcentaje de la población, %)
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Fuente: The Social Intelligence Unit con información de The Competitive Intelligence Unit
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En cuanto a las clases medias representadas por los NSE C+ y C/C-, el diferencial respecto al nivel D/E, aunque más estrecho, aún muestra brechas que ascienden a 43, 28, y 18 puntos porcentuales respectivamente.
Considerando lo anterior, si bien la cobertura universal es una obligación, cualquier diseño de política pública o decisión de competencia debe considerar la priorización de aquellos sectores sociales más afectados por las limitaciones para adquirir el servicio ya sea en términos de infraestructura, habilidades digitales o asequibilidad, de no hacerlo no sólo se pondría en juego el derecho de acceso a las TIC, sino que se comprometería el ejercicio más pleno de otros derechos como el de la educación, la libertad de expresión, la transparencia y el derecho a la información, además se limitarían posibilidades para impulsar desarrollo y crecimiento económico que tanto hacen falta a México.
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