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martes, 21 de julio de 2020



*  La esposa de Yaihir Esquila, pide justicia 

El pasado 18 de los corrientes fue detenido ilegalmente y enviado al reclusorio el señor Yair Azahel Esquila Ramírez, por elementos de la  Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) tras los hechos ocurridos en la calle Puerto Escondido, de la colonia Piloto, de la Alcaldía Álvaro Obregón. 
Sucede que el señor Yahir acudió al  sitio  referido cuando fue avisado de que su hermano Marco Polo, estaba metido en problemas y al llegar a buscarlo, la policía alli presente lo detuvo y acusó de haber salido de un inmueble donde hubo un robó a casa habitación como lo reportó la autoridad.   
También le agregaron Pandillerismo, pero él "no estaba en el lugar y no pudo haber incurrido en delito alguno", dijo, la señora Igraine Alfaro Arévalo, esposa del hoy detenido.
Ella, relató los hechos y dijo que el día 19 de junio de 2020, al filo de las 12:22 horas su marido Yahir, recibió una llamada de su amigo Eduardo Villaseñor, quien le avisó  que su hermano de nombre Marco Polo, lo llamó de urgencia para decirle que tenía problemas y lo querían golpear. 
Esto sucedía en la calle de Puerto Escondido. Yahir y Villaseñor,  se trasladaron en moto al lugar arribando allí al filo de 12:38. Pero, resulta que  Yahir fue aprehendido " por robo" a casa habitación.
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Por cierto que vecinos de la zona referida, proporcionaron videos que demuestran, "...la inocencia de mi esposo", dijo la señora y explicó al respecto, que con base en el registro de llamadas telefónicas entre Yahir y Eduardo Villaseñor, se pudo constatar que el acusado no pudo haber cometido un robo. Pues técnicamente no checan los horarios.
Consta que Marco Polo, hermano de Yahir llamó a Villaseñor, pidiendo ayuda y fue hasta las 12:22 horas cuando Villaseñor,  pudo localizar  a Yahir.
Entonces Villaseñor y Yahir se dirigieron a rescatar a Marco Polo. Al llegar Yahir, se  bajo de la motocicleta que manejaba Villaseñor y la policía lo detuvo siendo señalado. 
Es importante mencionar que tanto la persona víctima del robo como los elementos de SSC-CDMX, declararon que la detención había sido a las 13:28 horas y que cuando abrieron el inmueble Yair  salió corriendo para huir en una motocicleta, lo que es falso.
Otra de las pruebas que se pretende ofrecer son imágenes de whatsap que  vecinos proporcionaron, donde se aprecia que en calle donde fueron los hechos,  Yahir, iba llegando. 
Otro factor importante y principal es que el Ministerio Público, el juez de Control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ-CDMX) y la sociedad, "todos  hemos sido engañados por esa autoridad. Yair estaría en libertad", dijo la afligida esposa.
Por tal,  alega que se acepten estas pruebas, "que se haga revisión minuciosa de la situación jurídica de mi esposo lo más pronto posible, en virtud de que tienen a una persona detenida improcedentemente así demuestran los documentos que tiene la Fiscalía de Investigación Territorial en la Álvaro Obregón, Agencia Investigadora del M.P Agencia del Ministerio Público AO-3, CI-FIAD/AO-3/UI-2 C/D/00126/06-2020. Ante el  juez de Control dTSJ-CDMX con el expediente número 06/939/2020, Unidad 6, con sede en  Reclusorio Sur" .

Policias fabrican delito a ciudadano y va al Reclusorio

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miércoles, 20 de junio de 2018


Pachuca de Soto, Hidalgo. – La comunidad de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo condena enérgicamente el clima de terror generado por el gobierno estatal contra miembros de la comunidad universitaria y de los partidos políticos que han decidido promover el cambio y la sana alternancia en ejercicio de su derecho a votar y ser votados, en el contexto del actual proceso electoral.

Repudiamos y condenamos el uso de las policías estatal y municipal para la fabricación de delitos en evidente prejuicio de las personas, como lo confirma, una vez más, la privación ilegal de la libertad y la vulneración a la persona y propiedad sufrida por la licenciada Gabriela Mejía Valencia, coordinadora de Administración y Finanzas de esta casa de estudios, el pasado viernes 15 de julio.

Nuestra compañera circulaba en la carretera Pachuca-Tulancingo y al transitar por Mineral de la Reforma fue detenida en un retén de revisión y se le acusó sin mediar razón legal alguna que lo justificara, con el pretexto burdo de que conducía un automóvil “robado”.

Cuando presentaba los documentos, la unidad fue impactada por una camioneta con placas de circulación MTW-69-95 del estado de México, lo cual originó que los policías procedieran a llevarse las dos unidades al corralón bajo el argumento de que las partes no llegaron a un acuerdo.

Aunque la universitaria demostró la propiedad del vehículo, fue sometida con abuso de fuerza y un despliegue desmedido de patrullas y personal de los cuerpos policiacos de Mineral dela Reforma y del gobierno estatal. Fue remitida a las oficinas de seguridad estatal y de ahí se le llevó, esposada y vigilada por numerosos policías, a la Procuraduría General de Justicia del Estado. En todo caso, los hechos generarían solo una infracción administrativa de tránsito, por lo que no se justifica la violencia policial ejercida. Del causante del accidente se desconoce si fue retenido en igualdad de condiciones.

Durante los sucesos varios compañeros universitarios intentaron defender del empleo desmedido de la fuerza a la licenciada Mejía y fueron reprimidos y dispersados con violencia usando gases lacrimógenos.

La sucesión de hechos de esta naturaleza hacen patente la escalada de violencia que se ha ejercido, desde el inicio de la actual administración estatal, contra la máxima casa de estudios de la entidad y su comunidad. Como ciudadanía, observamos que se ha perdido el respeto a la persona y patrimonio; las autoridades estatales olvidan que el individuo, sus propiedades y posesiones son inviolables y actúan arbitrariamente al margen de la legalidad.

En tal sentido, destacamos la retención de recursos federales, el corte arbitrario del suministro del agua, los ataques ilegales a la autonomía, la agresión al presidente de la Sociedad de Alumnos de la Escuela Superior de Huejutla, las acusaciones dolosas de una supuesta simulación de huelga, la detención “fabricada” de Alberto Isaac García, hijo de la licenciada Lidia García Anaya, la agresión contra ciudadanos por parte de grupo de choque tolerados por las autoridades, los ataques al candidato Julio Menchaca y ahora la ilegal actuación contra las universitarias Gabriela Mejía, Elsa Ángeles y Leyla Chávez.

Condenamos el creciente clima de terror que hoy caracteriza a la entidad hidalguense. Exigimos que el gobierno estatal asuma su responsabilidad de garantizar el Estado de Derecho, justicia y seguridad para sus gobernados, y que respete su legítima voluntad para participar en un proceso electoral limpio y seguro.

Denunciamos la violencia con la que ha actuado la policía estatal en perjuicio de los universitarios, particularmente contra las mujeres, quienes han sido agredidas en forma machista, sexista y misógina, haciendo uso faccioso de las instituciones encargadas de salvaguardar la seguridad de la población.

Demandamos el cese de la escalada de violencia contra los ciudadanos y, particularmente, la dirigida a la comunidad universitaria. Conminamos a las autoridades a conducirse en el marco de la legalidad en la actual coyuntura electoral que se vive en el país y en el estado de Hidalgo.

Los universitarios también somos ciudadanos. Nos preparamos para general cambios trascendentes, y lo haremos con el pleno derecho a participar libremente en el ámbito de nuestra elección y con los ciudadanos a este proyecto nacional.

Responsabilizamos a las autoridades del gobierno de  Omar Fayad Meneses, encargadas de garantizar la seguridad y el bienestar de la población, por el menoscabo de los derechos, la integridad física y el patrimonio, de lo miembros de la comunidad universitaria.

Clima de terror contra miembros de la comunidad universitaria por el gobierno estatal del Estado de Hidalgo

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lunes, 10 de abril de 2017


El periodista y escultor Juan Carlos Martínez y familia, por segunda ocasión, fueron agredidos por  elementos del cuerpo policial “Asturias” de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, sin orden de Cateo, Presentación o acusación formal, detenidos y golpeados dentro de las patrullas.

Organizaciones de Periodistas siguen el caso pendientes de que haya justicia y se investigue al jefe de estos policías del llamado grupo  “Asturias”.
os hechos se registraron en el domicilio del comunicador en Dr. Liceaga, donde tiene en su planta baja un servicio de Internet. Allí, sin  mediar palabra los policías armados, se abalanzaron en contra de toda mujeres y jovencitos, contra la mamá, hermanos del Periodista así como personas que estaban utilizando las computadoras del local.
El día 26 de marzo pasado a las 16:25 horas, numerosos policías ingresaron por la fuerza tanto al como al interior de la casa por el traspatio, brincando una barda del Tribunal de Justicia.

La familia del Periodista Juan Carlos Martínez, a gritos solicitaba razón de ese comportamiento a los policías, que supuestamente buscaban a dos asaltantes de una panadería cercana, lo que nunca pudieron comprobar.
El Periodista solicita al Presidente Enrique Peña Nieto y al Secretario de Seguridad Pública, Hiram Almeida, intervengan ante este abuso que por segunda vez sufre el comunicador y teme por su seguridad y la de su familia.
Este grupo de policías denominado “Asturias” son exageradamente agresivos y esta acción la aprovecharon para robar a la familia Martínez con extrema violencia, el monto es de 40 mil pesos en efectivo, que eran las ganancias del Internet, objetos de valor, joyas, celulares y demás artículos “por un total aproximado de 200 mil pesos, incluyendo todos los daños al negocio y a mi casa”, reveló el afectado.
Vidrios rotos, una cortina de metal dañada y destrozos fue el resultado de este abuso que pone en evidencia la exagerada visita de estos elementos policiacos.
 Los hechos se grabaron en video por parte de los propios policías quienes trataban de utilizar esa grabación para perjudicar a Juan Carlos Martínez y su familia, cosa que no lograron.
Se desprendió de esta  acción ilegal, una denuncia Penal contra quienes resulten responsables.
Juan Carlos Martínez se desempañó durante unos años en el diario  Excélsior, como reportero en la fuente Cultural y ha trabajado en medios digitales. Hace unos meses fue reconocido en el Senado de la República por su trayectoria.
La denuncia CI-FCH/CUH-2/UI2C/D/1572/03-2017 fue radicada en la Coordinación Territorial CUH-2 Delegación Cuauhtémoc, está en curso en el rango de delito cometido por los Servidores Públicos.
El video fue solicitado a la SSP por parte de la Fiscalía Especializada (FSP) y se procedió ante la Dirección General de Asuntos Internos, Dirección de Supervisión y Seguimiento de Denuncias, bajo el folio CI-FSP/B/UI-B-3 C/D/00988/03-2017.
El grupo policial “Asturias” enfrenta los siguientes cargos: abuso de autoridad, robo, secuestro, allanamiento, daño en propiedad ajena,  allanamiento de Morada, golpes a transeúntes, entre ellos una chica embarazada Roxana Rodríguez Moisés, así como Bryan Alcántara Molina y el sobrino del también Periodista, Abraham Juárez quien desmayo por un golpe contuso, a pesar de su estado, los “guardianes del orden y la justicia”, prosiguieron golpeándolo.
Juan Carlos MartÍnez dijo que sufrió una primera agresión en 2014. “Fue un despojo de obras de arte y computadoras, dinero en efectivo por la cantidad de 700 mil pesos, incluye esculturas, pinturas etcétera y el Proceso de esa denuncia sigue adelante en la Averiguación Previa FCH/CUH-8/T1/01102/14-03”.

Agreden a Periodista y familia policías del grupo “Asturias”

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domingo, 13 de septiembre de 2015


 

*** Elementos de la SSPDF Trabajan con grupos organizados.


*** Siembran delitos al “no entrarle”; el  más jugoso la portación de Tarjetas de Crédito, deja hasta 30 mil pesos por detenido.

 

De la Dirección

 

Fue levantada la averiguación previa FSP/B/T3/02338/15-08ante la Fiscalía para Investigación de Delitos por Servidores Públicos (FSP), de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), contra los policías con número de placa 888601 MARTÍNEZ MONTAÑO ROBINSON MOISÉS, a cargo de la PATRULLA DF-208-C1 y el policía 889614 TEODOSIO PADUANO ERICK JOSUÉ A BORDO DE LA UNIDAD DF-205-C1elementos de la Secretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal, por los delitos de Abuso de autoridad, Privación ilegal de la libertad, Cohecho, Delincuencia organizada, Falsedad de declaración y lo que resulte.

 

La averiguación previa la inició su novia que por razones obvias se omite dar su nombre, pero que su nombre real consta en el acta  FSP/B/T3/02338/15-08, esto por el ataque que sufrió su novio ABRAHAM DAVID JUAREZ, al ser privado de su libertad por tres sujetos entre ellos una mujer, fuertemente armados, mismos que secuestrarion y subieron a un automóvil de color blanco Bora con placas de Cancún donde lo torturaron por más de una hora en los alrededores de la Cuidad de México, como consta en su declaración FCH/T2/05415/15-08RI.

 

Los sujetos pedían altas cantidades de dinero para liberarlo mientras lo torturaban con golpes en el estomago, así como una serie de coscorrones en las cejas y cabeza, al no acceder ABRAHAM DAVID JUAREZ, a dar dinero y aceptar declarar en su contra por diversos delitos prefabricados, los delincuentes con Placa decidieron ponerlo a disposición del Agente del Ministerio Público en la Delegación Cuauhtémoc, Coordinación Territorial CUH-2, ubicado en las calles de Aldama y Mina, para que ahí se encargarán de su “consignarlo al Reclusorio” por no dar el entre que exigian para liberarlo.

 

En las instalaciones de la Agencia del Ministerio Público , los policías  MARTÍNEZ MONTAÑO ROBINSON MOISÉS, a cargo de la PATRULLA DF-208-C1 y el policía  TEODOSIO PADUANO ERICK JOSUÉ A BORDO DE LA UNIDAD DF-205-C1, declararon  que ellos habían detenido a ABRAHAM DAVID JUAREZ, en las calles de la Colonia Doctores, tal y como constan en sus declaraciones en dicha averiguación, lo que fue totalmente falso, ya que para corroborar lo manifestado por Abraham y su novia se solicitaron  las videograbaciones a la Secretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal con  ID: 1952851,2258, 25749114 y 2333, mismos que fueron resguardados por 60 días naturales y que estas evidencias en  video, no fueron solicitados por el Ministerio Publico  CUH-2, haciendo acto omiso de la petición.

 

Al ver que la victima no daba dinero por su liberación le fueron sembrando diversos delitos, robo, encubrimiento por recepción y producción, impresión, enajenación, distribución, alteración, o falsificación de títulos al portador, documentos de créditos públicos o vales de canje.

 

Cabe mencionar que este nuevo modus operandi deja recursos económicos millonarios de manera fácil y rápida, ya que van desde 25 a 30 mil pesos, por detenido de manera injusta. Denuncia que se presentará en las próximas horas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.



Delincuencia Organizada en la SSPDF

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