El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en una instancia definitiva e inatacable, resolvió que las órdenes de aprehensión dictadas en contra de Rafael y Elías Zaga son inconstitucionales.
Esta resolución tendrá como consecuencia la cancelación de las órdenes de aprehensión dictadas en contra de Rafael Zaga Tawil y de Elías Zaga Hanono.
Se comprueba que la Fiscalía General de la República armó un caso sin sustento ni evidencia.
Llega a su fin una historia de extorsión y manipulación judicial.
Ciudad de México, 13 de julio de 2023.- En la sesión ordinaria celebrada el 12 de julio de 2023, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito resolvió los amparos en revisión 75/2023 y 93/2023 en los que se determinó que las órdenes de aprehensión dictadas el 29 de junio de 2022 en contra de Rafael Zaga Tawil y Elías Zaga Hanono son inconstitucionales, ya que los hechos no son constitutivos de los delitos de Delincuencia Organizada y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
En ese sentido, se ordenó revocar la resolución recurrida y se concedió a los quejosos el Amparo y la Protección de la Justicia Federal de manera lisa y llana.
Por unanimidad, los Magistrados determinaron que la orden de aprehensión debe ser cancelada, ya que los recursos que fueron recibidos por Telra Realty en los años 2017 y 2018 son legales al provenir de una indemnización (derivado a su vez, de la cancelación de unos contratos) con el Infonavit y por tener el carácter de recursos públicos. También establecieron que no se advierte que exista una organización criminal ni delitos cometidos de manera permanente o reiterada, por lo que los hechos eran atípicos y la orden de aprehensión violaba los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En relación específica con Elías Zaga, se estableció además que el simple hecho de haber sido accionista por unos cuantos días de una empresa que no celebró ningún contrato con el Infonavit, no podía ser considerado como una conducta delictiva, ya que se trataba de una actividad mercantil perfectamente legal.
Esta resolución tendrá como consecuencia la cancelación inminente de las órdenes de aprehensión dictadas en contra de Rafael Zaga Tawil y de Elías Zaga Hanono, por no ser responsables ni haber cometido los delitos que se les imputan.
Antecedentes del caso
El Caso Telra es una muestra de una extorsión judicial y de cómo la justicia se puede torcer para fabricar culpables y condenar inocentes sin sentencias de por medio. Es la prueba de un uso faccioso de la ley que persigue a quien no se deja extorsionar o doblegar.
De junio del 2014 a febrero de 2016, Telra Realty y el Infonavit celebraron diversos contratos. A pesar de que Telra venía cumpliendo con las obligaciones derivadas de los contratos celebrados con el Instituto, cuando entra una nueva administración en el 2016 cambia la política hacia los contratos. Así, el 8 de junio de 2017, Telra recibió una notificación firmada por el Secretario General Jurídico del Infonavit, en donde se le notificaba la resolución del Consejo de Administración del Infonavit aprobada el 31 de mayo de 2017 de dar por terminados de forma anticipada y unilateral los contratos celebrados.
En vista de la terminación anticipada de los contratos pretendida por el Infonavit y después de varios meses de negociación, el 22 de agosto de 2017 Telra y el Infonavit celebraron un Contrato de Transacción acordando que, a cambio de la renuncia de acciones legales por parte de Telra en contra del Infonavit:
El Infonavit pagaría a Telra – la cantidad de $3,000,000,000 M.N por concepto de indemnización por daños y,
El Infonavit pagaría a Telra la cantidad de $1,800,000,000 M.N. más IVA, por concepto de indemnización por perjuicios
Además, Telra transmitiría al Infonavit la titularidad de los programas inmobiliarios y concluiría con la implementación de la plataforma informática.
A pesar de que estaba firmado y aprobado este contrato, incluso por el Consejo de Administración del Infonavit, el 26 de enero de 2018 el Infonavit decidió interponer una denuncia en contra “de algún servidor público o trabajador del Infonavit” por los contratos firmados en los años 2014, 2015 y 2016, por uso ilícito de atribuciones y facultades.
A partir de ese momento comenzó una pesadilla legal. Sin citatorio ni formalidad alguna, Rafael Zaga fue convocado con su abogado por el Fiscal General de la República a una reunión que tuvo lugar el 10 de octubre de 2019, en el que el mismo Fiscal le exigió a Rafael entregar los recursos que habían sido obtenidos como indemnización por el Infonavit, anunciando que si se negaba, se le perseguiría a él y a su familia con toda la fuerza del Estado.
Adicionalmente, el 28 de enero de 2020 la UIF ordenó el bloqueo de las cuentas bancarias de los señores El-Mann, y de Fibra Uno mediante el acuerdo 09/2020; así como las de los señores Zaga Tawil.
Entonces los señores El-Mann fueron llamados a negociar respecto a estos contratos con la institución, en febrero del 2020 presentaron un proyecto de acuerdo reparatorio señalando que se han enterado de la investigación que se sigue en contra de Telra. Lo cual era una falsedad, pues en ese momento no había denuncias contra la empresa.
En febrero de ese mismo año, los señores El Mann Arazi entregaron a la Fiscalía General dos cheques de mil millones de pesos cada uno. No queda claro por qué decidieron dar 2 mil millones de pesos, si solo habían recibido mil millones de los señores Zaga Tawil, para que conjuntamente se realizara un proyecto inmobiliario en Estados Unidos. Los señores Zaga Tawil presentaron una denuncia contra los señores El-Mann para conocer el destino de los mil millones de pesos que depositaron para el negocio en Estados Unidos.
De cualquier manera, los recursos recibidos de parte de los El-Mann sirvieron para armar un montaje, y el 10 de febrero del 2020 durante la conferencia de prensa matutina, el Fiscal General de la República le entregó al Presidente de la República un cheque por 2 mil millones de pesos señalando que esos recursos eran producto de la reparación de un daño en su esfuerzo por combatir la corrupción. También dijo que gracias a una denuncia que presentó el gobierno de la República a través de la Consejería Jurídica del Ejecutivo, habían iniciado una serie de acciones de carácter penal para la recuperación de los bienes de la nación.
Ante la resistencia de los Zaga, la FGR y la Procuraduría Fiscal emprendieron una feroz batalla legal que poco a poco se fue desarticulando, a dicho de los Magistrados del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, ante la falta absoluta de evidencia en contra de los señores Zaga. La historia de mentiras y persecución política y judicial que hoy llega a su fin con la resolución del Tribunal Colegiado.
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