Piden fortalecer los mecanismos de protección para personas adultas mayores que son víctimas de despojo patrimonial

    Se trata de una problemática que es ignorada y que con frecuencia es perpetrada por los propios familiares

 

Las personas adultas mayores constituyen un grupo social que merece protección especial por parte del Estado, ya que enfrentan diferentes tipos de violencia, entre ellas, el despojo de su patrimonio, situación perpetrada en muchas ocasiones por sus propios familiares, conocidos o terceros que se aprovechan de su condición de vulnerabilidad.

 

En este contexto, senadores del Grupo Parlamentario del PT buscan reforzar acciones para prevenir, detectar y erradicar el despojo patrimonial de este sector de la población, problemática que, advirtieron, es ignorada con frecuencia.

 

El senador Alberto Anaya Gutiérrez y las senadoras Geovanna Bañuelos de la Torre, Lizeth Sánchez García, Yeidckol Polevnsky Gurwitz y Ana Karen Hernández Aceves advirtieron que diversos casos documentados muestran cómo personas de la tercera edad han sido obligadas a abandonar sus hogares, privadas de sus recursos económicos o presionados para ceder propiedades y bienes patrimoniales.

 

Por ello, presentaron un punto de acuerdo, que fue turnado a la Segunda Comisión de la Permanente, para exhortar al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia en las 32 entidades federativas, para que refuercen las políticas, programas y mecanismos institucionales orientados a la prevención, detección, atención y erradicación del abandono, la violencia, el abuso, el maltrato y el despojo patrimonial que les afectan.

 

Además, hicieron un llamado a las fiscalías de los 32 estados para que refuercen las acciones de prevención, atención, protección, investigación y sanción de los delitos cometidos en perjuicio de las personas adultas mayores, a efecto de garantizar una atención digna, oportuna, especializada y libre de discriminación.

 

En el documento se precisa que 87 por ciento de los reportes recibidos entre 2024 y 2025 que la violencia contra este sector de la población ocurre dentro del hogar, donde las hijas e hijos son los principales agresores.

 

Los legisladores destacaron que la violencia contra las personas adultas mayores representa un problema social que en la actualidad es ignorado con frecuencia, situación que no sólo vulnera su integridad física y emocional, sino que también se ve afectada su dignidad, sus derechos humanos y su calidad de vida.

 

“Es inadmisible que existan casos de despojo y aislamiento social de las personas adultas mayores, por lo que su protección no debe entenderse únicamente como una obligación jurídica, sino como un imperativo ético y social”, precisaron los senadores en el documento.

 

Por ello, puntualizaron, resulta pertinente exhortar a las autoridades competentes a fortalecer las acciones, programas y mecanismos de atención dirigidos a prevenir y erradicar las distintas formas de violencia contra las personas de la tercera edad, así como garantizar una atención especializada y un acceso efectivo a la justicia para quienes han sido víctimas de estas conductas.