Impulsan desde el Senado reforma para la inclusión de personas migrantes al mercado laboral mexicano

 

·        Integrar el sector al mercado es oportunidad para fortalecer productividad, señalan en foro

 

Con el objetivo de construir consensos para reformar la Ley Federal del Trabajo e incluir a las personas migrantes al mercado laboral formal, fortalecer su integración social y su contribución al desarrollo del país, se realizó en el Senado de la República el foro “Trabajo sin fronteras: reforma laboral para la inclusión y la igualdad”.

 

Al respecto, el senador Raúl Morón Orozco explicó que la intención del encuentro fue analizar la nueva realidad migratoria nacional, con una visión multisectorial que permita avanzar hacia una iniciativa de reforma sólida, humana y con impacto real.

 

Ante industriales, dirigentes de cámaras empresariales, representantes sociales, académicos y de la sociedad civil, el senador de Morena y presidente de la Comisión de Educación afirmó que cuando se abren oportunidades y existen puentes en lugar de muros, se protege la dignidad del trabajo y la migración se convierte en desarrollo y no en tragedia.

 

Lamentó que en la actualidad haya personas con talento y ganas de salir adelante que se queden al margen, porque la legislación laboral y migratoria no se los permite; “es una desconexión que limita a la nación para fortalecer un auténtico modelo de economía social; por eso es importante hablar de inclusión laboral como un acto de justicia y de estrategia para el desarrollo nacional”, expuso.

 

Por otro lado, acusó que la migración es utilizada en muchos países como herramienta electoral, argumento de división y como justificación para políticas de persecución y de miedo, como lo viven miles de connacionales en varias ciudades de Estados Unidos.

 

Señaló que la Ley Federal del Trabajo fue concebida en un contexto histórico distinto, pero hoy existen disposiciones que generan discriminación y exclusión laboral, por lo que actualizarla es una responsabilidad.

 

“Este foro llega en un momento en que las decisiones legislativas pueden marcar una diferencia para miles de personas, entre continuar con un modelo endógeno que reconoce derechos laborales prioritariamente para los nacionales o un modelo de desarrollo de derechos humanos que trasciende las fronteras territoriales bajo una visión humanista”, recalcó.

 

Por su parte, la secretaria de la Comisión de Asuntos Migratorios, Karina Ruiz Ruiz, dijo que la discusión sobre una reforma a los artículos 7 y 154 de la Ley Federal del Trabajo no debe entenderse como una concesión sino como un ejercicio de congruencia normativa.

 

No se trata de enfrentar a trabajadores nacionales con trabajadores migrantes, apuntó, sino de comprender que la informalidad y la exclusión afectan al mercado laboral en su conjunto. 

 

En tanto, el senador Marko Cortés Mendoza, del PAN, manifestó que la reforma laboral para la inclusión y la igualdad no puede verse sólo como un tema legislativo, sino tiene que entenderse como una responsabilidad ética y social que responda a los desafíos actuales, ya que México es un país donde la movilidad es una constante.

 

Mencionó que la realidad que se vive impone nuevos retos y una responsabilidad para garantizar que la migración se atienda bajo un enfoque de derechos humanos, de legalidad y corresponsabilidad internacional.

 

Dana Graber Ladek, Jefa de la Organización Internacional para las Migraciones, indicó que México encara un déficit de talento en sectores clave, donde siete de cada 10 personas reportan dificultades para cubrir vacantes y estimaciones privadas prevén hasta 1.1 millones de nuevos puestos hacia 2027, con un faltante de mandos medios si no se aceleran la formulación y certificación de habilidades.

 

En este contexto, dijo que la integración de personas migrantes representa una oportunidad estratégica para fortalecer la productividad, cerrar brechas de habilidades y avanzar hacia un modelo económico más competitivo e inclusivo en México.

 

Joselin Barja Coria, Asociada Principal de Soluciones Duraderas-ACNUR, dijo que sólo en México en 2024, 78 mil 900 personas solicitaron la condición de refugiado buscando una oportunidad de inclusión.

 

En ese sentido, agregó que más de 50 mil personas refugiadas han participado en programas de inclusión social y laboral, y contribuyen anualmente con 275 millones de pesos en impuestos para la economía mexicana. 

 

Para presentar el diagnóstico que podría derivar en la propuesta de iniciativa, Ana Gabriela Núñez Pérez, consultora externa de la Organización Integral de las Migraciones, afirmó que es necesario reconocer a México como país de origen, tránsito y retorno, una complejidad que se tiene que considerar para un entendimiento plasmado en la legislación y se traduzca en políticas públicas.

 

La evidencia demuestra que mantener barreras normativas que restringen el acceso al empleo formal generan efectos no deseados, como la violación a los derechos humanos y orilla a la informalidad, entre otros.