Sindicatos y organizaciones empresariales hicieron alianza para manifestar su total rechazo a diversas modificaciones a la nueva ley de INFONAVIT , pendiente de discutirse en el Senado, este miércoles.
En rueda de medios la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), encabezada por Rodolfo González, junto con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) reconocieron que se han realizado cambios a la reforma, pero “no atendieron todas nuestras propuestas”. Entre ellas, que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) supervisen la totalidad de la operación del Infonavit, no sólo la crediticia. A la par manifestaron que la falta de mecanismos de supervisión en la inversión para la construcción de nuevas casas construidas por el instituto pondría en riesgo 350 mil millones de pesos que tiene recursos circulantes. Por lo que la reforma actual “no le están dando los dientes que necesita” la SHCP y la CNBV, a decir de Juan José Sierra, presidente de Coparmex. Por su parte representantes obreros y empresariales pidieron también que el patrimonio de la empresa constructora filial forme parte del instituto, ya que se trata de recursos de los trabajadores derechohabientes, y que opere bajo los mismos controles que el Infonavit. Asi mismo la Confederación de Trabajadores y Campesinos (CTC) y los sindicatos de trabajadores telefonistas, ferrocarrileros y del metro, se pronunciaron igualmente por que se mantengan las direcciones sectoriales, ya que consideran que son “esenciales” porque “les proporcionan el respaldo técnico necesario para fortalecer su labor y mejorar la representación de sus afiliados. No sin antes evidenciar que el director general del instituto presida los órganos colegiados, especialmente la asamblea y el Consejo, pues “vulnera el principio de tripartismo y paridad al favorecer a uno de los sectores”. Sobre los posibles actos de corrupción que ha denunciado el director general del instituto, Octavio Romero Oropeza, como los relacionados con proyectos para la construcción de vivienda aprobados por las direcciones sectoriales patronal y obrera para desarrolladoras, pero en los que no se concluyen las viviendas, el sector sindical y empresarial rechazaron “cualquier caso”, el cual “debe ser señalado, denunciado, perseguido y castigado”. Al final los sindicatos amagaron con salir a las calles si no son tomados en cuenta.
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