El Senado de la República emite declaratoria de aprobación de la reforma al Poder Judicial

 

• 23 legislaturas estatales han aprobado los cambios constitucionales

 

La Cámara de Senadores emitió la declaratoria de aprobación de la reforma al Poder Judicial, una vez que los cambios a la Constitución Política en la materia alcanzaron el aval de la mayoría de las legislaturas estatales.

 

El presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, destacó que México será el primer país que elegirá con voto universal, secreto y directo a sus ministros, magistrados y jueces, y nunca más las personas juzgadoras serán parte de una élite contraria a los intereses de la ciudadanía.

 

Se trata de un paso fundamental para separar el poder económico del Poder Judicial, acercar la justicia a las y los ciudadanos, para que “las hijas y los hijos del pueblo puedan acceder a la responsabilidad de ser una persona juzgadora”, puntualizó.

 

Previamente, la secretaria de la Mesa Directiva, Verónica Camino Farjat, contabilizó, uno a uno, los votos a favor del proyecto de 23 congresos locales: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y Ciudad de México. 

 

Camino Farjat también informó a la asamblea que el Congreso de Jalisco votó en contra de la reforma constitucional.

 

Posteriormente, el presidente de la Mesa Directiva anunció con fuerza: “La Cámara de Senadores declara aprobado el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política en materia de reforma del Poder Judicial”.

 

También dijo que el documento se remitirá a la Cámara de Diputados para que realice la declaratoria correspondiente.

 

Fernández Noroña informó que la Presidencia de la Mesa Directiva seguirá atenta para recibir las resoluciones de otras legislaturas de los estados sobre este asunto, a fin de integrarlas al expediente, y una vez que se obtenga el aval de la colegisladora, en cumplimiento del artículo 225 del Reglamento del Senado, se remitirá el decreto al titular del Poder Ejecutivo Federal, a efecto de que se publique en el Diario Oficial de la Federación.

 

Para referirse a la declaratoria, la senadora Juanita Guerra Mena, del PVEM, expresó que la reforma recupera la esencia, fortaleza, democratización, honestidad, eficacia, austeridad y cercanía social del Poder Judicial, por lo que las y los senadores “hemos dado cuenta cabal de nuestro actuar, y al pueblo de México le decimos que les hemos cumplido.”

 

Su compañera de bancada, María del Rocío Corona Nakamura dijo que ya no se puede sostener más un sistema judicial “colapsado por la ineficiencia, secuestrado por la impunidad, podrido por la avaricia y sin la confianza ciudadana”, por ello la reforma está encaminada a devolver la justicia “que nos ha sido arrebatada.”

 

Del PT, Geovanna Bañuelos de la Torre, afirmó que con la reforma judicial “se marcará el rumbo” del sistema de justicia en el país, pues lo volverá “más humano, justo y cercano al pueblo, además de que lo aleja de intereses políticos y económicos.”

 

La reforma modifica la estructura y funcionamiento del Poder Judicial, lo que incluye la elección, por voto universal, de jueces, magistrados y ministros.

 

Se trata de un proceso en el que los partidos políticos no serían quienes postulen a los candidatos, sino los tres poderes de la Unión: la Cámara de Diputados y el Senado de la República, el Ejecutivo Federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en igual proporción.

 

De acuerdo con los artículos transitorios, la jornada electoral se celebrará el primer domingo de junio del año 2025 y podrán participar como observadoras las personas o agrupaciones acreditadas por el INE, con excepción de representantes o militantes de un partido político.

 

Los cambios contienen medidas para promover la transparencia y la rendición de cuentas, como la prohibición del financiamiento público o privado en las campañas de los candidatos judiciales, así como la posibilidad de que cualquier ciudadano denuncie actos de corrupción.

 

En dicha elección se elegirá la totalidad de los cargos de Ministras y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las magistraturas vacantes de la Sala Superior y la totalidad de las Magistradas y Magistrados de salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

 

Además de los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, la mitad de los cargos de Magistradas y Magistrados de Circuito, Juezas y Jueces de Distrito.

 

El Senado de la República tendrá un plazo de 30 días naturales, posteriores a la entrada en vigor del Decreto, para emitir la convocatoria para integrar los listados de candidatas o candidatas que participen en la elección extraordinaria para renovar los cargos del Poder Judicial de la Federación.

 

Lo anterior, con excepción de las postulaciones que realice el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que deberá hacerse por mayoría de ocho votos de sus integrantes.

 

Para el caso de Magistradas y Magistrados de Circuito y Juezas y Jueces de Distrito, la elección será escalonada, renovándose la mitad de los cargos correspondientes a cada circuito judicial en la elección extraordinaria de 2025 y la parte restante en la elección federal ordinaria del año 2027.