La Segunda Comisión de la Permanente, que preside la diputada Carolina Beauregard Martínez, aprobó un exhorto al Gobierno federal para que, a través de las autoridades encargadas de seguridad pública, de la Secretaría de Gobernación y del Instituto Nacional de Migración, proteja los derechos humanos y garantías de seguridad de los migrantes que transitan por el territorio nacional.
Lo anterior, con el objetivo de disminuir la discriminación, violencia y explotación, así como para prevenir situaciones de corrupción a lo largo de su trayecto.
El diputado Reginaldo Sandoval Flores, del PT, dijo que entre de los principales problemas a los que se enfrentan los migrantes durante su trayecto por México están el secuestro y el crimen organizado, así como robos y operativos migratorios.
Refirió que la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió quejas en 2022, sobre violaciones de derechos humanos por parte del Instituto Nacional de Migración, las cuales aumentaron 72.8 por ciento respecto al 2021.
Sandoval Flores agregó que, de enero a diciembre de 2022, el INM recibió dos mil 142 quejas, 902 acusaciones más en comparación el mismo periodo de 2021, donde se registraron mil 231.
En otro dictamen aprobado, las y los legisladores solicitan a las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación un informe sobre las acciones que se realizan para garantizar, salvaguardar la integridad y el respeto de los derechos humanos de los migrantes, así como de las niñas, niños y adolescentes, que cruzan la frontera norte del país, tras la cancelación del “Título 42”.
Además, pidieron un reporte sobre la estrategia que implementarán ante la llegada de indocumentados provenientes de Centroamérica y el Caribe a México, como consecuencia de la entrada en vigor del llamado “Título 8”.
El documento explica que con la cancelación del “Título 42” se prevé el aumento de flujos migratorios y un numeroso tránsito de familias, por ello, es necesario conocer cuáles son las políticas y programas que el Estado mexicano pondrá en marcha para proteger la integridad de estas personas.
Senadores y diputados consideraron que las dependencias del Gobierno deben estar preparadas para enfrentar lo que ya comienza a percibirse como una grave crisis migratoria en la frontera norte de México, y establecer políticas adecuadas para proteger a las personas migrantes, en especial a las niñas, niños y adolescentes, quienes son vistos como los más vulnerables.
La Segunda Comisión de la Permanente también aprobó, por unanimidad, un proyecto por el que solicita a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y a los sistemas estatales DIF, fortalecer los instrumentos de atención de este sector poblacional en situación de migración, independientemente de su nacionalidad o su situación migratoria.
En este dictamen también se piden políticas públicas, procedimientos, servicios y acciones de protección, con la finalidad de impulsar una estrategia nacional que prevenga, disminuya y erradique cualquier forma de violencia en contra de los migrantes, y privilegie la reunificación familiar, excepto cuando ésta sea contraria a su interés o voluntad.
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