La Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco interpuso una denuncia de manera formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía del Estado (FE) contra quien o quienes resulten responsables por hechos que pudieran actualizar los delitos de Obtención Ilícita de Información Electrónica y/o Utilización Ilícita de información Confidencial, previstos y sancionados por los artículos 143 bis y 143 ter del Código Penal del Estado de Jalisco.
Esto después de que se diera a conocer por un medio de comunicación de la supuesta existencia de una aplicación que ya se comparte entre la ciudadanía, misma que al parecer fue diseñada por una empresa y que con solo la captura del número de placa de un auto permite conocer quién es el propietario, el número de serie del vehículo, el domicilio del propietario y todos los datos de la unidad.
Por lo que se resalta que según lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, los datos personales que los ciudadanos entregan a las autoridades son confidenciales y de uso exclusivo.
Asimismo, el artículo 68 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales establece que los sujetos obligados son responsables de los datos personales que estén en su posesión y están obligados a adoptar las medidas necesarias que garanticen su seguridad, evitando “su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado”.
Cabe resaltar que desde que se dio a conocer dicha noticia la Secretaría de Hacienda pública ha realizado investigaciones internas sin tener evidencia que alguien hubiese copiado, o robado información directo de nuestro sistema.
Por tanto se han tomado las medidas necesarias para que sean las instancias competentes quienes den seguimiento y sanciones a las o los responsables de dichos actos.
Cabe resaltar que desde el Gobierno del Estado daremos puntual seguimiento a esta denuncia con el fin de poner las sanciones correspondientes y que garantizar la no repetición de los hechos.
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