Denuncian en conversatorio del Senado crisis en acceso a la justicia para mujeres.

• La política de persecución punitiva no atiende a la necesidad de paz, seguridad y justicia para este sector.
   

En México existe una crisis en el acceso a la justicia para las mujeres, además de que ellas enfrentan situaciones de violencia estructural, institucional, desigualdad y discriminación por motivos de género, denunciaron expertas en la materia en un foro que organizó la senadora Lilia Margarita Valdez Martínez, presidenta de la Comisión de Salud.  

 

Durante el conversatorio “La criminalización de las mujeres en todos los eslabones del sistema penal”, las ponentes señalaron que a pesar de la jurisprudencia que exige a las autoridades juzgar con perspectiva de género, el acceso a la justicia para las mujeres dista de ser una realidad. 

 

El encuentro se realizó con el objetivo de dar a conocer y visibilizar la criminalización de las mujeres en los distintos eslabones del sistema: desde el momento de la detención hasta el proceso que enfrentan para acceder a derechos una vez que recuperan su libertad y regresan a sus comunidades. 

 

Valdez Martínez aseveró que es la lucha de las propias mujeres lo que provocará que la sociedad visibilice la desigualdad que este sector de la sociedad enfrenta cotidianamente. 

 

La legisladora también denunció que, en materia penal, las mujeres son sujetas a “castigos ejemplares” por parte de las autoridades, mientras que los varones no. “Todos los días, a toda hora, en todo el país, hay casos de injusticia contra” este sector. 

 

Esto, agregó Valdez Martínez, debe motivar a las mujeres continuar con este tipo de diálogos y conversatorios, con el objetivo de sumarse a una causa común y luchar para evitar que estas injusticias se cometan. 

 

Cristina Reyes, abogada de Mexicanos Unidos Contra la Delincuencia, indicó que la política de persecución punitiva no atiende a la necesidad de paz, seguridad y justicia. En ese sentido, detalló que la violencia en las detenciones perjudica desproporcionalmente a las mujeres, además de que se utilizan de manera selectiva para perjudicarlas. 

 

En su participación, Melissa Zamora, co-coordinadora del Área de Defensa Integral del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, sostuvo que juzgar con perspectiva de género no debe limitarse únicamente a la etapa de la sentencia, sino que debe ser aplicada durante todo el proceso penal, como en la detención o al recabar pruebas y testimonios.  

 

Corina Giacomello, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas, dijo que el sistema penal encarcela injustamente a mujeres pobres, primo delincuentes, indígenas y con discapacidad, pues se desarrollan en un contexto de victimización estructural de género, de clase y de raza. 

 

A su vez, Viridiana Molina, de Colectiva Artículo 20, detalló que muchas de las que están en prisión son acusadas por dichos de las víctimas, por delitos que no cometieron y son abandonadas y torturadas. Destacó que los jueces “no se ponen las gafas violetas”, por lo que pidió que la perspectiva de género se dé desde el inicio y hasta el final del proceso penal. 

  

Fabiola Vite, del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, señaló que a ellas se les criminaliza por levantar la voz, “por ser la mujer de alguien o por no adecuarse a lo que dicta el ideario social”. Por ello, llamó a observar e incitar a los órganos jurisdiccionales a retomar los protocolos para juzgar bajo la perspectiva de género. 

 

Por el Colectivo Haz Valer Mi Libertad, Lady Plácido aseguró que las personas en México son criminalizadas por el tono de su piel, su apariencia y pertenencia socioeconómica; además, expuso que se vive una tortura normalizada, permisiva, que nadie sanciona, por lo que llamó a las autoridades a liberar a los inocentes. 

 

Además, María Ana del Valle, de CEA Justicia Social, añadió que no hay políticas públicas integrales de reinserción social que restituyan los derechos de las mujeres. Sí hay una Ley Nacional de Ejecución Penal que sienta las bases para entender y abordar esta problemática con perspectiva de derechos, pero su aplicación “dista de ser una realidad”.