Buscan que deudores de pensión alimenticia pierdan derechos político-electorales

• En 2019 hubo más de 23 mil carpetas de investigación en contra de personas morosas, señala la senadora Cora Cecilia Pinedo  

 

La senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso propuso modificar el artículo 38 de la Constitución, con el objetivo de que pierdan el derecho a postularse a un cargo de elección popular u ocupar espacios de responsabilidad pública, aquellas personas deudoras alimentarias, que han sido declaradas judicialmente morosas. 

 

Mediante una iniciativa, que se encuentra en las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda, la legisladora precisó que esta propuesta se fundamenta en el hecho de que el incumplimiento en el pago de la pensión alimenticia tiene como efecto que se vulnere uno de los derechos humanos fundamentales: el interés superior de la niñez. 

 

Consideró que, en todo momento, la ley debe prever que en el ejercicio de una responsabilidad pública no se dañen otros derechos o se vulnere, amparándose en el fuero que le otorga. 

 

La senadora del PT recordó que la pensión alimenticia es una obligación económica, ordenada por un tribunal judicial, para proporcionar manutención a las niñas, niños y adolescentes en caso de separación o divorcios de los padres. 

 

Dicho pago no sólo debe comprender el sustento básico, sino también otro tipo de necesidades como la educación, recreación, vestido y salud, aclaró. 

 

Pinedo Alonso refrió que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía infirmó que hasta el pasado 11 de julio de 2020 se han registrado 113 mil divorcios de matrimonios o uniones con hijos; de ellos, en más de 34 mil casos los hijos no reciben pensión alimenticia. 

 

Asimismo, informó que según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2019 hubo poco más de 23 mil carpetas de investigación abiertas por falta de pago de la pensión alimenticia.  

 

Cora Cecilia Pinedo Alonso señaló que la falta en el cumplimiento de esta obligación se encuentra sancionado en el Código Penal Federal y genera también la suspensión de los derechos políticos.  

 

Dijo que los vicios del sistema y una cultura machista en el ejercicio de la procuración de justicia, lleva a que estas disposiciones rara vez se apliquen.