Su actuación sería para prevenir la comisión de delitos y la violencia social y estaría debidamente acreditada y regulada ante el SNSP, dice Pani Brragán.
Con el fin de que la sociedad civil organizada participe en la estrategia nacional contra la inseguridad pública que llevan a cabo las instituciones federales, estatales y municipales agrupadas en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, para prevenir la comisión de delitos y la violencia social, la diputada Alejandra Pani Barragán, de Morena, propuso reformar el párrafo X y los incisos c) y d), y adicionar el inciso f), del artículo 21 de la Constitución Política.
En su propuesta, la legisladora señaló que la misma sociedad apoyará en esas tareas debidamente acreditada y regulada ante las instituciones respectivas, mediante los procedimientos y reglamentos internos secundarios que conforman dicho Sistema.
Dijo que la seguridad pública es una de las funciones rectoras del Estado más importante, que ha tenido como finalidad la de salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, contribuyendo a la generación y preservación del orden público y la paz social.
Explicó que los fines de la seguridad pública se precisan entre las siguientes actuaciones: prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas en las respectivas esferas de competencia de las autoridades en la materia.
Consideró que esas funciones también alcanzan a la institución constitucional de reinserción social de las personas privadas de la libertad, así como del sistema de justicia integral para adolescentes.
“Así, la misión de las autoridades competentes en materia de seguridad pública es la realización de su función en materia de prevención, investigación y persecución de los delitos, quedando a su cargo el combate a las causas que dan origen al fenómeno delictivo, a través del desarrollo de programas y acciones que fomenten en la colectividad valores culturales y cívicos que permitan un ambiente de respeto a la legalidad”, puntualizó.
Los programas oficiales han pretendido, con ciertas limitaciones, establecer los lineamientos que contienen estrategias y planes generales, en los cuales se ha involucrado a la sociedad civil, organizaciones sociales y a diferentes instituciones del sector público, con la finalidad de disminuir las causas de generación de hechos delictivos que se encuentran en el interior de nuestra sociedad, dirigidas a los ámbitos educativo, social y cultural, abundó.
Insistió que en las actividades realizadas por las instituciones del referido Sistema, en coordinación con la participación de la sociedad civil, se aplicarían los principios de legalidad, seguridad jurídica, certeza, transparencia, objetividad, rendición de cuentas, máxima publicidad, interdependencia, eficacia y eficiencia.
En su propuesta, hizo hincapié en que se admite y consiente la participación de la sociedad civil organizada, propiamente la ciudadanía, que se encuentra en cualquier nivel capacitada para intervenir, coordinar e involucrase, con la debida responsabilidad y profesionalidad, en las delicadas tareas de prevención, persecución e investigación de los delitos.
“Tengo la seguridad de que existe una verdadera preocupación por parte de mis compañeros legisladores federales, para que la construcción de mecanismos de paz continúen dentro de la esfera de cooperación y unidad entre sociedad civil y gobierno”, confió la diputada Pani Barragán.
La propuesta fue turnada de manera directa, para estudio y dictamen, a la Comisión de Puntos Constitucionales; con opinión de la Comisión de Seguridad Pública, ambas de la Cámara de Diputados.
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