(CODICS).- Los pequeños agricultores enfrentan una elevada inseguridad productiva, competencia desleal, acecho de grupos criminales, falta de financiamiento y una política económica que, durante los últimos 40 años, ha descuidado el fortalecimiento de las unidades productivas establecidas en México, sobre todo las de ejidatarios, aseguró, Isidro Pedraza Chávez, Presidente de la Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina.
Es por ello urgió al Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, considerar la formulación de un Acuerdo Nacional Productivo Rural, de agenda mínima, entre el gobierno, el sector agrícola y la academia para crear una estrategia integral de fortalecimiento productivo con una perspectiva de inclusión social que permita reducir los rezagos económicos que enfrentan 24 millones de mexicanos que habitan en el medio rural.
Igualmente, planteó que el Acuerdo debe incluir el Consejo Nacional Alimentario como organismo de opinión e interlocución de organizaciones de productores del sector social, privado y público para diseñar políticas públicas que abonen a estos objetivos.
Esta alianza debe contener un Programa Emergente para la Transformación del Campo pues en 2019 los programas no dieron los resultados deseados y en 2020 otros programas que impulsaban la productividad desaparecieron.
Es urgente, dijo el dirigente de la UFIC, lograr el desarrollo rural, vigorizar la infraestructura productiva, la tecnificación de la producción y la industrialización para que el campo aporte al crecimiento del Producto Interno Bruto a fin de resolver el estancamiento económico.
Actualmente en México hay 3.5 millones de ejidatarios los cuales son pequeños agricultores que producen los alimentos de la demanda interna.
En tanto, en los campos agrícolas hay poco más de 7 millones de jornaleros que llevan a cabo actividades agropecuarias con un pago de 13 dólares diarios mientras que ese mismo monto lo reciben los trabajadores en Estados Unidos por hora.
Así es que en esta alianza, demandamos se coloque al centro la integración de los sujetos colectivos, sociales y privados que actúen en el campo, dado que la problemática de la sociedad rural es compleja y demanda la participación directa y permanente de los actores descritos.
Con respecto de los jornaleros agrícolas que trabajan en los campos de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Tlaxcala y Puebla, recordó que perciben un salario de 242.97 pesos diarios, por lo menos los que laboran en los campos agrícolas de la frontera norte del país.
Sin embargo, no todos están inscritos en el Seguro Social y tampoco se podrán jubilar y pensionar, señaló el dirigente de la UFIC.
Con este Acuerdo Nacional y el Programa Emergente para la Transformación del Campo, dijo, “estaremos en condiciones de definir transformaciones en el agro donde no solamente la producción y el abasto interno sean un propósito sino la industrialización y comercialización de excedentes que favorezca y aliente la participación de grupos organizados, facilite el desarrollo de sus habilidades, capacidades y organización así como la gestión de la parte productiva y principalmente como defensores del medio ambiente, la biodiversidad y los territorios”.
Por último agregaríamos que este Programa Emergente de Rescate al Campo debe contener necesariamente una agenda legislativa que, entre otras cosas, considere la eliminación de retrocesos al artículo 27 de la Constitución.
Consideró necesaria la definición de la Ley del Derecho a la Alimentación que se contempla aprobar en el Senado de la República que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados y está atorada en la Cámara Alta.
Isidro Pedraza Chávez, destacó “no es por presumir señor presidente pero preferimos estar en el surco produciendo, en el mercado buscando precio a nuestros productos, que en calles, carreteras y casetas luchando para ser oídos y atendidos para ser sumados en una gran alianza para el rescate del campo y su economía”.
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