*Los derechos humanos son la base de la reinserción social: secretario Alfonso Durazo
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, acompañado de los secretarios de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján; de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, y de Salud, Jorge Carlos Alcocer Varela, encabezaron la sesión de instalación y primera sesión ordinaria de la Comisión Intersecretarial para la Reinserción Social y Servicios Postpenales.
En las oficinas centrales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Durazo Montaño aseveró que “hoy la reinserción social es el nuevo paradigma. Los cambios en materia penal y de derechos humanos en los años 2008 y 2011, respectivamente, determinaron ese cambio de paradigma, que los derechos humanos de las personas privadas de su libertad eran la base sobre que debería organizarse el sistema penitenciario”.
Añadió que “la prisión no debe identificarse como un espacio terapéutico, sino como un lugar que no atente contra la dignidad humana, en el que se construya una cultura de derechos que permita a los sentenciados adquirir habilidades y conocimientos que les faciliten una mejor vida en libertad”.
Al referirse a la comisión, el titular de la SSPC explicó que para la implementación de los servicios a la población interna y externada, las autoridades corresponsables tienen la obligación de intervenir con programas que contemplan la formación educativa, laboral, desarrollo de habilidades tanto individuales como sociales de los sentenciados y compurgados.
“La Ley Nacional de Ejecución Penal y el decreto emitido por el Ejecutivo federal señalan que deberán coordinarse y apoyarse los esfuerzos de la autoridad penitenciaria y las autoridades federales corresponsables mediante esta Comisión Intersecretarial para la Reinserción Social y Servicios Postpenales”, acotó.
Por su parte la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, destacó que a fin de garantizar una reinserción social de las personas privadas de la libertad, se les capacita para el trabajo y se les ofrecen distintas alternativas desde el mismo penal, basadas en el pleno respeto a los derechos humanos.
“La reinserción social es a pesar de la prisión, no por la prisión. Sino a pesar de la prisión, esas externalidades reducirlas al máximo, la capacitación, las alternativas de trabajo, la educación, incluso el tema de la salud”, concluyó.
Durante su intervención la Ruth Villanueva Castilleja, tercera visitadora de la CNDH, destacó la importancia que tiene el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019, el cual se efectúa cada año en los centros penitenciarios federales.
Precisó que con el objetivo de verificar las condiciones el Diagnóstico Nacional cuenta con cinco rubros específicos para atender y conocer que se tiene en el sistema penitenciario: Estancia digna para la persona, respeto a la persona física, las condiciones de gobernabilidad de los penales, la reinserción social de las personas privadas de la libertad y la atención a los grupos de población en condiciones de vulnerabilidad.
El comisionado de Prevención y Readaptación Social, José Ángel Ávila Pérez, informó que los 17 Centros Federales de Readaptación Social y el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial cuentan con una población 17 mil 189 personas de la libertad, de los cuales el 77 por ciento pertenecen al fuero federal y 22 por ciento al común.
Añadió que del total de la población, el 40 por ciento están siendo procesados mientras el 59.3 por ciento son sentenciados. Se cuenta con el 5 por ciento de mujeres que equivale a 867. La mayor concentración de los grupos por edades recae entre los 25 y 39 años, con 9 mil 766 personas privadas de la libertad. Mientras que alrededor de 6 mil 602 presentan alguna enfermedad y aproximadamente 954 cuenta con alguna discapacidad visual, auditiva y física, agregó.
En el rubro de educación detalló que 15 mil 413 cuentan con algún grado de estudios, entre los que destacan 6 mil 537 con secundaria, 4 mil 245 con preparatoria, 3 mil 34 con primaria y mil 256 con licenciatura.
Respecto a las actividades productivas, precisó que 17 empresas brindan trabajo remunerado a 889 personas privadas de la libertad (PPL). También 3 mil 179 PPL elaboran artesanías que pueden poner a la venta y 8 mil 741 realizan actividades no remuneradas con fines de reinserción.
En el evento estuvieron presentes el secretario técnico de esta plenaria, Nicollino Giuseppe Mariano Cangiamilla Enríquez; el subsecretario de Seguridad, Ricardo
Mejía Berdeja; el titular de SIPINNA, Ricardo Antonio Bucio Mujica; el Abogado General y Comisionado para la Transparencia, José Genaro Montiel Rangel; la subsecretaria de Diversidad Cultural y Fomento a la Lectura, Natalia López de Paz; la subsecretaria de Comercio Exterior, Luz María de la Mora Sánchez.
También asistieron la titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), María del Rocío García Pérez; el subdirector general de la CONADE, Sergio Monroy Collado; así como los integrantes de la Coordinación Operativa Interinstitucional, Patricia Rosalinda Trujillo Mariel, Miguel Ángel Huerta Ceballos y Gabriel García Chávez.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, acompañado de los secretarios de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján; de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, y de Salud, Jorge Carlos Alcocer Varela, encabezaron la sesión de instalación y primera sesión ordinaria de la Comisión Intersecretarial para la Reinserción Social y Servicios Postpenales.
En las oficinas centrales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Durazo Montaño aseveró que “hoy la reinserción social es el nuevo paradigma. Los cambios en materia penal y de derechos humanos en los años 2008 y 2011, respectivamente, determinaron ese cambio de paradigma, que los derechos humanos de las personas privadas de su libertad eran la base sobre que debería organizarse el sistema penitenciario”.
Añadió que “la prisión no debe identificarse como un espacio terapéutico, sino como un lugar que no atente contra la dignidad humana, en el que se construya una cultura de derechos que permita a los sentenciados adquirir habilidades y conocimientos que les faciliten una mejor vida en libertad”.
Al referirse a la comisión, el titular de la SSPC explicó que para la implementación de los servicios a la población interna y externada, las autoridades corresponsables tienen la obligación de intervenir con programas que contemplan la formación educativa, laboral, desarrollo de habilidades tanto individuales como sociales de los sentenciados y compurgados.
“La Ley Nacional de Ejecución Penal y el decreto emitido por el Ejecutivo federal señalan que deberán coordinarse y apoyarse los esfuerzos de la autoridad penitenciaria y las autoridades federales corresponsables mediante esta Comisión Intersecretarial para la Reinserción Social y Servicios Postpenales”, acotó.
Por su parte la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, destacó que a fin de garantizar una reinserción social de las personas privadas de la libertad, se les capacita para el trabajo y se les ofrecen distintas alternativas desde el mismo penal, basadas en el pleno respeto a los derechos humanos.
“La reinserción social es a pesar de la prisión, no por la prisión. Sino a pesar de la prisión, esas externalidades reducirlas al máximo, la capacitación, las alternativas de trabajo, la educación, incluso el tema de la salud”, concluyó.
Durante su intervención la Ruth Villanueva Castilleja, tercera visitadora de la CNDH, destacó la importancia que tiene el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019, el cual se efectúa cada año en los centros penitenciarios federales.
Precisó que con el objetivo de verificar las condiciones el Diagnóstico Nacional cuenta con cinco rubros específicos para atender y conocer que se tiene en el sistema penitenciario: Estancia digna para la persona, respeto a la persona física, las condiciones de gobernabilidad de los penales, la reinserción social de las personas privadas de la libertad y la atención a los grupos de población en condiciones de vulnerabilidad.
El comisionado de Prevención y Readaptación Social, José Ángel Ávila Pérez, informó que los 17 Centros Federales de Readaptación Social y el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial cuentan con una población 17 mil 189 personas de la libertad, de los cuales el 77 por ciento pertenecen al fuero federal y 22 por ciento al común.
Añadió que del total de la población, el 40 por ciento están siendo procesados mientras el 59.3 por ciento son sentenciados. Se cuenta con el 5 por ciento de mujeres que equivale a 867. La mayor concentración de los grupos por edades recae entre los 25 y 39 años, con 9 mil 766 personas privadas de la libertad. Mientras que alrededor de 6 mil 602 presentan alguna enfermedad y aproximadamente 954 cuenta con alguna discapacidad visual, auditiva y física, agregó.
En el rubro de educación detalló que 15 mil 413 cuentan con algún grado de estudios, entre los que destacan 6 mil 537 con secundaria, 4 mil 245 con preparatoria, 3 mil 34 con primaria y mil 256 con licenciatura.
Respecto a las actividades productivas, precisó que 17 empresas brindan trabajo remunerado a 889 personas privadas de la libertad (PPL). También 3 mil 179 PPL elaboran artesanías que pueden poner a la venta y 8 mil 741 realizan actividades no remuneradas con fines de reinserción.
En el evento estuvieron presentes el secretario técnico de esta plenaria, Nicollino Giuseppe Mariano Cangiamilla Enríquez; el subsecretario de Seguridad, Ricardo
Mejía Berdeja; el titular de SIPINNA, Ricardo Antonio Bucio Mujica; el Abogado General y Comisionado para la Transparencia, José Genaro Montiel Rangel; la subsecretaria de Diversidad Cultural y Fomento a la Lectura, Natalia López de Paz; la subsecretaria de Comercio Exterior, Luz María de la Mora Sánchez.
También asistieron la titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), María del Rocío García Pérez; el subdirector general de la CONADE, Sergio Monroy Collado; así como los integrantes de la Coordinación Operativa Interinstitucional, Patricia Rosalinda Trujillo Mariel, Miguel Ángel Huerta Ceballos y Gabriel García Chávez.
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