Es muy grave el alto costo económico, político y social que le cuesta y daña a México la
corrupción legal en el gobierno federal, porque le cuesta muy caro a los mexicanos
cuando son engañados y no son atendidos en una dependencia pública federal, año con
año nuestro país es calificado y totalmente reprobado por organismos nacionales (Centro
de Estudios Económicos del Sector Privado) e internacionales.
La corrupción legal e ilegal en México, se alimenta principalmente de las lagunas
jurídicas que han hecho y motivado procedimientos administrativos de atención
amañados de irregularidades de forma irresponsable por el poder ejecutivo, legislativo y
a veces también por el judicial, pero recalcando que el legislativo y el ejecutivo en su
conjunto son los principales responsables de la corrupción y la impunidad institucional
que se traslada automáticamente también a los gobiernos estatales y locales de todos
los partidos políticos que son quienes hacen las leyes federales, locales y que gobiernan
al país y hacen sus reglamentos para aplicarlas ¿pero casi siempre lo hacen con reglas
complementarias, amañadas para aplicar las lagunas jurídicas y dejando casi siempre
cabos sueltos para fomentar “círculos viciosos jurídicos y administrativos” que le dan
vuelta a la ley? Para lo anterior, pondremos el simple ejemplo del Artículo 8º de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (el cual ni es atendido ni
respetado por la inmensa mayoría de los servidores públicos) que dice:
“Artículo 8º.- Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho
de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa;
pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la
República.
A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido,
la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario”.
El problema de este artículo amable lector, es que no fija un término de contestación y
en automático esto genera una corrupción legal y la facilidad para fomentar la impunidad
para que los gobiernos y los servidores públicos evadan responsabilidades con la
ciudadanía y con la ley.
¿La palabra un breve término; es una clara abstracción y una laguna jurídica, algo que
los Diputados y Senadores no han querido corregir por años por la presión principal del
gobierno federal, no lo han hecho porque verdaderamente si tendrían términos y un
control ciudadano tipo contraloría, porque así si podrían ser sancionados si no cumplen
con sus obligaciones para atender a la ciudadanía.
En la realidad, la cultura de la corrupción y la impunidad se da “casi” todos los días en
las instituciones públicas, y en especial las federales, un ejemplo se da casi siempre,
cuando usted lleva una petición en un comunicado dirigida al titular de un organismo
publico; 1) le hacen entregarla a la Oficialia de Partes, 2) se registra el asunto y se
archiva con la leyenda; se turno para consideración a “x” área, o a un servidor publico
que no esta facultado para dar solución al tramite, o simplemente le pondrán ¡no es
competencia de esta dependencia y/o autoridad!
¡O si bien le va!, se turna a un área operativa, a criterio de un analista de
correspondencia y se pierde en la maraña burocrática, de tal forma que su tramite y/o
peticiónno es atendida por lo regular, es decir, si usted por ejemplo le envía una petición
al Presidente de la Republica, a un Gobernador de un Estado, Jefe de Gobierno,
Etcétera, ¿este jamás se enterara de su asunto, y mucho menos le contestara, porque
no existe una sanción jurídica y/o al menos administrativa que lo sancione por no atender
a la ciudadanía, ya sea a él o a sus subordinados inmediatos, como la ve?
Para combatir la corrupción y la impunidad que existen en México, creemos que fue
creado el Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), porque consideramos que es
una dependencia pública federal que por su autonomía de funcionamiento y por el apoyo
del Consejo de la Judicatura Federal realmente se dedica a combatir actos de autoridad
ilegales principalmente del gobierno federal, donde por lo regular se advierten claros
vicios jurídicos y administrativos ocultos y visibles, donde lo mismo se viola cualquier tipo
de ley en perjuicio de la ciudadanía en México.
Muy poca es la población en México que conoce las bondades y la importancia
estratégica que tiene el Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) para defender
los derechos de la ciudadanía en México, porque en sus dos principales áreas la penal y
la administrativa con claridad se puede apreciar actos de estrategia anticorrupción, es
decir, que verdaderamente es una dependencia pública federal que si funciona, aunque
sea muy lentamente, “pero realmente si se hace algo” para defender al ciudadano común
y sin costo alguno para la población desprotegida y vulnerable económicamente.
El IFDP cuenta con una infraestructura de instalaciones simple y con poco personal, pero
sin embargo, para contrarrestar esto, el Instituto Federal de la Defensoría Pública cuenta
con un tipo de personal “suigeneris”, es decir, personal con una buena actitud de servicio
hacia la ciudadanía, porque desde que usted llega a sus instalaciones físicas se nota
una buena atención, no se nota, ni se respira, ni se ve el ambiente del clásico burócrata
flojo e irresponsables con falta de actitud hacia el trabajo comiendo tortas y perdiendo el
tiempo, porque en la mayoría de los casos del IFDP se nota en general una buena
actitud hacia el trabajo por parte de su personal, y esto, a pesar de que están
sobresaturados de trabajo, porque recuerde usted; que más vale un servidor público que
valga por cien, que cien servidores públicos que valgan uno, porque es la regla más
común en las dependencias públicas federales, es decir, la regla donde la gran mayoría
de los burócratas son irresponsables, flojos y negativos laboralmente para desgracia
de los mexicanos.
Para darle un ejemplo de la diversidad de casos que atiende el IFDP con especialidades
complicadas que no le atiende ningún tipo de abogado o despachos jurídico, está por
ejemplo la defensa de los derechos de pensión de la población más vulnerable, la de la
tercera edad, donde tanto el ISSSTE y el IMSS están cometiendo fraude en contra la
población no reconociendo determinadas semanas de cotización (años trabajos en
ambos institutos), esto, a pesar de que existe un convenio jurídico de portabilidad entre
el ISSSTE y el IMSS para reconocer semanas de cotización por años trabajos, pero en
la realidad no lo aplican a la población por cuestiones de corrupción oficial
institucionalizada. En este tipo de casos al Instituto Federal de la Defensoría Pública le
puede llevar años defender los derechos de pensión de un trabajador, pero insistimos,
principalmente por la corrupción legal e ilegal existente en lagunas jurídicas,
procedimiento administrativos amañados, personal burócrata sin compromiso hacia el
trabajo, etc. Pero al final si se logra o se ha logrado hacer justicia, aunque sea a una
mínima parte de trabajadores que se han ido a juicio y estos juicios, han sido atendidos
por el Instituto Federal de la Defensoría Pública.
Muy poca es la población en México que considera que el Sistema Nacional
Anticorrupción tendráéxito en nuestro país, porque la mayor parte no cree ni tiene
confianza en las instituciones y/o dependencias públicas de México, y tiene toda la razón
y motivos de sobra para desconfiar, pero si logramos apoyar, defender y crear vínculos
de colaboración de instituciones como el Instituto Federal de la Defensoría Pública y el
Consejo de la Judicatura Federal con el Sistema Nacional Anticorrupción, creemos si se
puede o podría abrir una “puerta” para cambiar la corrupción por una legalidad llamada;
el cambio hacia nueva actitud laboral burócrata con base en una revolución de cambio
basada en reglas disciplinarias de mejora continua.
CARLOS MUNGUIA RODRÍGUEZ
pluma_dorada50@hotmail.com
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