Las organizaciones de la sociedad civil e individuos que presentamos la iniciativa ciudadana Ley General de Responsabilidades Administrativas conocida como Ley 3 de 3 participamos, gracias a las reglas de Parlamento Abierto adoptadas por el Senado, en los grupos técnicos de discusión para poner sobre la mesa nuestras ideas, principios y propuestas tanto de esta iniciativa como de aquellas que conformarán el Sistema Nacional Anticorrupción: Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Agradecemos al Senado su apertura y disposición para que participáramos en todas las mesas y en todos los temas.
En el proceso tuvimos múltiples reuniones con todos los grupos parlamentarios (salvo el PT) siendo nuestros objetivos el acercar posiciones y, principalmente, lograr un SNA robusto con la independencia y herramientas necesarias para combatir la corrupción.
Por acuerdo de las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, Estudios Legislativos 2 y Justicia se tomó nuestra iniciativa ciudadana, respaldada por más de 634 mil firmas de ciudadanos comprometidos con el combate a la corrupción, como documento base y punto de partida de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Para el resto de los ordenamientos jurídicos las iniciativas presentadas por PAN y PRD sirvieron de base para iniciar la discusión.
En el conjunto de iniciativas y documentos de discusión reconocemos similitudes significativas de forma y fondo respecto a las ideas y consideraciones vertidas por nuestras organizaciones en las mesas técnicas de discusión. Por lo que respecta a la Ley General de Responsabilidades Administrativas o Ley 3 de 3, que el PAN y el PRD hicieron suya (el PRD agregó algunos artículos que la enriquecieron) y que sirvió de base para la elaboración de los documentos que los senadores del PRI-PVEM (Raúl Cervantes Andrade y Pablo Escudero Morales) presentaron a los coordinadores de sus respectivas bancadas, advertimos importantes coincidencias con la originalmente presentada por las organizaciones sociales. Éstas, incluidas la constancia de la declaración anual de impuestos y la obligación de presentar una versión pública de las declaraciones de intereses y patrimonial para los tres órdenes de gobierno (que no existe actualmente), pueden consultarse en los cuadros anexos. Evidentemente, la decisión final sobre el contenido de las leyes y específicamente sobre los datos y campos que incluya la versión pública de la declaración patrimonial tendrán que ser determinados por los senadores y diputados en el Congreso.
Faltan por ser elaboradas las reformas al Código Penal Federal y las que permitirían la puesta en marcha de una Fiscalía Anticorrupción en cuyo proceso de discusión participaríamos de adoptarse nuevamente las reglas de Parlamento Abierto. Toda aproximación a confrontar el desafío de la lucha contra la corrupción implica un complejo proceso de construcción institucional que depende no sólo de un tema o de un artículo específico sino del conjunto todas las leyes que conforman el SNA.
Dado el trabajo llevado a cabo y el avance real en los acuerdos sobre las iniciativas por parte de los grupos de trabajo de los diversos partidos, e independientemente de ciertas declaraciones de actores políticos y ruido mediático que buscan demeritar acuerdos y avances importantes, las organizaciones de la sociedad civil demandamos respetuosamente que los senadores procedan a dictaminarlas en comisiones y convoquen a un periodo extraordinario de manera inmediata.
La frustración y el enojo social en torno al problema de la corrupción es enorme.
Pedimos a los senadores que no retrasen estas deliberaciones al poner por delante consideraciones de tipo político electoral. No hay motivo alguno para posponer su discusión y eventual aprobación hasta el mes de junio.
Atentamente
Oscar Arredondo Pico (Fundar)
Guillermo Ávila Reséndiz (Fundar)
Eduardo Bohórquez López (Transparencia Mexicana)
Mercurio Cadena Meza (ex ITAM)
Enrique Cárdenas Sánchez (CEEY)
María Amparo Casar Pérez (CIDE y Mexicanos contra la Corrupción)
Enrique Díaz Infante (CEEY)
Fernanda Diez-Torres (CEEY)
Marco Fernández Martínez (Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey, México Evalúa)
Rafael García Aceves (Transparencia Mexicana)
Sergio Huacuja Betancourt (Barra Mexicana, Colegio de Abogados de México)
Max Kaiser Aranda (IMCO)
Sergio López Ayllón (CIDE)
Mauricio Merino Huerta (CIDE y Red por la Rendición de Cuentas)
Lourdes Morales Canales (CIDE y Red por la Rendición de Cuentas)
Juan Pardinas Carpizo (IMCO)
Haydée Pérez Garrido (Fundar)
José Roldán Xopa (CIDE)
Pedro Salazar Ugarte (IIJ-UNAM)
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