- Legisladores consideran urgente terminar con la discriminación estructural e histórica que han enfrentado las comunidades
En la presentación del dictamen, la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Ernestina Godoy Ramos, consideró necesario y urgente terminar con la discriminación estructural e histórica que han enfrentado estos sectores de la población.
Aseguró que la lucha por los derechos de los pueblos originarios ha transitado por un camino “largo, sinuoso y siempre cuesta arriba”, debido, entre otros factores, al racismo y al colonialismo.
“Hoy hacemos un esfuerzo por desmontar, desde nuestro mandato constitucional, esta estructura de dominación y exclusión que ha perdurado entre nosotros, a pesar de las transformaciones sociales que han tenido lugar en nuestra historia”, expresó.
Godoy Ramos destacó que las y los senadores están “histórica y moralmente obligados” a deconstruir esas añejas estructuras de colonialismo interno, para construir un país distinto, que esté la vanguardia en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.
En su intervención, Edith López Hernández, de Morena, subrayó que la reforma da continuidad al segundo piso de la Cuarta Transformación y favorece la inclusión de las comunidades en la toma de decisiones, lo “que las coloca en el centro de la acción pública”.
En tanto, María de Jesús Díaz Marmolejo, expresó que el Grupo Parlamentario del PAN siempre estará a favor de la ampliación de derechos y corrección de las desigualdades, que empoderan a grupos vulnerables, por eso “votaremos a favor de la reforma”.
Del PRI, Néstor Camarillo Medina consideró la necesidad de hacer ajustes en las leyes secundarias, a fin de para garantizar resultados inmediatos de la legislación y saldar la deuda histórica con las comunidades.
Del PVEM, María del Rocío Corona Nakamura lamentó que 27 millones de personas indígenas y 1.3 millones de afromexicanos, hayan sido marginados, excluidos, discriminados y condenados durante décadas, por lo que celebró que la reforma se enfoque en subsanar las desigualdades por las que han atravesado.
Lizeth Sánchez García, del PT, aseguró que, con esta enmienda a la Carta Magna, los indígenas y afromexicanos serán vistos como socios estratégicos para el desarrollo de México, y no sólo como simples sujetos de un sistema que favorece a unos cuantos.
Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, indicó que el dictamen ayuda a subsanar “una deuda pendiente del Estado mexicano”, porque a pesar de los Acuerdos de San Andrés, el gobierno sólo “les ha regateado” sus derechos y ha limitado sus alcances jurídicos, pero hoy, es momento de demostrar que los derechos humanos “se exigen, no se mendigan”.
